Más de tres millones de contribuyentes siguen deduciéndose la vivienda habitual

El 28 de diciembre de 2012, el Boletín Oficial del Estado publicó la ley 16/2012 por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Fue la cuarta medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy en un año para intentar corregir los principales desequilibrios de la economía española, fundamentalmente, el déficit público.

Una de las de mayor impacto social fue la supresión, a partir del 1 de enero de 2013, de la deducción estatal por inversión en vivienda habitual y el establecimiento de un régimen transitorio por el que todos aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2012 o satisfecho cantidades “antes de dicha fecha para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual”. Este régimen transitorio finalizó el 31 de diciembre de 2016 salvo en el caso de adquisición.

¿Qué ha sucedido en estos nueve ejercicios completas de vigencia de la ley? Que el número de personas que se beneficiaban de las deducciones fiscales se ha reducido de los 5,442 millones de 2012 a los poco más de 3 millones que se esperan para el cierre de este ejercicio. En 2012, las deducciones redujeron los ingresos de Hacienda en 4.050 millones de euros y en 2021 lo harán (entre el tramo estatal y el autonómico) en alrededor de 1.900 millones.

El número de personas que se beneficiaban de las deducciones fiscales se ha reducido de los 5,442 millones de 2012 a los poco más de 3 millones que se esperan para el cierre de este ejercicio

La compra de vivienda habitual ha sido la forma más tradicional de reducir la factura con Hacienda que han utilizado los españoles a lo largo de las últimas décadas, si no la única. Dentro de la riqueza que atesoran los hogares españoles, un 70% corresponde al valor de mercado de su vivienda, según las estadísticas del Banco de España.

Según datos del Ministerio de Fomento, en el año 2006, en el punto más alto del “boom” inmobiliario, se llegaron a vender más de 955.000 viviendas, a razón de más de 100 cada hora de los 365 días del ejercicio. En 2007, la fiebre compradora se redujo algo y la cifra que se quedó en 775.300 viviendas. En algunos meses se llegó a sobrepasar el listón de las 80.000 viviendas, casi 2.600 por día.

Con esos datos a nadie puede sorprender que en ese mismo año, en 2006, un total de 6.851.520 contribuyentes se beneficiaran de las deducciones que Hacienda permitía entonces a los adquirientes. Los beneficios fiscales concedidos entonces (el dinero que la Agencia Tributaria dejó de ingresar por fomentar la política de vivienda) ascendió a 6.310 millones de euros, lo que equivale a hablar de 921 euros por declarante.

A ese ritmo continuó a pesar, incluso, de la irrupción de la crisis financiera internacional en 2007 y su explosión un año después. Entre 2007 y 2010, según los informes anuales de recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda, el número de beneficiarios de las deducciones fiscales no bajó de los seis millones, mientras la Agencia Tributaria “dejaba” de ingresar entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales.

Todo cambió en 2012. La economía española mostró su lado oscuro y la alta exposición de la banca española al sector inmobiliario disparó el riesgo país y el Gobierno de Mariano Rajoy, con Luis de Guindos en el Ministerio de Economía se vio obligado a pedir un rescate a la Unión Europea y el FMI para restablecer la normalidad en los mercados de deuda.

Cristóbal Montoro entendió que era el mejor momento para retocar algunos beneficios fiscales y crear al mismo tiempo nuevas figuras tributarias. Y nada mejor que acabar con las deducciones de la compra de vivienda habitual en la declaración de la renta, además de dar a luz un gravamen para los premios de lotería, que habían gozado desde siglos atrás de inmunidad fiscal.

De los 5,44 millones de contribuyentes que declararon deducirse la vivienda habitual en su declaración del año 2012 se pasó a 4,914 en el año 2013. Las cantidades deducidas bajaron de 4.050 millones a 3.439 millones, y la media por contribuyente, de 743 euros a 700. Mientras en el año 2006, el 38% de los contribuyentes se deducía la vivienda, en 2013 “solo” lo hacía ya el 25,6%. Las operaciones de compraventa de vivienda bajaron al entorno de las 315.000 anuales, tres veces menos que en 2006.

Montoro tenía razón, aunque la mayor parte de quienes se beneficiaban de la deducción declaraban unos ingresos anuales que no alcanzaban la media, según los datos detallados de Hacienda. Desde entonces todo ha sido un camino de rosas en una de las decisiones más antipopulares que tomado un ministro de Hacienda, por encima de la limitación adoptada recientemente para limitar la cuantía que se puede deducir por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 euros a 2.000 este año y a 1.500 el próximo.

En 2019, último ejercicio del que la Agencia Tributaria ha pormenorizado los datos, ya solo eran 3,445 millones los que se beneficiaban de estos beneficios (el 16,38% de los declarantes) por un importe de 2.170 millones de euros, repartidos por igual entre la parte estatal y la autonómica. El pasado año se esperaban 3,3 millones de beneficiaros (el 15,25% del total), a razón de 630 euros por declaración (2.100 millones de euros en total). En este ejercicio, la cifra puede bajar a 3 millones (con alrededor de 515.000 viviendas vendidas, según los datos del INE), y en el próximo, de acuerdo con las cifras adelantadas en los Presupuestos Generales del Estado, a entre 2,7 y 2,8 millones, a razón de 620 euros por contribuyente.