Moncloa sondea rebajar a la mitad su compra de Telefónica por la factura adicional de 1.500 millones

El Gobierno tiene un problema con Telefónica. Desde que anunció en diciembre que compraría hasta el 10% de la compañía hasta que empezó, las acciones valen un 13% más. El primer movimiento ha costado 700 millones y, si quiere continuar con su objetivo, necesita 1.500 millones de euros adicionales, si las acciones se mantuviesen en los precios actuales. Algo que, según la tendencia actual de su cotización, parece imposible. Por ello, Moncloa maneja un ‘plan b’. 

Según informan fuentes conocedoras de este plan de compra a Vozpópuli, la factura para alcanzar ese 10% genera dilemas internos en una operación que están gestionando ‘codo a codo’ entre el Ministerio de Hacienda y el Economía “al más alto nivel”, según insisten las mismas fuentes. El objetivo más realista en estos momentos es alcanzar el 5% que le permitiría reclamar un consejero y defender la compañía desde el punto de vista accionarial con la menor inversión posible. 

La estimación que se hace actualmente son 500 millones adicionales hasta cumplir una operación total de 1.200 millones. Una alternativa que se podría llegar a financiar a través de remanentes tanto de la SEPI como del propio Ministerio de Hacienda. La opción de seguir hasta el 10% necesitaría un préstamo presupuestario con cargo a los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023 o de cara a los presupuestos que aparecen en el horizonte que ya son los de 2025. 

Los 700 millones de la compra del 3,04% de este lunes, como reconocen a este medio desde la SEPI, se hace mediante una transferencia del Ministerio de Hacienda. Esta situación se recoge en el ‘Capítulo 8’ de los Presupuestos Generales del Estado, un apartado consignado para los activos financieros que tiene a disposición el Gobierno. 

Como informó Vozpópuli, la otra alternativa es habilitar esos fondos para alcanzar el 10% a través de un Real Decreto-ley que debería convalidarse en el Congreso de los Diputados. Lo que sucede es que los apoyos parlamentarios del Gobierno son débiles, como se apreció en el Pleno del pasado 11 de enero, cuando Podemos tumbó el Real Decreto-ley del subsidio y los Decretos anticrisis y ómnibus se aprobaron in extremis por la abstención muy condicionada de Junts. 

Moncloa mantendrá su postura pública 

Las fuentes conocedoras de este proceso insisten que es un proceso de compra en una empresa estratégica que se está llevando “al máximo nivel” para la parte económica del Gobierno. Por ello, las declaraciones públicas mantendrán la postura oficial de lo aprobado el pasado 19 de diciembre en el consejo de ministros. 

Pilar Alegría aseguraba este martes en rueda de prensa que la compra del 10% de Telefónica se hará en "el menor tiempo posible". Aunque sin esconder que hay factores que el Gobierno no puede controlar. "En cuanto a los plazos para completar (la operación), se hará lo más rápido posible. Evidentemente, siempre que no afecte a la cotización del a misma", matizaba. 

Un consejero en un ‘consejo amigo’

Un 5% permitiría a la SEPI sentarse en el consejo con los saudíes de STC, BBVA y Caixabank, todos ellos con una silla en la mesa de Gobierno de Telefónica. Pese a la llegada de STC, el consejo cuenta con figuras reconocidas para el Gobierno como el ejecutivo, Jose María Álvarez-Pallete, y el vicepresidente, Isidro Fainé. Una estructura de “fácil integración”, como puntualizan los conocedores de la compañía, para el miembro de la SEPI. 

Las dudas también se han planteado sobre CaixaBank. Al mismo tiempo que la SEPI anunció su entrada, el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri notificó una reducción de su participación en Telefónica en un punto y se queda en el 2,51% del capital de la teleco. 

En la comunicación explica que ha entregado este porcentaje para liquidar parcialmente una cobertura sobre el 1,957% del capital de Telefónica. Por su parte, Criteria Caixa, brazo inversor de la antigua caja, mantiene una cifra similar en el capital de Telefónica. BBVA y BlackRock suman otro 4,8% de la compañía y, si el grupo saudí no hace uso del 4,9% que ostenta a través de derivados, permitiría a la SEPI ser el máximo accionista con solo un 5%.