Los economistas piden bajar los impuestos "desproporcionados" para abaratar la luz

El Gobierno aprobará este martes medidas para intentar contener o compensar la subida del precio de la luz, que ha marcado este lunes un nuevo récord absoluto en el mercado mayorista -154,16 euros el megavatio/hora (MWh)-, entre las que figuran bajadas de impuestos que han sido recomendadas por distintos economistas.

Una bajada de la tributación sí podría tener un impacto inmediato en los bolsillos de los consumidores, mientras que cambios normativos que afecten a la regulación del mercado eléctrico tardarían en traducirse en un ahorro hasta el primer trimestre de 2022.

Según ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE en la noche del lunes, el Ejecutivo anunciará este martes la suspensión del Impuesto de Generación y la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5% al 0,5%.

"La forma más rápida de alterar la factura eléctrica es la modificación de los impuestos. Incluido la modificación del Impuesto a la Generación, que el consumidor también paga aunque no figure explícitamente en su factura", explicaba este mismo lunes Diego Rodríguez, catedrático de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Energía de Fedea.

El consumidor de electricidad paga en su factura por cuatro conceptos: la energía que compran las empresas generadoras a través de su comercializadora -que se ha encarecido por la subida del precio del gas y el aumento de los derechos de emisión de CO2-; los costes de la red o peajes; otros cargos y, por último, impuestos.

Un 53% de la factura procede de decisiones gubernamentales

Los impuestos que se aplican a la suma de los otros tres conceptos (coste de la energía, peajes y cargos) son el Impuesto Especial de la Electricidad -del 5,1%- y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que se aplica sobre la cuantía anterior ya incrementada con el impuesto especial y que provisionalmente tiene un tipo reducido del 10%, desde el mes de julio, cuando se bajó del 21%.

Aunque estos son los dos únicos impuestos explícitos que aparecen en la factura, el consumidor también paga el Impuesto de Generación, del 7%, que es incluido por el generador en el precio de la factura. Este impuesto está temporalmente suspendido y Sánchez ha anunciado que seguirá así hasta el 31 de diciembre.

En la factura eléctrica de un hogar tipo, un 18% del coste total procede de los peajes, un 18,8% de los cargos, un 2,7% del alquiler y margen, y un 13,5% de impuestos. En total, un 53% del total proceden de "decisiones tomadas por el Gobierno o la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia", explica el experto de Fedea.

De ellos, se espera que los cargos y los peajes bajen en los próximos años, lo que reducirá la factura de los consumidores. Pero a corto plazo, los expertos defienden que se elimine el Impuesto de Generación y se reduzca drásticamente el Impuesto Especial de la Electricidad, tal y como tiene previsto aprobar el martes el Ejecutivo.

Bajar el Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5%

Este último se introdujo en el año 1997 para obtener los ingresos necesarios para compensar la supresión del recargo asignado a la minería del carbón. "Es útil recordar que en 2021 ya no hay minería del carbón, por lo que se trata de un impuesto que se mantiene aunque haya desaparecido por completo la razón que se esgrimió para su creación", apuntan en Fedea.

Los economistas de esta Fundación consideran que su función es únicamente recaudatoria y que no sirve para reducir diferencias de recaudación con otros países, como se pide en la Directiva 2003/96/CE y se ha esgrimido en alguna ocasión, con lo que "no está justificado".

De hecho, incluso si se hubiera mantenido para cumplir con la directiva, "el impuesto es desproporcionado", subrayan, ya que el consumidor en España paga de media diez veces más por él de lo que debería de acuerdo a la normativa comunitaria. De ahí que habría que bajarlo del 5,1% al 0,51%, como ha prometido Sánchez este lunes.

Eliminar este impuesto, no obstante, provocaría una merma de recaudación de 1.400 millones de euros al año. Dado que éstos se transfieren a las comunidades, el Estado central debería idear un mecanismo para compensarlas por esa cantidad.

Suprimir el Impuesto de Generación

También defienden la supresión definitiva del Impuesto de Generación, que surgió en un contexto muy distinto al actual en el que era necesario para financiar el sistema eléctrico. Dado a que ahora los ingresos por las subastas de derechos de emisión de CO2 no paran de crecer de forma estructural, se podría prescindir de él.

En cuanto al IVA, mantenerlo a un tipo reducido del 10% genera una distorsión fiscal con respecto a otros productos energéticos, por lo que más que mantener esta medida los economistas piden una reforma fiscal integral "que garantice la neutralidad fiscal para avanzar en los objetivos de descarbonización de la economía".

Más allá de tocar los impuestos, el otro debate que está sobre la mesa es un cambio de modelo para fijar los precios. Es posible que el Gobierno modifique la tarifa regulada -Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)-, que se estableció en 2014 y es criticada por su excesiva volatilidad, al fijar las tarifas en función de los precios del mercado diario.

Para paliarlo, se está estudiando cambiar el modelo y utilizar una cesta de precios futuros para conferirle estabilidad, aunque los expertos avisan de que no necesariamente implicará "menores precios medios".