Feijóo y el reto de acabar con la España de las 'paguitas'

"La mayor debilidad de España es no tener presentes las fortalezas que poseemos y la falta de unidad para abordar los grandes retos comunes". La cita pertenece al ensayo La Alternativa. En una sola frase, el economista Rafael Pampillón y el jurista José María Beneyto resumen el reto de altura que aguarda a Alberto Núñez Feijóo, si los electores le otorgan este domingo la presidencia.

El gran desafío del político gallego es potenciar la transformación que necesita la economía española, cercenando vicios y soltando lastres, aunque ello implique tomar decisiones políticas dolorosas. De su capacidad para lograrlo dependerá que pase por la historia como un presidente más o como el líder que merece España.

Aunque ni los propios españoles se lo crean, este país afronta una oportunidad envidiable para convertirse en una potencia. Para ser una locomotora y no un vagón de cola. De entrada, España está muy bien posicionada para aprovechar la transformación industrial que acarrearán las nuevas formas de energía. La producción de hidrógeno renovable o la fabricación de baterías para vehículos eléctricos son sólo un par de ejemplos de actividades que moverán inversiones millonarias y que generarán infinidad de empleos cualificados.

Nuestro país ya tiene el know-how, con multinacionales conocidas y otras empresas 'anónimas' que llevan años conquistando mercados. Ahí radica una de esas "fortalezas" que el Gobierno de Pedro Sánchez -tampoco el de Mariano Rajoy- han sabido -o querido- ver. "Necesitamos un plan estratégico de país, acordado por los principales partidos, que sirva para reducir la actual crispación y que permita construir cimientos sólidos sobre los que apoyar el crecimiento económico de la próxima década", reflexionan Pampillón y Beneyto en su ensayo.

Sólo un presidente verdaderamente aguerrido será capaz de remover los "cimientos" que más se tambalean hoy. La educación, el mercado de trabajo, el sistema de pensiones o el andamiaje del Estado son algunos ejemplos. Todos exigen reformas profundas, que sólo serán efectivas y duraderas si hay consenso político.

Empezando por lo último, la economía pide a gritos un aparato administrativo más eficiente, sin duplicidades, con menos normativas y cargas burocráticas. Hincar el diente a las administraciones conlleva, irremediablemente, recortar gastos. Es imprescindible suprimir organismos autonómicos, unificar entes locales, despedir asesores y ajustar plantillas. Y ello acarrea un desagradable coste político.

España se ha convertido en un inmenso edificio donde lo privado soporta la inmensa carga de lo público. Los economistas Lorenzo Bernaldo de Quirós y María Gómez Agustín calculan que "la España pública cuesta, como media, 1.592,5 euros por mes a cada trabajador del sector privado español". La cifra procede de dividir el gasto que supone pagar a pensionistas, parados y empleados públicos, entre los ciudadanos que viven de una nómina privada.

España se ha convertido en un inmenso edificio donde lo privado soporta la inmensa carga de lo público: 1.592,5 euros por mes a cada trabajador

Ambos economistas son especialmente críticos con la "España subvencionada" y ponen el acento en un viejo círculo vicioso: cualquier político que desee "ganar las elecciones" tiene "una tentación irresistible" de seguir alimentando el monstruo público. "El Estado español se ha transformado en un gigantesco mecanismo de transferencia de rentas que extrae cada vez más recursos de sus sectores productivos", advierten en un informe publicado por el Insitituto de Estudios Económicos (IEE).

Quienes defienden gastar el dinero público con menos alegría y más eficiencia no plantean restar derechos a funcionarios, parados o pensionistas, pero sí acabar con esa España erróneamente "subvencionada". La España eterna de las 'paguitas', que alienta con ayudas artificiales el conformismo colectivo y desestimula la ambición personal.

El 'deber' de Feijóo

"Equiparar la calidad de la gestión pública con el volumen de gasto empleado es una visión tan reduccionista como errónea", apunta -también en La Alternativa- Gregorio Izquierdo, director general del IEE. El economista lanza un recordatorio que debería anotar Feijóo: despilfarrar el dinero de todos es, además de irresponsable, anticonstitucional. Izquierdo cita el artículo 31.2 de la Constitución, que insta a los gobernantes a realizar "una asignación equitativa de los recursos públicos" y a ejecutarlo en base a "criterios de eficiencia y economía".

A ojos de los economistas, intervenir sobre el gasto es tan vital como volcarse decididamente con la iniciativa privada, facilitando la inversión. Como recuerda en su último informe Equipo Económico, se trata de recuperar "el protagonismo de la iniciativa empresarial y el emprendimiento como dinamizadores de la actividad". Esta opción contribuiría a "devolver a la economía española los niveles de confianza y de protagonismo internacional tan necesarios para volver a una senda de crecimiento y creación de empleo sostenida en el tiempo".

Hay empresarios que lo llevan reclamando desde hace demasiado tiempo. El presidente de Mercadona, Juan Roig, es un buen exponente. Es verdaderamente desalentador que el fundador de la compañía con la mayor plantilla de España tuviera que justificar en su última comparecencia anual por qué los beneficios empresariales son buenos para la sociedad. "Los empresarios, los directivos y los trabajadores a través de la empresa, somos los que generamos riqueza en el país. El bienestar de la sociedad dependerá del número de empresarios honrados que exista", recordó.

Confiar a la fuerza empresarial el relanzamiento de la economía obligaría a ejecutar reformas sensibles, con la educativa, la laboral y la fiscal a la cabeza. El conjunto de todas ellas allanaría el camino a una reforma peliaguda más: la de las pensiones. Porque si algo necesita la Seguridad Social son más cotizantes que coticen cada vez más, algo difícil de materializar si no se promueven empleos más cualificados con mejores salarios. Algo irrealizable si el modelo productivo no evoluciona desde los servicios hacia actividades con mayor valor añadido.

El programa electoral con el que el PP concurre hoy a las elecciones se titula: "Un proyecto al servicio de un gran país". Parece evidente que el líder popular es consciente de esas "fortalezas" de España. La gran incógnita es si tendrá agallas para acometer un "proyecto" verdaderamente transformador. A Feijóo le ha llegado la hora de la verdad.