El Gobierno ha tramitado este martes el compromiso de regular los precios del alquiler en la próxima ley de Vivienda, entre muchas otras directrices, para los próximos diez años recogidas en la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 elaborada por la Vicepresidencia Segunda del Gobierno de Pablo Iglesias.
El Consejo de Ministros ha tomado este martes en consideración las Directrices Generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible, a las que ha tenido acceso EFE, que marcan las políticas con las que el Gobierno busca encaminarse hacia un país "justo socialmente, sostenible y feminista" en 2030, y son el núcleo del plan que se aprobará previsiblemente de forma definitiva en el mes de junio.
Dentro de las 140 páginas de esa estrategia se recogen medidas como la necesidad de que la contratación sea esencialmente indefinida y se menciona además el compromiso del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos de impulsar tres normas: la Ley de Igualdad de Trato, actualmente en proceso de tramitación en las Cortes Generales, la Ley de igualdad LGTBI y la conocida como Ley Trans.
Esta mención al acuerdo de Gobierno se produce después de que la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, obviase la ley trans entre las normas de igualdad para esta legislatura, y de que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero la acusase de volver a frenar el debate de esa norma en el Consejo de Ministros.
Subidas abusivas del alquiler
Además, en medio también de las tensiones entre los dos socios del Gobierno por el alquiler, la estrategia remarca la necesidad de garantizar con "acciones políticas" el derecho a la vivienda reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Española.
Serán acciones que "pongan freno a las subidas abusivas del alquiler" entre las cuales "debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios" y de habilitar a los ayuntamientos también para "declarar zonas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".
Ese asunto será "una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda", dice esa estrategia, una normativa que está ahora mismo en negociación por parte de los dos socios de Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, que mantienen tensiones al respecto.
Las pretensiones de Unidas Podemos de que se establezcan topes al precio del alquiler en la Ley de Vivienda choca con la propuesta del ministro competente, José Luis Ábalos, de que esa regulación se lleve a cabo mediante incentivos fiscales.
En esta propuesta elaborada por la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 aprobada este martes por el Consejo de Ministros se recoge también que será un "aspecto esencial" de la ley de Vivienda dar garantías, en un procedimiento de desahucios, de que los afectados disponen de una vivienda alternativa.
Contratación indefinida
Por otro lado, en materia laboral, se incluye garantizar que "la contratación indefinida con un adecuado nivel de protección sea el instrumento principal" de los contratos y establecer las condiciones para asegurar "empleos dignos" y aparcar la precariedad.
El objetivo es que Iglesias presente en julio ante la ONU este plan para los próximos diez años que identifica ocho grandes retos de país: acabar con la pobreza y la desiguadad, la emergencia climática y ambiental, cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, superar las ineficiencias de un sistema económico concentrado y dependiente, poner fin a la precariedad laboral, revertir la crisis de los servicios públicos, poner fin a la injusticia global y revitalizar el medio rural.
