Macroeconomía

Fraude en los fondos europeos: Bruselas insta a mantener un "alto nivel de vigilancia" en pleno 'caso Koldo'

Las detenciones en Italia tras la macrooperación de la Fiscalía Europea, que también investiga el uso de fondos en la 'trama Koldo', ha disparado las alarmas en la Comisión Europea

fondos europeos
Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión Europea, y Paolo Gentiloni, comisario de Economía.

En Bruselas cunde la preocupación tras el escándalo del uso fraudulento de fondos europeos en Italia y en plena investigación por el 'caso Koldo' en España. Hace poco más de una semana se conocía la detención de 22 personas en una macrooperación de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) y la Guardia di Finanza italiana por el fraude de 600 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). 

En un evento sobre este programa celebrado esta semana en Bruselas, el vicepresidente ejecutivo y responsable de Comercio de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, reconocía públicamente la necesidad de mantener "un alto nivel de vigilancia" con los fondos europeos. "Siempre debemos respetar las disposiciones del reglamento MRR y asegurarnos de que se protegen los intereses financieros de la UE. Por eso los controles y auditorías son rigurosos y exhaustivos", dijo. 

"Tomemos como ejemplo el reciente caso de fraude con los fondos MRR en Italia. Gracias a la labor realizada por las autoridades italianas y la Fiscalía Europea se detectó esta elaborada trama. Ahora se están incautando los activos y los defraudadores han sido llevados ante la justicia. De todo ello se desprende que los sistemas de control existentes funcionan, pero también debemos mantener un alto nivel de vigilancia", añadió Dombrovskis.

El fraude detectado en Italia se ejecutó entre los años 2021 y 2023, después de que la organización delictiva solicitara dinero europeo a fondo perdido con el presunto objetivo de impulsar la digitalización, la innovación y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en Italia y favorecer su desarrollo en el exterior.

Los sospechosos habrían creado y depositado balances corporativos falsos para demostrar que las empresas eran activas y rentables, cuando en realidad eran ficticias e inactivas. Los investigadores creen que se sirvieron de tecnologías avanzadas como VPN, servidores en la nube, criptoactivos y software de inteligencia artificial. En la operación se incautaron apartamentos, villas, joyas y coches de lujo, además de oro, criptomonedas y los créditos por valor de 600 millones de euros congelados.

Los fondos europeos y la trama Koldo

Aunque Dombrovskis no hizo mención expresa a España, a nadie se le escapa que sus declaraciones llegan en plena investigación de la Fiscalía Europea por los contratos de mascarillas que Francina Armengol y Víctor Torres (al frente de los gobiernos de Baleares y Canarias, respectivamente) suscribieron con la trama Koldo. Tras recibir una denuncia de un particular, y verificar su competencia, investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Además, la propia Comisión Europea también ha remitido información a la Oficina Europea Antifraude (OLAF) para que se ocupe de la posible malversación fondos europeos de Desarrollo Regional (FEDER) en España. Aún está analizando si abre una investigación tras la documentación enviada por el Ejecutivo comunitario, que, tal y como recalcó su vicepresidente ejecutivo, tiene la misión de proteger el presupuesto europeo.

El pleno del Parlamento Europeo expresó este jueves su "gran preocupación" por el "presunto uso indebido" de algo más de 17 millones de euros en fondos europeos por la trama investigada. La referencia aparece en una enmienda promovida por el Partido Popular Europeo (PPE) al informe anual sobre la gestión del gasto por parte de la Comisión Europea.

Ésta salió adelante en la sesión celebrada en Bruselas con 367 votos a favor, 230 en contra y 10 abstenciones. El texto aclara que preocupa la posible malversación de 14,6 millones de euros procedentes del Fondo FEDER y de 3,1 millones del Fondo de Solidaridad; al tiempo que critica que la Fiscalía Europea recibiera información "relevante" para investigar el caso de un particular y no de manos de las autoridades competentes.

La fiscal jefe de la Fiscalía Europea, Laura Codruța. EP

Tanto la investigación de la OLAF como la de la Fiscalía Europea discurrirán paralelas a la elaboración del tercer informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre la ejecución de los fondos europeos Next Generation. En él se analizará el grado de ejecución y la calidad de las inversiones de los países, entre ellos España. Se publicará en mayo y, como informó Vozpópuli, parte de una base preocupante: el Tribunal sospecha que el dinero comunitario se está usando "para tapar agujeros".

El Gobierno no pasó el corte en los dos exámenes anteriores. El primero, difundido en octubre de 2022 y en el que se ponía el foco en las carencias del sistema de información CoFFEE, dio lugar a la visita a Madrid de una delegación del Parlamento Europeo, encabezada por la alemana Monika Holhmeier. Fuentes vinculadas con la gestión de los fondos europeos aseguran que sigue habiendo "problemas" con la plataforma, uno de los hitos que la Comisión dio por cumplidos en 2021 y que resulta clave en el control del dinero.

El segundo se publicó el pasado octubre e identificó pagos indebidos con los fondos europeos en España. Recordó que el reglamento marca que "los fondos del MRR no sustituirán, excepto en casos debidamente justificados, a los gastos presupuestarios nacionales ordinarios". El tercer informe profundizará en este asunto, según ha podido saber este periódico, con el objetivo de comprobar si las subvenciones se están empleando en gastos corrientes de los Presupuestos nacionales.

Italia y España son los dos países más beneficiados de los fondos europeos, con 192.000 y 163.000 millones, respectivamente, entre subvenciones y préstamos. De momento España ha recibido algo más de 38.000 millones a cambio de 121 reformas e inversiones pactadas con Bruselas y que los organismos competentes fiscalizan. Tiene que cumplir otros 474 compromisos en algo más de dos años si pretende recibir el resto del dinero (unos 42.000 millones en subvenciones y 83.000 millones en préstamos).

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