Podemos lleva a los Presupuestos la presión para perpetuar el tope del 2% al alquiler

Podemos traslada al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 la presión para que el tope de subida del alquiler del 2% que muere el 31 de diciembre se haga permanente. Así lo plantea en las enmiendas parciales que ha registrado este viernes en el Congreso, que en gran parte, tratan sobre el alquiler, y que también han presentado ERC y Bildu.

Estas enmiendas se presentan cuando el retraso de la Ley de Vivienda ha sido una de las principales fricciones entre PSOE y Podemos en la negociación de los Presupuestos. Y cuando Yolanda Díaz ha intentado que Pedro Sánchez asumiera este tope incluso antes de aprobar las Cuentas. En unas semanas, el Gobierno prevé aprobar un nuevo Real Decreto-ley con prórroga de las ayudas.

Con este fin, en una enmienda añade una nueva disposición final de Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en materia de contención de precios del alquiler, para que en el artículo 18, sobre la actualización de la renta, en caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de actualización de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad.

Cronificar el actual límite del 2%

"En todo caso", establece, "el incremento producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Garantía de Competitividad", que a efectos legales nunca superará el 2% -si la variación del índice como tal supera esa cifra, el valor que se tomará como referencia es el 2%, al tiempo que si es negativo, la cifra de referencia será 0-. Ahora, dicha ley fija el umbral en la variación del Índice de Precios de Consumo, esto es, permitiría a los caseros actualizar contratos conforme a la inflación.

La propuesta de Unidas Podemos apunta a volver permanente el actual límite temporal fijado por el Gobierno a través de un Real Decreto del pasado marzo, que en principio expiraría el 31 de diciembre de 2022. Como ya informó este medio, el ala socialista del ejecutivo está estudiando prorrogarlo más allá de este año, si bien otra cuestión sería volverlo perenne.

El Gobierno tomó en marzo la decisión de imponer el tope a las actualizaciones de contrato tras un mes con la inflación en el 7,6% anual, ahora en un 7,3%

El Ejecutivo socialista tomó el pasado marzo la decisión de imponer el citado tope a las actualizaciones de contrato tras un mes con la inflación en el 7,6% anual -actualmente sigue elevada, habiendo cerrado octubre en un 7,3% interanual-.

El dato de febrero ya era el valor más alto del IPC en "los últimos 35 años, con lo que ha dejado de ser, de manera coyuntural, una referencia adecuada para la aplicación de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda", según razona el Real Decreto que ha dejado en suspenso el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994.

Una eventual prórroga del tope del 2% a las actualizaciones de alquileres hasta marzo de 2023 supondría terminar de extender el manto de la intervención a todo el mercado. Las renovaciones que se firmaron entre enero y marzo de este año fueron las últimas que no estuvieron supeditadas a la limitación, que entró en vigor con efectos desde el pasado mes de abril.

De cumplirse la citada prórroga hasta marzo del próximo año, el impacto en las cuentas de los propietarios a nivel nacional superaría los 2.000 millones de euros. Los inquilinos sortearían subidas de unos 50-60 euros al mes, aunque se verían abocados a pagar un recargo por renovación de unos 15 euros fruto del 2% de referencia.

Técnica tributaria deficiente

Otra de las propuestas de los morados promueve incentivos fiscales al alquiler social que también prevé la Ley de Vivienda y aporta una variante, que fiscalistas consultados por Vozpópuli ven "deficiente" en cuanto a la técnica tributaria, ya que pretende que el incentivo en la base imponible estatal se reduzca en el caso de que no haya alquiler social, una posibilidad que entienden que no existe, ya que sólo hay una base, no dos, estatal y autonómica, como plantea la enmienda.