Fin de la barra libre: el Gobierno tendrá que ajustar 8.000 millones al año durante toda la legislatura

El Gobierno está centrado ahora en sacar adelante los Presupuestos de 2024 pese al rechazo del Partido Popular en el Senado a los objetivos de déficit y deuda. Éstos no han sido aprobados por las cortes españolas, tal y como manda la Ley de Estabilidad, pero María Jesús Montero sorteará el veto usando los objetivos planteados hace un año en el Programa de Estabilidad.

En las nuevas cuentas, que ya van con más de dos meses de retraso, previsiblemente se dará margen para las políticas sociales anunciadas y los compromisos adquiridos en el pacto de investidura. Estos Presupuestos, que el Gobierno quiere aprobar "cuanto antes", podrían atravesar después una senda de obstáculos a la hora de negociar con los socios, que reclamarán todo tipo de contraprestaciones.

Sin embargo, pronto llegarán los ajustes reales. Dentro de sólo seis meses España tendrá que presentar a Bruselas la hoja de ruta fiscal que seguirá en los próximos cuatro años, coincidiendo ya con los Presupuestos del siguiente año. La maquinaria de las nuevas reglas fiscales entrará en funcionamiento en 2025 y se mantendrá activa durante toda la legislatura, debiendo garantizar el Ejecutivo ajustes de entre el 0,4% y el 0,6% del PIB anuales mientras el déficit supere el 3% y la deuda, el 90%.

Distintas instituciones están alertando de que la 'barra libre' que ha existido durante cuatro años, con motivo de la pandemia primero y la guerra después, acabará pronto y los gobiernos deben prepararse para la consolidación fiscal. La semana pasada fue la AIReF y esta semana, BBVA Research. "La distancia entre los datos actuales y los objetivos es tan grande que los esfuerzos tendrán que prolongarse cuando menos un quinquenio, e incluso más", destaca el servicio de estudios de la entidad bancaria.

El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó por primera vez un Plan de Reequilibrio de la Administración Central, un documento que la AIReF criticó antes de su remisión a las Cortes Generales, precisamente, por no cumplir con la Ley de Estabilidad y no incorporar previsiones de ingresos y gastos ni un calendario de medidas. Por el contrario, remitía a la senda del Programa de Estabilidad del pasado abril y al Plan Presupuestario de octubre.

En definitiva, las nuevas reglas fiscales en Europa requerirán de ajustes importantes y sostenidos en el tiempo a partir de 2025 que los Estados miembros con altos niveles de déficit y deuda no podrán evitar. Estos ajustes se podrán situar en la parte baja de la horquilla (0,4%) y alargar a siete años (hasta 2031) si se avala que hay reformas e inversiones en marcha, pero en todo caso en España rondarán los 8.000 millones de euros anuales.

Esto enfriará la economía, que ha mantenido un crecimiento sorprendentemente fuerte en los últimos años. BBVA Research revisó este mismo miércoles el crecimiento de este año seis décimas al alza, hasta el 2,1%, pero rebajó al 2% el repunte del PIB en 2025, precisamente, por el ajuste estructural de medio punto que prevé ya el año que viene. Este ajuste restaría tres décimas de crecimiento económico, pero también llevaría el déficit público hasta el 2,9% del PIB a finales de año y la deuda, al 102%.

Los PGE y la senda fiscal del Gobierno

Para los Presupuestos de este año, el Gobierno utilizará la previsión de déficit comunicada a Bruselas en abril de 2023, del 3% para el conjunto de Administraciones Públicas, que es el mismo que se había marcado en los nuevos objetivos tumbados por el PP. Sin embargo, para las CCAA implica cerrar el ejercicio presupuestario en equilibrio (déficit del 0%, con 1.500 millones menos de margen fiscal), mientras que para los ayuntamientos se establece un superávit de un 0,2% (unos 3.000 millones menos de lo previsto).

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció en diciembre que esta estrategia de recurrir a la senda del Programa de Estabilidad de abril si el Partido Popular vetaba los objetivos contaba con el visto bueno de la Abogacía del Estado, aunque también advirtió de que sería más estricta para las comunidades autónomas y ayuntamientos.

Sin embargo, los expertos a los que ha consultado Vozpópuli apuntan que no habría objetivos aprobados por el Parlamento español que sean vinculantes y, por tanto, el Estado no podría exigir a las comunidades que cumplan el déficit. El problema al que sí se enfrentaría el Gobierno es cómo explicar todo esto a Bruselas en los prolegómenos de las nuevas reglas fiscales. 

Además, a diferencia de lo que ocurre con la déficit general de las AAPP, los objetivos de deuda son más laxos de los que había remitido el Gobierno a las Cortes: 109,1% del PIB en 2024 en lugar de 106,3%; 107,9% del PIB en 2025 en lugar de 105,4%; y 106,8% del PIB en 2026 en vez de 104,4%. BBVA Research planteaba un recorte más ambicioso de la deuda este año, hasta el 104,8% del PIB, para reducirla ya en 2025 hasta el 102%, con el ajuste adicional de cinco décimas por la entrada en vigor de las reglas fiscales.

Por otro lado, el Pacto reformado en Europa exige una trayectoria “decreciente” para la deuda pública y no sólo durante los cuatro años de duración de los planes. Esto significa que el Gobierno deberá garantizar que la deuda pública no se estanca por encima del 100%, como la AIReF cree que ocurrirá sin medidas adicionales, sino que continúa reduciéndose durante los diez años siguientes a la finalización del Plan, hasta 2038.