La Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) que examinará la situación de Pedro Sánchez respecto al rescate de Air Europa por los vínculos de la mujer del presidente, Begoña Gómez, con la aerolínea, deberá inhibirse de sus propios nexos con el Ejecutivo. Y ello, para resolver el expediente "más comprometido de la historia de la oficina", en el que "van a estar todos movilizados" tras la denuncia interpuesta por el PP, según trasladan a Vozpópuli fuentes próximas al Ministerio de Hacienda bajo cuyo ramo operaba hasta diciembre.
Fue otro ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que estrenó este organismo bajo la dirección de Flor María López Laguna. El Gobierno de Sánchez la respaldó como directora tras llegar al poder en 2018, cuando consumó una reforma sobre el encaje de este órgano de supervisión en la Administración. Actualmente, López Laguna percibe una remuneración superior a los 100.000 euros anuales por su cargo de directora de la oficina.
La Cartera que encabeza María Jesús Montero designó en convocatoria de "libre designación" en 2022 a las dos cabeceras que completan el organigrama actual: las de la Subdirección General de Régimen de los Altos Cargos y la Subdirección General de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos.
Hacienda conforma la Oficina de Conflictos de Intereses
Para la primera de ellas, Hacienda confió en María Maldonado Abadía, a la que el mismo Gobierno de Sánchez había acercado al ministerio de Política Territorial y Función Pública en 2018. Funcionaria de carrera, Maldonado procedía entonces de la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual.
En 2019, Maldonado fue nombrada Subdirectora general de Recursos, Publicaciones y Documentación en la Secretaría General Técnica de la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública. Ya entre 2021 y 2022, estuvo vinculada a la OCI en el área de Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos.
La figura que completa el círculo de la cúpula actual es la de Julio Serrano Rafael, al que la actual subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque Sosa, nombró subdirector General del Régimen de Incompatibilidades de los Empleados Públicos en febrero de 2022.
Según pudo confirmar este medio, Serrano llegó a ese puesto después de ejercer como subdirector de Relaciones Institucionales y Transparencia de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, en la que empezó a actuar como apoderado solidario en el año 2019. Esto es, poco después de la designación en 2018 como presidente de la empresa pública de Juan Manuel Serrano Quintana, amigo personal, hombre de confianza, ex chófer y ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.
En la práctica, Serrano Quintana llegó a ser presidente de Correos sin mayores antecedentes que los de haber sido el jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español que lideró el mismo Sánchez antes de llegar a la Presidencia del Gobierno.
Críticas de la Comisión Europea y TJUE
Que la Oficina tenga que mejorar su independencia es también una tesis defendida por la misma Comisión Europea. En su último informe sobre el Estado de Derecho en España, del pasado mes de julio, advierte de las carencias de este organismo, ahora adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública.
El documento pone de relieve las limitaciones de la Oficina en cuanto a la lucha contra la corrupción, así como también otras deficiencias. "Las normas sobre conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración no se aplican suficientemente", dice el informe.
"Aunque tanto el GRECO como el Informe sobre el Estado de Derecho en 2022 hacían referencia a la necesidad de reforzar la independencia y la autonomía de la Oficina de Conflictos de Intereses, las normas que rigen su independencia y autonomía permanecen inalteradas", apunta la Comisión.
Precisamente este jueves el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha publicado una sentencia, asunto C-291/22 P | D & A Pharma/Comisión y EMA, que concluye que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) debe velar por que los expertos a los que consulte no estén en situación de conflicto de intereses.
Isaac Ibáñez, abogado, señala que la sentencia subraya que "un miembro del grupo de expertos consultado por el Comité de Medicamentos de Uso Humano se encontraba en situación de conflicto de intereses, lo que viciaba sustancialmente el procedimiento".
En febrero de 2023 el TJUE respaldó inhabilitar a cargos públicos un tiempo limitado si vulneran normas de conflicto de intereses.
Si la Oficina de Conflictos de Intereses aprecia irregularidades, el presidente del Gobierno podría ser inhabilitado entre cinco y diez años. El PP, que ha presentado la denuncia, ha planteado que una vez conocida la decisión, estudiarán dar traslado a la Fiscalía una posible responsabilidad penal de Sánchez, lo que podría suponer que el caso llegue al Tribunal Supremo.
