El mensaje de Calviño a los pensionistas frente a la guerra: "Pueden estar tranquilos"

El plan económico de respuesta a la guerra supondrá 6.000 millones de euros para las arcas públicas y entre las medidas desgranadas sólo resulta novedosa la bonificación de carburantes para todos los consumidores a razón de 20 céntimos el litro, de la que el Estado correrá con 15 céntimos, y que como ha informado Vozpópuli, tan sólo cubrirá menos de la mitad de la subida de los precios. El resto es un conjunto de medidas recicladas de la pandemia y ya anunciadas, la mayoría de ellas, sin coste para las arcas públicas, como el tope a los alquileres o la prohibición del despido. La otra gran pata, los avales del ICO por 10.000 millones, corren a cargo de la banca. Se trata de un plan limitado por las restricciones presupuestarias que sufren las cuentas españolas y por la rémora que supone la reforma de las pensiones que acaba de entrar en vigor, que las liga al IPC en plena espiral inflacionaria.

Las medidas españolas vuelven a resultar de menor impacto que las que ponen encima de la mesa otros países. Para muestra, el caso de Francia, cuyas ayudas en carburantes el Gobierno copia: se trata de una bonificación para el transporte profesional, en el caso español, de 20 céntimos por litro, que costará 650 millones, a la que se suman ayudas directas por valor de 450 millones. Pues bien, además de esto, Francia ha anunciado una rebaja de impuestos de 15.000 millones de euros.

España parte de una situación fiscal más comprometida que la de otros países de nuestro entorno, a lo que se suma una importante hipoteca: el gasto en pensiones comprometido, que será de cerca de 24.000 millones de euros más entre 2022 y 2023 con la entrada en vigor de la reforma que las vincula con el IPC, que ronda ya el 8%. La espiral inflacionaria ha llevado al Gobierno ha pedir un pacto de rentas a los agentes sociales, que de momento, han ignorado sus pretensiones, en aras de que no se produzcan efectos de segunda ronda. Además, el Ejecutivo desvincula todo lo que puede del IPC, lo último, los alquileres, cuya subida ha topado al 2%, además de haberlo hecho ya hace tiempo en lo relativo al salario de los funcionarios o de negarse a deflactar la tarifa del IRPF. No hacerlo supondrá un pago extra de 4.100 millones de euros para todos los contribuyentes en la Campaña de la Renta, que empieza el 6 de abril.

El gran tabú de la desvinculación y que se blinda pase lo que pase, las pensiones. Lo viene diciendo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. A pesar de las advertencias que ha hecho el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con una inflación desbocada, y la situación de emergencia. Así, de Cos ha alertado de que Gobierno, empresarios y sindicatos deben "evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista".

Menos impacto que la pandemia

Sobre el escenario en el que nos encontramos, la vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha subrayado que España parte de una, a su juicio, reseñable recuperación, y en la clausura de la asamblea de la Federación de Autónomos ATA, ha destacado que "el impacto de esta guerra no es comparable al de la pandemia", lo que, nada más desgranarse las medidas, suena a justificación por lo escaso de éstas en esta crisis. Cabe señalar que los créditos ICO que se movilizaron durante el Covid superaron un montante de 100.000 millones de euros y ahora se contemplan 10.000 millones. Así, Calviño ha insistido en que no augura que tengan que parar buena parte de los sectores productivos, lo que sí ocurrió entonces.

Estamos, sin embargo, ha reconocido la vicepresidenta primera, en un "momento excepcional". Pero preguntada por qué va a ocurrir con las pensiones y por qué le parecen las declaraciones de Cos sobre que no es aconsejable ligar la subida de las pensiones a la inflación, Calviño ha dicho que no le consta que el gobernador del Banco de España se haya pronunciado recientemente en este sentido, y la responsable de la política económica del Gobierno ha subrayado: "Los pensionistas pueden estar tranquilos".