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La industria europea se enfrenta a 4.000 millones en aranceles de Reino Unido por el coche eléctrico

Los fabricantes de automóviles europeos han pedido retrasar los acuerdos de comercio con Reino Unido referentes al coche eléctrico para evitar más de 4.000 millones en aranceles

Batería de un coche eléctrico.

La industria europea del automóvil vive momentos complicados por la transición forzada hacia el coche eléctrico, con muchos problemas en los últimos años de suministros de chips y más recientemente de distribución. Ahora, surge uno nuevo a causa del brexit.

Una problemática que ha llevado a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) a pedir a la Comisión Europea retrasar hasta 2027 el acuerdo de comercio y cooperación con el Reino Unido (TCA), el acuerdo postbrexit, por el que los bienes exportados tienen que cumplir unas normas de origen (ROO). Desde la patronal europea aseguran que en el corto plazo "ningún actor de la cadena de suministro podrá cumplir".

La petición la ha realizado ACEA mediante una carta enviada a la CE, en la que aseguran que de no mantener la reglas actuales para baterías, los pagos en aduana ascenderían a unos 4.300 millones de euros entre 2024 y 2026. Mientras, la producción en este periodo se podría reducir en unos 480.000 vehículos eléctricos, tras caer significativamente la participación de la industria del automóvil de la Unión Europea en el mercado del Reino Unido por el pago de derechos de aduana "masivos e innecesarios".

Si no se retrasa el acuerdo con Reino Unido podrían dejar de fabricarse casi medio millón de coches eléctricos hasta 2026

Actualmente, la normativa entre la UE y Reino Unido consideran originarias de Europa las baterías ensambladas en el continente, mientras que a partir del 1 de enero del próximo año, estas normas serían más restrictivas, exigiendo que todas las piezas de las baterías y algunos materiales críticos sean producidas en la Unión Europea o en el Reino Unido para que queden libres de aranceles.

No obstante, ACEA considera que la norma de origen transitoria es una herramienta para impulsar la inversión en la cadena de suministro de baterías europeas, por lo que no se oponen a que entre en vigor, pero aseguran que en el corto plazo su aplicación será "contraproducente", ya que ningún actor podrá cumplir con esta situación.

Por ello, la patronal de los fabricantes europeos ha pedido retrasar la nueva normativa hasta finales de 2026. "La petición de ACEA es liberalizar temporalmente las normas de origen de las baterías para el periodo de 2024 a 2026", ha explicado en la carta.

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