La denuncia del PP a Begoña Gómez ante la OCI: una vía inédita, de futuro incierto y con 30 días para contestar

La denuncia interpuesta por el PP contra Begoña Gómez ante la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI) supone abrir una vía jurídica inédita, jamás explorada en 45 años de democracia. Nunca el principal partido de la oposición había pedido auditar la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno. Tampoco nunca una primera dama –figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico– había dado motivos para ello. En Génova lanzan socarronamente que Moncloa tiene en la mano un ejercicio de transparencia sin precedentes. Y que la información solicitada, si bien infrecuente en España, es más que habitual más allá de los Pirineos.

Unos hechos conocidos, otros que solicitan investigar, un organismo autónomo –si bien dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública– y la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Esas son las armas que tiene el PP para disparar su "bala de plata", según denominaban este miércoles la jugada a Vozpópuli fuentes de Génova. Un gambito de dama que busca un jaque mate a Pedro Sánchez. La norma citada, no en vano, contempla para los hechos denunciados por el PP una pena de inhabilitación de entre cinco y 10 años.

Los populares alegan en su denuncia, presentada este jueves telemáticamente ante la OCI y a la que ha tenido acceso este periódico, que "los intereses personales, de naturaleza económica y profesional" de Begoña Gómez "se veían beneficiados" por determinados acuerdos del Consejo de Ministros. ¿El motivo? La relación profesional de Gómez con el Grupo Globalia, el holding al que pertenece Air Europa, una compañía para cuyo rescate se "comprometieron 795 millones de euros de dinero público".

El PP afirma vehementemente que Sánchez se tendría que haber abstenido de las deliberaciones y votaciones relativas al caso por la "relación económica y profesional" de la aerolínea con su esposa. La OCI tiene ahora 30 días para resolver la denuncia, habida cuenta que, de no hacerlo, incurriría en silencio administrativo. Entre 2014 y finales de 2023, la Oficina sólo ha ejecutado 10 expedientes similares.

La resolución, además, podría ser recurrida ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Hablamos de un órgano directivo dependiente del ministerio dirigido por José Luis Escrivá y que, creado en 2006, sólo ha tenido una directora: Flor María López Laguna. Una mujer que, por tanto, fue elegida bajo el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, permaneció en su cargo con Mariano Rajoy y, casi seis años después de la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, no ha sido relevada. Se trata, además, de una funcionaria, no de una política. Una mujer nada sospechosa de militancia.

"El responsable de subir el tono"

En el PP perciben a Sánchez "nervioso" por este hecho más que por ningún otro relativo al 'caso Koldo'. Dos investigaciones unidas por la presencia de Víctor de Aldama, el empresario considerado por la Guardia Civil como cabecilla de la trama de mordidas en la venta de mascarillas a la Administración durante la pandemia, también presente, junto al exministro José Luis Ábalos y su chófer, Koldo García Izaguirre; en el Aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020. Es el día del célebre encuentro con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, destapado en exclusiva por este periódico y que el PP también pide investigar.

Se trata, pues, no de dos casos, sino de un triángulo de sospechas con De Aldama como eje que el propio Alberto Núñez Feijóo señaló este martes en una entrevista en Onda Cero. La materialización de esas sospechas es la denuncia presentada ante la OCI este jueves. "Es evidente que hay una relación directa entre la compra de mascarillas, la forma y condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas que no sabemos qué contenían", conectó el líder del PP.

Una idea que se encargó de arrojar como un perdigón a Sánchez al día siguiente, durante su sonado rifirrafe parlamentario. "Ha cometido un gravísimo error, allá usted, seguramente en su casa no estén muy contentos con lo que acaba de decir", dijo en referencia velada –y reconocida por diversas fuentes contactadas– al movimiento que preparaba el PP tras el cepo del Gobierno a Isabel Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su novio. "Usted es el responsable de subir el tono", avisó Feijóo.

Nada contestó Sánchez ni ningún miembro de su guardia pretoriana. El hecho de que Ferraz distribuyera una defensa jurídica de Begoña Gómez este jueves, no obstante, es considerado una demostración tácita, siempre a ojos de Génova, del nerviosismo que el caso genera en Ferraz/Moncloa.

El PSOE acusa a los populares de usar de manera "espuria" y "malintencionada" la OCI, de intentar "intoxicar a la opinión pública" y de, encima, haber errado el tiro legislativo. Se amparan en la letra f del artículo 11 de la misma Ley 3/2015 puesta encima de la mesa por el PP. "La obligación de abstención en el caso de un familiar exige que dicho familiar ocupe un puesto directivo, de asesoramiento o de administración en la empresa sobre la que se decide", fue la lectura que distribuyó Ferraz. La respuesta de Génova es la letra b del mismo artículo, según la cual se consideran "intereses personales": "Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad".