La cesión de un cupo a Cataluña dinamita el sistema de financiación y obligará a Madrid a sostener al resto de CCAA

El Cupo que el PSOE se ha comprometido a negociar con Junts supondrá la voladura del sistema de financiación autonómica y obligará a la Comunidad de Madrid a sostener al resto de comunidades autónomas. Una carga que Madrid ya soporta en una parte no pequeña pero que se le trasladaría en casi su totalidad y que los expertos a los que ha consultado Vozpópuli creen que le será imposible asumir.

En todo caso, el sistema queda dinamitado de manera formal y en su fondo con esta iniciativa. En la Constitución sólo se reconoce el modelo propio de País Vasco y Navarra y el sistema de financiación se construye sin ellas. Su objetivo, la igualdad del resto de territorios, que todas las comunidades garanticen a sus ciudadanos los servicios públicos en las mismas condiciones. Para lograrlo, contempla una serie de trasferencias tanto verticales, desde el Estado a las regiones, como entre los mismos territorios, donde los más ricos aportan más de lo que reciben y viceversa. Madrid, Cataluña y Baleares son las aportadoras netas por ser las que tienen más PIB, pero el peso lo llevan especialmente Madrid y Cataluña.

"Madrid no puede sostener a todas las que quedan sola" advierte José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la UCM, que ya veía el sistema amenazado con la condonación de 15.000 millones de deuda a Cataluña la semana pasada por suponer el inicio de una relación bilateral y de una especie de Cupo y que este jueves ha elevado todas las alarmas.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, advierte de que la propuesta de un Cupo "no es un compromiso formal del PSOE". Con todo, está incluida en un pacto que firman los dos partidos y se va a negociar. De concederse, De la Torre advierte de que "el sistema de financiación autonómica queda herido de muerte salvo que la compensación o Cupo que pague Cataluña al Estado sea muy superior a la que aportan País Vasco y Navarra".

Asimismo, De la Torre advierte de que la cesión del 100% de los impuestos recaudados en Cataluña supone "el fraccionamiento de la AEAT, con deescordinación, más costes y riesgos para la lucha contra el fraude". Y avisa de que supone no sólo cederle los impuestos que están en el sistema de financiación, sino el Impuesto sobre Sociedades, que no lo está, lo que ve difícilmente sostenible.

Y es que el pacto que han firmado el PSOE y Junts contiene la cesión del 100% de los impuestos pagados en Cataluña y un Cupo, que el PSOE se compromete a negociar. La primera supone trocear la Agencia Tributaria (AEAT) y la creación de una Agencia Tributaria Catalana independiente, lo que ya apunta a un Cupo como el vasco. Este Cupo se desarrollará además mediante "una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula e excepción de Catalunya que reconozca la singularidad".

Acuerdo PSOE - Junts by Vozpópuli on Scribd

El relato victimista de Cataluña sobre su lugar en el sistema de financiación no se cumple desde ningún ángulo. Ni está entre las más perjudicadas ni es la que más aporta. Según el informe de Fedea La liquidación de 2021 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común publicado el 7 de agosto, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que registraron en 2021 un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media.

Si la financiación media relativa por habitante ajustado es 100, los índices de estas autonomías son 90,8, 92,1, 94,3 y 95, respectivamente. Cantabria, Baleares, La Rioja, Extremadura y Canarias están en el otro extremo de la lista, con un índice respectivo del 115,3, 114,6, 112,7, 110,9 y 107,1. Madrid (102,1) y Cataluña (101,7) están en la media.

En este mismo trabajo de Fedea, se constata que, entre las tres únicas aportadoras netas, las comunidades con mayor renta per cápita, Madrid puso 6.313 millones de euros al sistema, por 2.168 millones de Cataluña y 334 de Baleares, a pesar de que Cataluña tiene un millón más de habitantes que Madrid.

Las comunidades receptoras recibieron recursos por encima de sus ingresos tributarios por un importe 20.000 millones de euros. Unos 11.000 millones proceden del Estado y 9.000 de Madrid, Cataluña y Baleares. Estas aportaciones suponen en torno a un 8% de los ingresos tributarios autonómicos en Baleares, un 9% en Cataluña y un 24% en Madrid.

Las cantidades que reciben las comunidades beneficiarias suponen más del 20% de los ingresos tributarios en diez de ellas. En Extremadura son más del 40% y en Canarias, del 50%.

¿Un Cupo del 19%?

Las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra recaudan e ingresan sus impuestos. El Cupo o Concierto lo pagan al Estado en base a lo que teóricamente se gasta el Estado en beneficio de ellas en competencias estatales exclusivas, en las competencias no transferidas, por las amortizaciones de la deuda pública y por el Fondo de Compensación Interterritorial. A ello se aplica un 6,24%, calculado en 1981 en relación al peso de País Vasco en el PIB general (del 1,6% en el caso de Navarra). Cabe recordar que Cataluña supone el 19% del PIB nacional.

Se trata de un modelo que Miquel Roca y Jordi Pujol rechazaron en la Transición y que el Pacto del Majestic, suscrito con Aznar, no quiso considerar. Tampoco lo hizo el Parlament en las dos ocasiones que lo abordó. No se planteó hasta 2012, cuando Artur Mas le exigió a Mariano Rajoy el llamado pacto fiscal.

Sobre el papel, el modelo puede gustar más o menos; pero aplicado con transparencia, tiene sus riesgos en épocas de crisis y de caída de ingresos.

La cuestión es que en la práctica, el Cupo vasco ha sido muy beneficioso para el País Vasco y la financiación por habitante duplica la media de las comunidades de régimen común. No es ya el modelo, sino cómo se calcula; una fórmula que se desconoce, según denuncia Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea y uno de los mayores expertos en financiación autonómica.

"El sistema es totalmente opaco. Cada X años nos dan un único número, la cuantía del Cupo o de la aportación, que en principio corresponde a lo que les toca pagar a las comunidades forales por los gastos comunes que corren a cargo del Estado. Pero nunca se publican los detalles de su cálculo o su desglose por conceptos", explica.

"Por tanto, es imposible saber lo que las Haciendas forales aportan para financiar el déficit del sistema contributivo de pensiones, o cualquier otra cosa. No hay forma de saber por qué pagan y por qué no, o de comprobar si la valoración de las "cargas no asumidas" es razonable. Es imprescindible una mayor transparencia", añade.

A todo esto se suma que el Cupo se renueva religiosamente cada cinco años, y en el intermedio se actualiza, según el crecimiento de la recaudación del Estado de impuestos concertados con el País Vasco y lo que se plantee en las negociaciones a puerta cerrada, que el Parlamento no puede cuestionar. Mientras, las comunidades de régimen común tienen el sistema de financiación autonómica caducado desde 2014. Y algunas están especialmente discriminadas.

Una Agencia Tributaria independiente

Junts vuelve a la carga ahora también con la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), un proyecto que trató de poner en marcha la Generalitat en 2017, y que fracasó y que el 155 tumbó. La diferencia es que ahora está en un pacto de investidura y legislatura con el PSOE.

En 2017, a partir de la Agencia Tributaria de Cataluña que ya existe como en otras comunidades con sus agencias regionales y que se dedica a gestionar los impuestos propios y cedidos, se intentó crear una estructura promocionando a técnicos de Hacienda a inspectores de una Agencia Catalana integrante y a la vez escindida de la constitucional. Ni el sueldo ni los incentivos ni la promoción exprés consiguieron enrolar en la misión a más de 10 funcionarios.

Tampoco llegó a buen puerto el intento de recaudar los impuestos estatales, a pesar de que se empezó por 500 empresas públicas en las que participa la Generalitat.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha alertado del "gran riesgo", del "peligro" y de las "consecuencias gravísimas" de que se cree una Agencia Tributaria y un cupo catalanes, unas reivindicaciones que señalaba hace apenas 15 días en su congreso celebrado en Burgos que se estaban planteando en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. Denuncian que atentaría contra la igualdad de todos los españoles en la Constitución y también pondría en riesgo la lucha contra el fraude y la eficacia de la gestión y recaudación.

Este jueves han publicado un comunicado en el que expresan su "rechazo frontal y absoluto" a los acuerdos en los que "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual, en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera".

Todo esto se hace, recuerdan, "bajo el reconocimiento de un singularidad histórica, que no queda ampara en nuestra normal fundamental". La cesión de todas las competencias de la AEAT "implica sin lugar a duda, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución, permitiendo la existencia, por la vía de hecho, de Comunidades Autónomas de primera y Comunidades de segunda, así como la vulneración de la interdiccion de la arbitrariedad de los poderes públicos, consagrada en el artículo 9 de la Carta Magna".

Como todo esto se hace para conseguir unos votos para ser investido presidente del Gobierno, "los acuerdos conllevan, implícitamente, el abuso de poder y de las instituciones del Estado que tienen como único fin servir a los intereses generales de TODOS los españoles, y derivan en un trato de favor, sin ningún amparo legal", subrayan los inspectores.

Por último, IHE hace un "llamamiento URGENTE a la recuperación de la racionalidad y del sentido común [...] y a la búsqueda de consensos políticos estables que logren la unidad, se alejen de la confrontación y representen a la gran mayoría de la Nación española".