Golpe fiscal al alquiler: los socios de Sánchez se alían para reducir un 17% la deducción a caseros

Podemos, ERC y BIldu presionan al PSOE para incluir un golpe fiscal a los caseros en los Presupuestos. En una de las enmiendas parciales dentro de un paquete de vivienda que han registrado este viernes en el Congreso, lanzan un golpe fiscal del 17% a los caseros y reducen la tradicional deducción al alquiler del 60% al 50%. Este tijeretazo afectaría a la gran mayoría de caseros, al alrededor del 95% de ellos que no ofrecen alquiler social. Para esta última modalidad, en cambio, se ofrece mejorar el incentivo hasta el 90%.

De esta forma, se modifica el apartado 2 del artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Renta de Personas Físicas, y la deducción será del 90% cuando se hubiera formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda situada en una zona de mercado residencial tensionado. Y siempre que la renta inicial se hubiera rebajado en más de un 5% en relación con la última renta del anterior contrato de arrendamiento de la misma vivienda una vez aplicada, en su caso, la cláusula de actualización anual del contrato anterior.

La deducción sería del 70% cuando no cumpliéndose los requisitos anteriores, el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que ésta se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años. Cuando existan varios arrendatarios de una misma vivienda, esta reducción se aplicará sobre la parte del rendimiento neto que proporcionalmente corresponda a los arrendatarios que cumplan los requisitos previstos en esta letra.

La Ley de Vivienda perjudicará a los 1,2 millones de caseros con menos ingresos

La bonificación del 70% también aplicará cuando el arrendatario sea una Administración Pública o entidad sin fines lucrativos que destine la casa al alquiler social con una renta mensual inferior a la establecida en el programa de ayudas al arrendamiento del Plan Estatal de Vivienda, o al alojamiento de personas en situación de vulnerabilidad económica o cuando la residencia esté acogida a algún programa público de vivienda o calificación en virtud del cual la Administración competente establezca una limitación en la renta del alquiler.

Para conservar el 60%, rehabilitación

La actual reducción del 60% se mantiene si, no cumpliéndose los requisitos anteriores, la vivienda hubiera sido objeto de rehabilitación en los dos años anteriores. El resto de casos verán rebajada la deducción al 50%.

Asimismo, se prevé que estas reducciones sólo resulten aplicables sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos, según ha limitado la deducción la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal en vigor desde julio de 2021.

El tope del 2% al alquiler, permanente

La enmienda fiscal se acompaña de otras que intentan trasladar a las Cuentas asuntos enquistados por el parón de la Ley de Vivienda. Entre estos sobresalen el tope a los precios del alquiler y la posibilidad de que se perpetúe el límite del 2% a las actualizaciones de contrato que el Gobierno ha instrumentado por Real Decreto -con efectos hasta el 31 de diciembre de este año- a través de una modificación coyuntural de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Lo anterior supondría desligar las actualizaciones de contratos de alquiler de la inflación, lo que podría acabar haciendo mella fuertemente sobre la inversión en el segmento.

Todas estas propuestas se presentan ante el retraso de la Ley de Vivienda, una de las principales fricciones entre PSOE y Podemos en la negociación de los Presupuestos. La formación de Yolanda Díaz busca que Pedro Sánchez asuma lo que el sector privado considera un "control de precios encubierto" antes de aprobar las Cuentas.

Por lo pronto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que depende del PSOE, prevé aprobar un nuevo Real Decreto-ley que prorrogaría temporalmente el límite a las actualizaciones de contrato de vivienda.