Publicado: 10/07/2023 04:45
El nombre del Reino de España sigue siendo motivo de crítica por los famosos arbitrajes, tras la retirada de Mariano Rajoy de las primas de las renovables que concedió José Luis Rodríguez Zapatero. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos, considerada la “organización empresarial más grande del mundo”, ha redactado un escrito para animar a los tribunales estadounidenses a seguir batallando en favor de las empresas contra la estrategia de España de “no pagar ni un euro” de estas sentencias.
Este organismo, con un fuerte poder lobista en un país de gran interés para España y sus empresas, considera que permitir que España eluda esas obligaciones tiene “consecuencias desastrosas” para el comercio global. “La interpretación propuesta por el apelante (Reino de España) de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras (FSIA) conlleva consecuencias desastrosas para el arbitraje internacional de inversiones (y comercial)”, detallan en un escrito redactado el pasado jueves al Circuito del Distrito de Columbia.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos apoya de esta manera a los inversores de energía renovable que apostaron por las renovables al calor de las primas del Gobierno de Zapatero en 2007. Empresas como NextEra o 9Ren vieron vulnerado los derechos que protegía el Tratado de la Carta de la Energía cuando Rajoy los retiró seis años después. El Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, autorizó su indemnización en sus respectivos arbitrajes y ahora presionan para hacer cumplir estos laudos arbitrales por un total de 332 millones de euros.
“Las empresas estadounidenses participan habitualmente en transacciones comerciales transfronterizas con países y entidades de propiedad pública. El arbitraje proporciona un mecanismo importante y de uso frecuente para resolver disputas que surjan de esas transacciones”, asegura la Cámara a los tribunales ante esta vulneración del derecho internacional del Reino de España.
Esta organización presiona a la justicia de Estados Unidos para que preserve “la integridad del arbitraje de inversiones” y asegure que su país no “viole sus obligaciones de derecho internacional”. Los representantes de las empresas van más allá y aseguran que este caso puede poner en duda “fidelidad a las órdenes” de su Congreso y se debe solucionar para evitar un caos por la malinterpretación de la Ley de inmunidades soberanas extranjeras fuera malinterpretada. “Por las razones anteriores, además de las establecidas en la apelación, el Tribunal debe confirmar las sentencias”, concluye.
España trabaja con Bruselas
España, con el apoyo de la Comisión Europea, concentra sus esfuerzo en anular las indemnizaciones concedidas basándose en el principio de que son incompatibles con la legislación de la Unión Europea y, por tanto, constituyen una ayuda estatal ilegal.
Lena Sandberg, socia de Gibson Dunn, discrepaba en un reciente evento sobre arbitrajes en Bruselas de ese argumento explicando que "el único gancho que está utilizando la Comisión es el de que España olvidó una notificación" y que básicamente están utilizando un argumento artificial basado en un error de España para apoyar el impago". Sandberg continuó señalando que "todos los días se dictan sentencias de indemnización por daños y perjuicios" y que "éstas no pueden interpretarse como ayudas estatales".
Los expertos consideran que esta decisión de España amenaza seriamente a sus ambiciones de atraer inversiones extranjeras, su posición financiera internacional, y la calificación crediticia del país. Nick Cherryman, socio de Kobre & Kim, declaraba en el mismo encuentro de Sandberg que "España está socavando los bonos soberanos, afectando su propia credibilidad, con consecuencias directas sobre el pueblo español".
La comunidad internacional está subiendo el tono sobre este problema para el Reino de España, que acumula más de una década, y 'afilando los cuchillos' para activar la estrategia de embargos ante el inmovilismo español. La presión sube para que pague más de 10.000 millones de euros de indemnizaciones concedidas en más de 50 demandas de arbitraje por su eliminación retroactiva de estos incentivos a la inversión.
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Regalito que nos dejó el inútil Zparo porque no pensaba quedarse a pagarlo. Y ahora la solución tercermundista. El Ciadi es una institución a la que se someten voluntariamente los países como forma de manifestar que sus leyes son de fiar y que una vez recibida la inversión no la van a confiscar en plan República Culoafricana, que es exactamente lo que ha hecho la España de Sánchez. Luego a preguntarse por qué no llegan aquí las grandes fábricas de las nuevas tecnologías