Más de 275.000 parejas sin hijos tienen problemas ‘severos’ para pagar la factura de la luz

La crisis energética aumenta el número de españoles acogidos al bono social. Este descuento en la factura de la luz es una ayuda creada para que los consumidores más vulnerables puedan pagar este suministro básico. Según los últimos datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el número de beneficiarios del bono social ha aumentado en 2022 en 119.000, de 1,19 millones con arrancó el año a los 1,31 millones con los que inició 2023. Estas últimas cifras revelan otro dato, el colectivo que más demanda esta ayuda para pagar la factura de la luz son las parejas sin hijos menores a su cargo. 

Un total de 275.650 de parejas sin menores recurren al bono social eléctrico con el estatus de ‘vulnerables severos’. Según los datos de la CNMC desglosados en un estudio de la ICADE con la Fundación Naturgy, el grupo ‘unidad convivencia sin menores’ representa un 21% de los 1,31 millones de beneficiarios del bono social. Si a este grupo de 'vulnerables severos' se le suma los 'vulnerables', un total de 453.841 unidades de convivencia sin menores a cargo están acogidos al bono social, cerca del 34% del total.

En este sentido, el Gobierno define a la unidad de convivencia que tiene derecho al bono social como la formada por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad.

Todas estas parejas o unidades de convivencia cumplen los requisitos para ser considerados vulnerables. Un estatus que se recibe si se cobra en la pareja entre 1,5 y 2 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una referencia que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional para la asignación de ayudas. Un ratio al que se añade 0,3 veces el IPREM si hay un adulto adicional y 0,5 si se incluyen en la unidad de convivencia un menor. Con este dato de vulnerabilidad, hasta el próximo 31 de diciembre, una unidad de convivencia puede tener una rebaja del 65% de todos los términos que componen la PVPC o tarifa regulada. 

En el caso de 275.650 parejas sin menores a su cargo, que son ‘vulnerables severos’, el límite baja baja a la mitad que en los vulnerables y tienen acceso a descuentos de hasta el 80% de su factura.

El número de consumidores que se han beneficiado del bono social han variado por las ampliaciones que se introdujeron en los diferentes reales decretos (desde el RDL 30/2020 hasta el RDL 18/2022) que se pusieron en marcha para ayudar a pagar la factura de la luz con el castigo de la pandemia del COVID-19 y de la crisis energética. 

“Estos datos ponen de manifiesto el diferente impacto numérico de estos decretos de emergencia. Por ejemplo, la tabla proporcionada por la CNMC muestra que la introducción del concepto de “unidad de convivencia” (en lugar de “unidad familiar”) ha permitido acogerse al bono social a casi 300.000 beneficiarios más”, explica en su estudio la Fundación Naturgy e ICADE. 

Una ayuda que va a más

Entre 2019 y agosto de 2020, el bono social tuvo una tendencia creciente. En el mes de septiembre de 2020 se produjo una caída de los beneficiarios, como apunta el informe de Comillas Icai-Icade y la Fundación Naturgy. Este cambio radical se debe a que la prórroga automática del bono social introducida con motivo del estado de alarma terminó el 15 de septiembre de 2020. Pero desde entonces fueron más vulnerables los que reclamaron esta ayuda. La cifra fue creciendo hasta cerrar 2021 con 1,2 millones, su dato máximo desde el mes de septiembre de 2020.

La pandemia abrió paso a la crisis energética que empezó a notarse en las familias en agosto de 2021 y, el estrés del mercado por la crisis de Ucrania, agudizó la situación en julio de 2022. Los beneficiarios del bono social eléctrico aumentaron un 6,1% entre agosto de 2021 y julio de 2022 respecto al mismo periodo de 2020-2021, alcanzando un promedio de 1,21 millones de consumidores.

Mucho trabajo por hacer

Por el contrario, las nuevas categorías de Ingreso Mínimo Vital y bono social de justicia energética que se introdujeron en los últimos cambios normativos para completar esta ayuda a la factura de la luz no han logrado proteger a los consumidores vulnerables, según refleja el informe de ICADE y la Fundación Naturgy. Respecto al Ingreso Mínimo Vital, el Gobierno estimó que, tras su introducción, junto con el aumento de los límites de renta, los beneficiarios pudieran haber aumentado de 600.000 unidades. 

Por otro lado, a cierre de 2022, solo el 0,02% de los potenciales beneficiarios de la nueva categoría de “justicia energética”, en torno a 1,5 millones según estimaciones del propio Gobierno introducida a mediados de octubre de 2022, habrían recibido este subsidio. Es decir, la protección de vulnerables sigue siendo un reto en términos de información y de eficacia.