Publicado: 09/04/2023 04:45
Actualizado: 09/04/2023 04:50
La cifra es tabú para los dos grandes partidos políticos españoles. Hace una década que una comisión parlamentaria puso sobre la mesa la cifra de funcionarios que sobran en España: 370.000 empleados públicos, distribuidos en los tres niveles de la administración. Ni el PSOE de Pedro Sánchez ni el PP de Alberto Núñez Feijóo están dispuestos a abordar un asunto tan espinoso; máxime en un año en el que compiten por controlar ayuntamientos, autonomías y, por encima de todo, el Estado.
La última medición de los empleados públicos 'prescindibles' la hizo la Comisión para la Reforma de la Administración Pública (CORA). La cifra la repescó recientemente el Círculo de Empresarios, en un compacto informe elaborado junto a Equipo Económico (Ee). La CORA presentó en 2013 más de 200 propuestas concretas de actuación. Una de ellas apuntaba a la reducción de esos 370.000 empleados públicos. Diez años después, la evolución del mercado laboral permite concluir que la cifra, lejos de decrecer, ha aumentado.
Por eso mismo, y porque estamos en año electoral, el Círculo de Empresarios ha intentado reabrir el debate sobre la eficiencia de las administraciones. Con poco éxito a nivel institucional, habida cuenta de que ni Moncloa ni los ministros económicos han querido recibir a los autores del informe.
El recelo ante el asunto es tal que hasta la página oficial del Palacio de La Moncloa hace referencia a la CORA y expone supuestos avances que chocan con la realidad y con las estadísticas independientes. Tras recordar que esta Comisión hizo "una exhaustiva radiografía de la Administración, realizada por profesionales de la propia Administración", el Gobierno se atribuye el mérito de haber metido la tijera. "Desde el inicio de la legislatura se ha corregido el crecimiento artificial del empleo público del periodo anterior. El empleo público (gracias a una tasa de reposición 0, salvo en sectores prioritarios; y sin recurrir a despidos) se ha reducido en 379.100 trabajadores (-11,5%)", señala Moncloa en su web.
El Ejecutivo habla, 'casualmente', de una cifra prácticamente idéntica a la que identificó en su día la CORA. Sin embargo, las cuentas oficiales chocan frontalmente con el recuento del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la Encuesta de Población Estadística (EPA), a lo largo de la legislatura, el número de empleados públicos ha aumentado en 408.000, desde los 1,74 millones de 2018 a los casi 2,1 millones actuales. La mayor parte de ese incremento obedece a la fiebre empleadora de las comunidades autónomas, que han agrandado sus plantillas en 317.000 personas.
El patrón es idéntico al de la última década. De poco sirvió el trabajo de la CORA, en vista de que hoy día hay más de medio millón de empleados públicos en comparación con 2018. Las autonomías siempre han actuado como locomotora. Los gobiernos regionales han engordado sus plantillas en 413.000 trabajadores. Los ayuntamientos también han aportado su grano de arena, con 111.000 asalariados públicos más.
La Administración Central es la única que ha hecho algunos deberes. En la actualidad, según la EPA, cuenta con 524.600 empleados, frente a los 537.500 de 2012. Su plantilla también se ha recortado en 10.400 desde el inicio de la legislatura.
Durante este periodo, el ratio de asalariados públicos frente a los privados ha pasado de 3,7 a 3,9. Otro indicador que evidencia el nulo esfuerzo por reducir el peso de las administraciones. Según el mencionado informe del Círculo de Empresarios, el peso del sector público en el PIB rondaba el 20% en 1970. "En 1980 alcanzó el 33% y a finales de los años 80 se situó por encima del 40%. Actualmente, ha alcanzado su máximo y se sitúa por encima del 50%", señala el documento. Entre 2002 y 2021, añade, "España ha pasado de tener el 15,5% de empleados públicos sobre población ocupada al 17%, a pesar de los avances tecnológicos y la mayor colaboración con empresas privadas en la prestación de servicios.
Más funcionarios por las duplicidades
Buena parte del incremento se debe a las duplicidades. "La estructura administrativa de la administración central no se ha suprimido al hacerse la transferencia de competencias hacia las CCAA", recuerda el mismo informe. Otras tienen que ver con "la prestación atomizada de servicios municipales en numerosos ayuntamientos que podrían recurrir a fórmulas de cooperación (mancomunidades)".
En esa tesis coincide plenamente el Instituto de la Empresa Familiar, que agrupa a compañías más que acostumbradas a manejar grandes plantillas y presupuestos (Mercadona, Gestamp, Antolín, Iberostar o Barceló). "El proceso de descentralización de competencias en España ha supuesto en muchos casos la creación de estructuras administrativas en áreas ya cubiertas por otras administraciones, generando actuaciones redundantes y mayor complejidad administrativa", señala en un informe publicado en 2017.
El Instituto de Estudios Económicos también cuantifica la 'grasa' sobrante: España podría ahorrar hasta 60.000 millones de gasto público apostando por una mayor eficiencia. ¿Cómo? "A través de la conjunción de diversos enfoques entre los que destacan las rediciones de cuentas permanentes, la evaluación constante de las políticas públicas, la colaboración público-privada y la corresponsabilidad fiscal", señalan desde el organismo.
El Círculo de Empresarios da algunas ideas de por dónde meter la tijera. Un ejemplo claro es la maraña de "entes e instituciones parapúblicas". Lo ha contado en Vozpópuli Francisco Núñez: sólo las administraciones locales cuentan con una red paralela de 4.291 entes dependientes, mucho más difíciles de controlar y aptos para la práctica del 'enchufismo'. El estudio del Círculo incide, precisamente, en ese ámbito y propone eliminar ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo: constituir mancomunidades, áreas metropolitanas o comarcales alrededor de municipios de mayor tamaño "para mejorar la capacidad de compra y obtener economías de escala".
En línea con ese planteamiento está la reestructuración de las diputaciones y, por supuesto, la supresión de los entes más improductivos, que generan mucho gasto y escaso beneficio. Todas las recetas pasan por aligerar la nómina de empleados públicos. Lo saben perfectamente en Moncloa y son igual de conscientes en Génova. A estas alturas, nada hace presagiar que PSOE o PP se atrevan a ponerle el cascabel al gato.
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Para Mi La Cifra De 37 Mil Se Queda Muy Corta Sobran Muchisimos Mas,para Que Tanto Funcionario Inacapaces De Hacer Su Trabajo Visto Los Resultados Que Estan Dando Para Mi Con La Mitad De Los Que Hay Si Cumplieran Con Su Trabajo El Resto Sobran,pero Sanchez Los Necesita Para Seguir En Moncloa Total A El Le Da Lo Mismo Que Undan EspaÑa
No nos dejemos engañar por estos datos. Hacen falta funcionarios que trabajen y que nos den un servicio de calidad. Lo que esta sucediendo con este desastroso gobierno es que esta colocando a todos sus amiguetes y haciéndolos funcionarios sin oposición.
Pero el gran problema que tenemos son los politicos., coger cualquier gobierno de una CCAA y veréis lo que hay en cada consejería un montón de directores generales de 10 a 12 por consejeria, estos todos con personal de confianza puestos a dedo y todos con sueldos superiores a 60.000 euros . Están degradando a funcionarios para colocar a dedo y a los politicos les interesa que la gente este contra los funcionarios para tomar ellos el control de todo.
Sí, ahora vendrá el cuento de que los sueldos son mayores en la privada..., en fin.
Y no hablemos de la eficiencia de la administración pública. Eficiencia es mucho pedir, apenas hay tampoco eficacia... O sea, a menor rendimiento, mayores sueldos; y el año pasado 2 de cada 3 puestos de trabajo se crearon en la pública, así vamos y así lo pagaremos (como la deuda pública no es de nadie).
Resulta que todo es digital y cada vez hay más empleados públicos, que no funcionarios, y los últimos van a hacerse fijos sin oposición. Una locura por el exceso de burocracia inútil
Que digan ahora los empresarios cuántas subvenciones de las que cobran son prescindibles, porque entre empleados públicos y el capitalismo de amiguetes seguro que podemos ahorrar bastante
A ver cenutrio, la mayoría de las subvenciones son europeas y enfocadas a inversiones o mejoras, excepto las que el PSOE utilizó en los ERE que eran para amiguetes y compra de votos.
Y mientras, sobrando funcionarios, no son capaces ni de dar citas, e.g. el Registro Civil, respondió hace ya más de un mes (7 de marzo):
En relación con su correo electrónico, le comentamos que en los próximos días recibiremos instrucciones concretas y formularios respecto de su derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo recogida en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que se ha publicado recientemente en el BOE. Le ruego tenga un poco de paciencia a efectos del ejercicio de su derecho y le corroboro que no tendrá mayor problemática en su ejercicio. Tan pronto recibamos la información detallada de nuestro Ministerio en Madrid, nos pondremos en contacto con Usted para citarle a efectos de la comparecencia.
Y sigo esperando..
¿Para qué quieres una cita mientras no tengan instrucciones del ministerio? ¿Para que te digan en persona lo mismo que te han dicho ya por escrito? ¿Si el ministerio aún no les ha enviado instrucciones de quién es la culpa?
Pronto necesitaran un protocolo para hacer un protocolo. Poco nos pasa...tras entregar el timón a esta banda de fantoches.
"La democracia no puede subsistir si una gran parte de los votantes está en la nómina del gobierno [e.g. funcionarios]. Si los representantes elegidos ya no se consideran servidores de los contribuyentes, sino de los que reciben sueldos, dotes y subvenciones, la democracia está acabada."
~Ludwig von Mises
Estas son las dos clases sociales:
Los que pagan impuestos,
y los que viven de ellos, e.g. los funcionarios.
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"There are two distinct classes of men in the nation, those who pay taxes, and those who receive and live upon taxes."
~Thomas Paine, †1809
Pero es que además los de la administración central son los que menos cobran, por lo que el gasto en nóminas es mayor que antes. Al del ayuntamiento le pueden estar pagando mil euros más por su trabajo que al del Estado.
En educación (CCAA) se han disparado las plantillas porque ahora un profesor puede llegar a trabajar solo dos horas el día tal (de los pocos días que no están de vacaciones). Plantillas y sueldos sobredimensionados en institutos, innecesarios si tenemos en cuenta que para enseñar todos los años lo mismo y al nivel de instituto, no es un trabajo que necesite profesionales tan preparados como si fuera medicina.
Esos no son los funcionarios que sobran, son los que se necesitan como máximo para el funcionamiento de un país como España. El resto son los que sobran.