El acuerdo entre Naturgy y Egipto por la crisis de la planta de Daimetta se ha roto. O, como define en su comunicado remitido este jueves a la CNMV, "ha decaído". Un escenario que la empresa de Francisco Reynés ya contemplaba y, como adelantó Vozpópuli, cuenta con un 'plan b' para cobrar los cerca de 1.000 millones de dólares (927 millones de euros al cambio) que le debe el Gobierno egipcio.

El origen de este as en la manga se remonta a finales de 2018, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte arbitral del Banco Mundial, falló a favor de Unión Fenosa Gas (UFG), la sociedad participada junto a la italiana ENI para gestionar Daimetta, y condenó a Egipto a compensarles con más de 1.700 millones de euros por interrumpir de forma unilateral el suministro de gas natural en la citada planta.

Aunque desde el principio todo han sido buenas palabras y disposición de las partes para llegar a un acuerdo pacífico, Naturgy y su socio italiano no han dejado en ningún momento de engrasar la vía judicial por si el diálogo se torcía, como ha terminado ocurriendo. Prueba de ello está en que pocos meses después del pronunciamiento del Ciadi, ambas compañías lograron homologarlo ante la justicia británica y pusieron en marcha los trámites para hacer lo propio en Estados Unidos.

Los últimos pasos, desvelados por este diario hace una semana, ya presagiaban que el acuerdo de marzo iba a quedarse en papel mojado. Naturgy y ENI, asesorados por el bufete King & Spalding, han logrado recientemente que la justicia americana les concediese el llamado discovery, una figura de derecho procesal que les permite tener acceso a las pruebas y documentos que le permitan ejecutar el cobro.

Este discovery fue presentado contra The Bank of New York Mellon Corporation y la cámara de compensación The Depository Trust Company, ambas entidades vinculadas al país africano y poseedoras de documentación sensible.

Último paso en EEUU 

Ahora, el escenario idóneo para Naturgy y su socio pasaría por conseguir la homologación definitiva del laudo en los tribunales norteamericanos. Una vez obtenido, ambas compañías podrían solicitar la ejecución del mismo, algo que, como recuerdan fuentes del mercado, se vehicularía previsiblemente a través del embargo de bienes de Egipto.

A este respecto, cabe recordar que es habitual que muchos laudos contra Estados soberanos se intenten ejecutar en EEUU por la creencia de que ahí los Estados tienen bienes susceptibles de embargo y las autoridades americanas no van a interferir en la ejecución.

En cualquier caso, Naturgy insiste en el comunicado enviado al regulador que sigue abierto a explorar otro tipo de solución extrajudicial, aunque el historial de la disputa invita a pensar que el desenlace será en sede judicial y no en una pacífica reunión a puerta cerrada.