Impuesto al azúcar: la insistencia de los lobbies internos asusta al Gobierno

Desde mucho antes de saberse que podría haber un impuesto para las bebidas azucaradas en España a imagen y semejanza de otros países, los lobbies tomaron posiciones para convencer al Ejecutivo de sus postulados. Todo el mundo apuntaba con el dedo a Coca-Cola, la gran marca de bebidas azucaradas, que se mostraba contraria al impuesto. Pero no era la única. Directivos de bebidas carbonatadas lanzaban en privado el debate. ¿Por qué no los zumos? ¿Y los batidos? ¿Por qué no la bollería industrial, rica en azúcar añadido y en otros componentes poco saludables?

Mientras tanto, las asociaciones de bebidas lácteas hacían lo propio. Fenil tocaba sus armas: con buena relación con la ministra Isabel García Tejerina, sus mensajes decían que el futuro impuesto no debería nunca afectar a los lácteos. "El consumo de lácteos no es causa de la obesidad de los niños". Los productos lácteos son nutritivos, aportan calcio y ayudan en la lucha contra la osteoporosis, no pueden ser penalizados, decían.

A la vez que el encargo de diseñar el impuesto pasaba de Hacienda (Cristóbal Montoro) a la propia Tejerina, se iba complicando el tema. La ministra nunca quiso aplicarlo por motivos de cercanía a las organizaciones afectadas. Natural de Valladolid, precisamente en Castilla y León se produce el 80% de la remolacha azucarera de España. No se trata de un tema partidista. Diputados del PSOE en provincias como Soria también rechazaron el impuesto. Es un sector que debe reconvertirse, cierto, pero nadie quiere reconvertirse de golpe. Y en zonas rurales, con pocas opciones de tener trabajo, muchas familias pueden vivir exclusivamente de él.

"Al Gobierno le hubiera salido gratis enfrentarse a Coca-Cola, no así a los agricultores"

C's criticó estas medidas desde el primer día, pero lo cierto es que también tuvieron -y tienen- una fuerte contestación interna dentro del Gabinete y del PP y que la recaudación del presente ejercicio está yendo mejor de lo previsto. Todos estos condicionantes desaconsejaban la creación de los impuestos mencionados, que el Gobierno incluyó en los decretos financieros de diciembre convalidados por el Parlamento -junto a la reforma del Impuesto de Sociedades o a la subida de los que gravan alcohol y tabaco-. Tiene, por lo tanto, la posibilidad de recurrir a este as cuando desee aumentar la recaudación, aunque desde Ciudadanos dan por hecho que no lo hará. Ni ahora ni en los próximos meses. Ni incluyéndolo en los Presupuestos ni por vías alternativas.

"Mi impresión es que se echan para atrás. Este impuesto les estaba costando muchos disgustos incluso entre sus propias filas. Los diputados de Castilla y León  se rebelaron, diciendo que no podía subirse los impuestos a las actividades agrícolas de su región. No han cedido por Coca-Cola, porque al Gobierno le hubiera salido gratis enfrentarse a Coca-Cola. Pero sus problemas internos son más difíciles". Quien así habla es un diputado socialista. El impuesto al azúcar anunciado a bombo y platillo en diciembre, con el cual el ministro pretendía recaudar 200 millones de euros, queda así en el aire.

Los agricultores hacen ruido

Antes aún de anunciarse oficialmente, los lobbies agrícolas habían tomado posiciones. El sector remolachero azucarero, liderado por Azucarera y con presencia de los sindicatos agrarios, pedía clemencia: "Lo importante es centrarse en el total de las calorías consumidas, insistir en un consumo moderado y responsable". Y aportaba sus cartas: "Somos un elemento clave en dinamización económica y la generación de empleo, así como en el mantenimiento de la actividad productiva y del empleo en el mundo rural.  El final del sistema de cuotas de producción europeas previsto para 2017 sitúa al sector en un momento crucial, por lo que todos los agentes sectoriales, especialmente los agricultores remolacheros, son extremadamente sensibles a iniciativas como esta que penalizan la imagen de su producto".

Junqueras fue de los más rápidos. Preparó un impuesto para presentarlo justo antes que el estatal

Tras este anuncio, el conseller d'Economia catalán Oriol Junqueras también se movió con rapidez. Tanto que el 22 de marzo el parlamento catalán aprobó el IBEE (Impost sobre Begudes Ensucrades Envasades), que aplicaba esa tasa a cualquier bebida "independientemente de su lugar de fabricación". Según Gestha, estas prisas por aprobar el impuesto antes que el gobierno español hacen que "el Gobierno de la Nación tendrá que compensar a la Generalitat por la pérdida de recaudación del impuesto catalán que decaerá al aprobarse el estatal (regla de evitar la doble imposición)".

En el caso del modelo catalán, el tipo impositivo es "muy bajo" según los técnicos de Hacienda. Y la repercusión en el precio de la lata "parece que no será muy desincentivadora. Con IVA, el litro aumentaría 14,5 céntimos mientras que la lata de 200 ml aumentaría 2,9 céntimos.

Mejora en la recaudación

En materia de impuestos, PP y Ciudadanos han pactado bajar del 21% al 10% el IVA que grava los espectáculos en directo de teatro, danza y música. El Estado dejará de recaudar 45 millones por esta vía, de la que no se benefician ni el cine ni, en principio, los toros.

"Las cuentas están bastante mejor hechas que en años anteriores", defiende el partido naranja, que presume de haber incluido todas las partidas pactadas el año pasado con el PP y con una dotación mayor a la que se concretó hace unos meses, en la negociación del techo de gasto. En total, tendrán un impacto de 4.087 millones, de los cuales 1.945 se destinan a medidas "para recuperar la clase media y trabajadora" y 2.142 a fomentar "un nuevo modelo económico". El acuerdo de investidura cifró en 5.000 millones esa cifra, que en diciembre se rebajó a 3.800 y ahora vuelve a repuntar ligeramente tras la última negociación Gobierno-Cs.

Se extiende la tarifa para autónomos nuevos de 6 meses a 12, con 480 millones de sobrecoste

En el primer paquete se incluye la extensión de la tarifa para nuevos autónomos -de seis meses a un año, suponiendo 480 millones de euros de sobrecoste-, la implantación del complemento salarial joven -dotado con 500 millones, beneficiará a empleados menores de 30 años e irá ligado a la formación de los mismos-, el aumento del permiso de paternidad -se cifra en 235 millones-, un plan contra la pobreza infantil (342 millones), nuevas políticas activas de empleo -fundamentalmente para parados de larga duración, invirtiendo 258 millones- o el aumento de las partidas para dependencia en un 10% (100 millones más que el año pasado).

En el bloque de la "economia del conocimiento" se incluyen 1.200 millones para "formación para el empleo" que se repartirán a través de cheques-formación a gestionar por las comunidades autónomas. Igualmente, se dedican 500 millones a instaurar la denominada red Cervera para fomentar el trasvase de tecnología e innovación de la universidad a la empresa; 100 millones a aumentar la lucha contra el fraude; 100 millones para dotar de más recursos a la Justicia; 50 millones en ayudas para libros de texto; o 30 millones para un plan contra el fracaso escolar.