La España embargada y el marrón de las renovables que Sánchez ha multiplicado

No debe ser plato de buen gusto para los profesionales del Tesoro, ni para algunos funcionarios 'top' del Ministerio de Economía. Sobre sus espaldas recae la misión de mover en los mercados la deuda soberana española. Esta tarea implica dar la cara ante quienes tienen que calificarla y, por supuesto, ante quienes pueden comprarla. Y el presente no facilita, precisamente, la 'venta'. España es hoy cualquier cosa menos un ejemplo para los inversores internacionales, y no sólo porque tiene una deuda pública excesiva: para colmo, no paga lo que debe.

Las principales agencias de calificación (Moody’s, Fitch o S&P) son plenamente conscientes. Se lo han hecho saber los fondos que llevan años litigando contra el Estado por los cambios de retribución de las energías renovables. El marrón lo dejó el Ejecutivo de Mariano Rajoy sin medir las consecuencias. Recordemos: el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó unas primas de ensueño para promover fuentes, como la solar o eólica. El Gobierno de Rajoy, al que tocó comerse el rescate europeo, consideró disparatada la factura y tiró por la calle de en medio, aplicando un tajo radical a la retribución. 

De aquellos polvos vienen los actuales lodos. Los inversores se lanzaron en tromba a denunciar al Estado. Las cortes de arbitraje fueron dándoles uno por uno la razón, imponiendo compensaciones… que el Gobierno de Sánchez se niega a pagar ahora. La bola de nieve se ha hecho tan grande que sólo Venezuela supera hoy a España en el ranking de países morosos. Lo ha contado en Vozpópuli Alberto Sanz: ya hay ocho laudos impagados por valor de 700 millones y un reguero de litigios que supera el medio centenar.

Hasta el Banco Mundial ha sacado los colores al Gobierno, exigiendo que abone lo exigido en los arbitrajes. Mala tarjeta de presentación para un país obligado a lidiar con una deuda pública descomunal. En septiembre de 2022 superó por primera vez la barrera del billón y medio de euros, y el pasado febrero cerró con un nuevo récord (1,52 billones). La factura desbocada de las pensiones o la falta de voluntad para recortar el gasto superfluo explican, entre otros factores, por qué España tardará mucho más que otros países vecinos en recuperar los niveles de deuda prepandemia.

Sólo este año, el Tesoro tiene que colocar cerca de 257.000 millones de euros, sumando las nuevas emisiones (70.000 millones) y la refinanciación de los títulos en circulación. La rentabilidad exigida en las primeras operaciones del año ya alcanzó los niveles más altos en una década (casi un 3% para los bonos a 10 años).

Al Tesoro le queda un gran trabajo por delante en los próximos meses. A la incertidumbre que genera entre los inversores el año electoral, se suma el goteo de informaciones negativas que seguirán generando los pleitos de las energías renovables.

Pulsos por las renovables

No olvidemos que esos pulsos se libran en las principales plazas del mercado, como Londres o Nueva York. E incluso en la lejana Sidney, donde la Corte Suprema ha iniciado un proceso que puede culminar en el embargo de activos de la pública Navantia en suelo australiano. 

Eso es, exactamente, lo que ya está ocurriendo en Reino Unido. El Tribunal Superior de Londres aceptó a principios de este mes el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en la capital. Todo un bochorno para quienes trabajan en la institución. Y un apunte negativo más para quienes dan la cara en el Ministerio de Economía ante los inversores y las agencias de calificación de riesgos.

"Lo peor que nos puede pasar es que los inversores internacionales empiecen a percibir que España va camino de convertirse en una especie de Venezuela"

Tanto Moody's como Fitch o S&P conocieron hace diez días un hecho que prendió como la pólvora en los mercados y en la prensa: un fondo estadounidense (Blasket Renewable Investments) ha solicitado que se declare el 'default' de una partida de deuda española. Sus abogados esgrimen que los bonos españoles merecen tal castigo al ser emitidos por un Estado tan mal pagador.

El incendio, lejos de aplacarse, irá extendiéndose, a la vista de la lista de laudos pendientes de pago. El marrón de Rajoy que Sánchez ha multiplicado acabará en manos del próximo presidente. "Lo peor que nos puede pasar es que los inversores internacionales empiecen a percibir que España va camino de convertirse en una especie de Venezuela", asegura uno de los principales banqueros de inversión que operan en nuestro país. "En el fondo, eso es lo que percibió Rafael del Pino. Por eso se marcha Ferrovial.