El Gobierno marca una línea roja con las pensiones: no las desvinculará del IPC

El Gobierno planea desligar los alquileres del Índice de Precios, último elemento cuya vinculación cae por efectos de la espiral inflacionista que ha causado la crisis de la energía y que se ha recrudecido con los efectos de la invasión de Ucrania. Y que ahora, con un IPC del 7,6% en febrero, el más alto desde diciembre de 1986, está elevando todas las alarmas. La referencia al IPC es un mantra en el que el Gobierno basa sus anuncios de políticas económicas pero que aplica cada vez menos desde hace tiempo.

Así, la tarifa del IRPF no se ha actualizado desde 2008 y a pesar de que el IPC de 2021 va a elevar en 4.100 millones la Campaña de la Renta, el Ejecutivo se niega a actualizarla. Los funcionarios escaparon muy a su pesar del IPC este año, y el Gobierno les impuso un alza del 2% en los Presupuestos de 2022. Mientras, presiona a patronal y sindicatos para que cierren un pacto de salarios ligados a convenio que se aleje del IPC. La gran excepción, las pensiones, el único campo en que el Ejecutivo preserva la vinculación, que en 2022 ha supuesto un alza del 2,5%, el IPC medio comprendido entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y del 3% para las mínimas y no contributivas. A pesar de las previsiones crecientes de este año, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, asegura que la revalorización es "indiscutible".

Sí está siendo discutida la actualización de los alquileres conforme a la inflación. Unidas Podemos, actores sindicales como CCOO y UGT y asociaciones como Facua han puesto sobre la mesa del PSOE el derecho a la vivienda de los inquilinos. Así, han reclamado a los técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que "controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC", extremo que el ramo que encabeza la socialista Raquel Sánchez Jiménez se ha abierto a estudiar durante los próximos días.

Lo anterior conllevaría desarrollar una fórmula -presumiblemente, un Real Decreto- que deje en suspenso el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Éste permite a los caseros renovar los contratos conforme a la última cifra publicada por el Instituto Nacional de Estadística sobre el IPC. Tras la subida del 7,6% en febrero, los propietarios que renueven contrato en marzo podrían cargar al inquilino un extra de 50 euros al mes en promedio para el conjunto de España.

Desligar los alquileres del IPC... ¿Y del IGC?

Atendiendo a la ley, los alquileres podrán renovarse conforme al IPC siempre que el contrato deje claro que esa es su referencia. Algo que, según fuentes del sector, es lo habitual. Si bien existe un subtramo del índice sobre alquileres de vivienda, como así también IPCs diferentes por comunidades, la referencia más común es la del IPC general, señalan gestores y abogados inmobiliarios. Eso sí, en ausencia de concreción del índice de referencia en el contrato, el criterio para la revalorización del alquiler no puede ser otro que el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), según lo establece el mismo artículo 18 de la LAU. 

El IGC, creado en 2015 para marcar las subidas en las rentas de los alquileres, creció 0,25 puntos en enero de este año, según publicó el INE el pasado viernes. De esta forma, se situó en el 2,02%, su máximo histórico desde que el Instituto publica este indicador.

Aún se desconoce si el Gobierno suprimirá también esta referencia, que aunque se aleja de los niveles del IPC general, también muestra signos de crecimiento. Desde la Asociación de consumidores Facua, apuntan que su propuesta al Ejecutivo junto a los sindicatos se basa en "lo correcto en esta coyuntura inflacionista". Que sea el Índice General de Competitividad (IGC) la referencia o un máximo que establezca el Gobierno no se ha valorado. Pero advierten de que el IGC están ahora cerca del 2%, muy por debajo del IPC, en el 7%.

Consultadas al respecto, fuentes del Ministerio de Agenda Urbana se limitan a afirmar que "existen diferentes medidas sobre la mesa" y "ahora es el momento de estudiarlas". "No tendría sentido que desliguen los alquileres del IPC y no del IGC, lo lógico sería que, de hacerlo, suspendan las actualizaciones de rentas de alquiler con los índices que recogen la inflación, sean los que sean", dicen desde una empresa que gestiona miles de arrendamientos.

La espiral de la inflación

La inflación encadena subidas desde hace ya un año, cuando la energía comenzó a encarecerse, elevando los costes de producción de las empresas y, por ende, inflando también los precios finales de otros productos. Tras cerrar el 2021 con un IPC anual medio del 3,1%, la mayor tasa desde 2011, la invasión de Rusia a Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero agravó la situación de los precios energéticos e hizo crecer los de otras materias primas básicas, como los cereales o los metales industriales.

En febrero, la cesta de la compra que elabora el INE fue un 7,6% más cara que en el mismo mes de 2021. En algunas provincias, como Toledo y León, la variación anual superó incluso el 9% en el segundo mes del año. Y, dada la incertidumbre sobre la intensidad y la duración del conflicto, los economistas ya auguran que esta situación se alargue más de lo esperado. El panel que elabora Funcas y que incluye a 19 servicios de estudios diferentes espera que en marzo la tasa anual del IPC alcance el 7,8%. Hay que retroceder a mayo de 1986 para encontrar una subida similar. 

Un pacto de rentas

Ante el alza de la inflación que se venía produciendo desde mediados del año pasado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya advirtió en noviembre de que no podía trasladarse a los salarios para no tener efectos de segunda ronda. Este aviso lo repitió en enero y se convirtió en una petición a bombo y platillo de pacto de rentas en el Congreso, en la que instaba directamente a los sindicatos a abrazar la moderación salarial, pero que también apelaba a que las empresas contengan sus beneficios y márgenes.

Esta intromisión de Sánchez en la negociación de los salarios en convenio que acaba de empezar no fue bien recibida ni por patronal ni por sindicatos que, sin embargo, están acudiendo a los encuentros que organiza Moncloa en este sentido, mientras tratan de preservar sus reuniones salariales a dos bandas y, aunque parten de posturas en principio muy alejadas, podrían llegar a un acuerdo. De momento, CEOE daría alzas de hasta un 9% en tres años pero siempre ligadas a productividad, criterio que los sindicatos desechan y parte de cifras del entorno del 5% con cláusulas de revisión salarial.

Los funcionarios tratan de hacer valer sus reivindicaciones. CSIF pide ahora mismo un pacto de Estado para blindar las Administraciones y servicios públicos frente a eventuales recortes, pero parten con la desventaja de que ya quedaron fuera de la vinculación con el IPC para estos Presupuestos, lo que el Gobierno ni siquiera negoció. Lejos queda el pacto a varios años que cerraron con Cristóbal Montoro en 2018 con subidas de hasta el 8,79%.

Los españoles van a pagar 700 euros más de media en la Campaña de la Renta que empieza el próximo 6 de abril por el efecto de la inflación acumulada. A los 240 euros extra que supone el alza del IPC en 2021 y que impacta en la declaración del IRPF que se presenta esta primavera, se suman 560 euros por el impacto de todos los años en los que Hacienda no ha actualizado la tarifa de este impuesto, la friolera de 15. Desde 2008, el Fisco no la ha ajustado, lo que ya suma 14.379 millones de euros extra que todos los contribuyentes deberán aportar ahora, según los cálculos de José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, en un trabajo para la Fundación Disenso.

Cuando se le ha preguntado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por si prevé actualizar la tarifa, lo ha negado. El PSOE y Podemos han tumbado iniciativas parlamentarias en este sentido.

Escrivá, en sus trece

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha lanzado esta semana un aviso a navegantes: se debe “evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista”. Así, ha considerado que esta desindexación debía ser parte del pacto de rentas y ha descartado aplicar cláusulas de revisión salarial de acuerdo con el IPC general sino, en todo caso, "con la inflación subyacente".

Sin embargo, José Luis Escrivá se mantiene en su posición y ha subrayado que la revalorización de las pensiones debe hacerse conforme a la evolución del IPC porque es una cuestión que "no es discutible". Ante el impacto en las cuentas de la Seguridad Social de la espiral inflacionista, ha dicho que se compensará con la mayor recaudación por cotizaciones sociales, que avanza este año a un ritmo del 9,7%, según datos de su Ministerio.