El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido este jueves a Pere Aragonès una Agencia Tributaria catalana independiente a cambio de que no haya referéndum. Esta oferta de trocear la Agencia Tributaria (AEAT) la ha avanzado el propio Sánchez, sobre una negociación que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, viene negando, y que el pacto de investidura entre PSOE y Junts ya recoge que se va a producir, para desarrollar un Cupo en el que se les cederá el 100% de impuestos recaudados en Cataluña.
La Generalitat está trabajando en su Agencia Tributaria catalana independiente en base a un desarrollo del Estatut, según desveló Vozpópuli el 5 de diciembre, para la que negocia el traspaso de 300 inspectores de Hacienda. Con el fin de asumir el 100% de impuestos pacta un "consorcio", un traspaso de los medios humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, con cerca de 4.000 empleados.
"El Estatut de Autonomía recoge la opción del desarrollo de la Agencia Tributaria [catalana]. Estamos dispuestos a trabajar en ello", ha manifestado Sánchez antes de reunirse con el president en el Palau de la Generalitat.
El problema al que se enfrenta la Generalitat es que no tiene medios humanos ni técnicos ni el acceso a datos de contribuyentes para desarrollar un plan que además provoca gran contestación y alarma entre inspectores de Hacienda del Estado y en distintos sectores. Para solventar este problema, ya trabaja en dos vías: atraer inspectores de Aragón y recuperar un programa de formación y becas con La Caixa.
En pleno desafío del 1-O de 2017, el Govern intentó reclutar inspectores del Estado para las filas de la Agencia Tributaria de Cataluña -agencia constitucional que también tienen otras comunidades dedicada a los impuestos cedidos de Patrimonio, Sucesiones e ITP-, como paso previo a independizar el organismo, plan que fracasó por inviable y que el 155 tumbó.
Lo que ahora pretende la Generalitat para aterrizar su plan es que se produzca un traspaso o fusión, según trasladan fuentes conocedoras, que la Agencia Tributaria de Cataluña asuma los medios humanos y técnicos de la Delegación de la AEAT en Cataluña, cerca de 300 inspectores y unos 4.000 empleados.
De entrada no sería independiente sino lo que denominan un "consorcio". Una vez que este ente "consorciado" funcione, entonces se procedería a que se independizara.
El principal escollo es el de los medios humanos. En Rodalies, el ejemplo que maneja la Generalitat, la cuestión relativa a los funcionarios estatales se ha solventado ya al ofrecérseles el mismo estatus a los que se queden en Cataluña. En el caso de la AEAT, reconocen que es un poco más delicado, ya que apenas hay inspectores y funcionarios catalanes, los estatales son de otras comunidades y están de paso. Es difícil hacer una Agencia con gente de paso y puede tener incidencia en la inspección a empresas.
Este problema ya lo abordó Josep Borrell cuando era secretario de Estado de Hacienda a finales de los años 80. Quiso dar una perspectiva de estabilidad, y se acordó con La Caixa dar formación y becas. Esta iniciativa decayó con el enfrentamiento entre la entidad y el Fisco por el caso de las primas únicas.
Otra vía en la que se está trabajando es la de atraer inspectores de Aragón, una de las comunidades en las que hay más opositores y a los que la Generalitat piensa que puede interesarles mudarse a Cataluña.
Un recorte de 19.000 millones
En paralelo, Marta Espasa, secretaria de Hacienda de Cataluña, prepara un informe sobre la financiación singular que se pretende que se otorgue a Cataluña y que va a ser revisado ya a principios de enero. La consellera, Natàlia Mas, avanzó a La Vanguardia: "La solidaridad puede situarse entre el 2 y el 4% del PIB, no en el 10% actual", lo que en los cálculos de la Generalitat puede suponer un recorte de cerca de 19.000 millones en lo que aporta Cataluña.
Sánchez ha quitado hierro este jueves en Barcelona a la singularidad que se negocia con Cataluña y ha dicho que "todo es singular", la situación de cada comunidad lo es. "Unas más que otras", trasladan fuentes próximas a la Generalitat, que creen que no puede compararse el conflicto que ven en Cataluña con La Rioja.
Montero anunció el 11 de diciembre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que en enero se empezaría a reunir "bilateralmente" con las comunidades para explicar la condonación de la deuda de 15.000 millones a Cataluña pactada por el PSOE y ERC por si se quieren acoger a un mecanismo proporcional. Una negociación que Sánchez ha denominado este jueves "multilateral".
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) es muy consciente de que el germen de este proyecto está en el Estatuto de Cataluña de 2006, que le abre la puerta. No sólo en su primera versión del Parlamento de Cataluña más extrema, sino en la que aprobó el Parlamento español y en el texto definitivo tras la sentencia del Tribunal Constitucional.
El germen: el Estatut
El texto inicial aprobado por el Parlamento de Cataluña y que negoció el PSC establecía que la Generalitat tenía responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña, lo que no salió adelante.
El texto definitivo establece, en línea con la Constitución, que existen tres bloques de tributos: los propios de las comunidades y los estatales cedidos totalmente, como Patrimonio y Sucesiones; los estatales cedidos parcialmente, como el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, respecto de los que el Estado cede a las CCAA un porcentaje, y los tributos estatales no cedidos, como Sociedades, en los que las CCAA no tienen ninguna participación.
En cuanto a las competencias de gestión, el Estatuto estipula que corresponde a la Generalitat, mediante una Agencia Tributaria, la gestión de los tributos propios y de los tributos totalmente cedidos, y corresponde al Estado la gestión de los tributos cedidos parcialmente, si bien se contempla la posibilidad de delegar funciones en la Generalitat y el establecimiento de una colaboración, cuando así lo exija la naturaleza del tributo.
Así lo plantea el artículo 204 del Estatut, que dice que para desarrollar esto, "se constituirá, en el plazo de dos años, un Consorcio o ente equivalente en el que participarán de forma paritaria la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de Cataluña. El Consorcio podrá transformarse en la Administración Tributaria en Cataluña".
El problema surge porque en la Ley de creación de la Agencia Tributaria de Cataluña la disposición adicional decimocuarta compromete a la Agencia catalana a convertirse en un futuro en la única Administración Tributaria de Cataluña.
Así pues, se concibe la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña como primer paso para volver a las pretensiones iniciales de lograr una soberanía e independencia fiscal que no está prevista en la Constitución, ni en el texto del Estatuto aprobado.
Los inspectores, sin respuesta de Hacienda
Siendo todo esto cierto, desde IHE se advierte de que el artículo 138 de la Constitución, que estipula que "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad" consagrado en el artículo 2, velando por el establecimiento de un "equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español", establece en su segundo punto que "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".
La Asociación de inspectores pidió el 6 de diciembre una reunión urgente al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y a la directora de la AEAT, Soledad Fernández Doctor, según avanzó Vozpópuli, sin que haya habido respuesta. En la carta en la que reclaman el encuentro, advierten de que llevarán a cabo "todas las acciones legales pertinentes para impedir que esto [trocear la AEAT] suceda".
Ana de la Herrán, presidenta de IHE, avisa de que la ruptura de la Agencia Tributaria es un "gravísimo error" por atentar contra la igualdad de todos los españoles en la Constitución y poner en riesgo la lucha contra el fraude y la eficacia de la gestión y recaudación.
Recuerda que el sistema de financiación común está regulado en la LOFCA y que introducir una financiación diferente para una comunidad autónoma es un "fraude de ley". "Introducir una financiación distinta en la ley que que regula la común por el voto de siete diputados" se lo parece, ante la formula que se maneja de añadir una disposición con una financiación singular para Cataluña. "Si se quiere hacer un cambio de este tipo, que reformen la Constitución", remacha.
