Un fondo ejecuta en EEUU la condena por expropiar Aerolíneas Argentinas a Marsans

Las expropiaciones de Argentina durante la etapa de los Kirchner todavía son un quebradero de cabeza para los afectados. Es el caso de Aerolíneas Argentinas, la compañía que pertenecía al grupo turístico español Marsans que fue expropiada en 2008 de forma injustificada, tal y como señala el laudo arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la corte arbitral del Banco Mundial que dirimió el pleito entre el operador turístico y el país latinoamericano.

CIADI considera acreditado que Argentina actuó de forma poco transparente y tacha de “arbitraria” su decisión de expropiar la aerolínea, por lo que considera que España no recibió un trato justo en virtud del Tratado Bilateral de Inversión Argentina-España firmado en 1991.

Ese laudo fue posteriormente reconfirmado por el mismo organismo tras rechazar la solicitud de anulación presentada por Argentina. En total, el país debe abonar a Marsans una indemnización de 320,7 millones de dólares (unos 271 millones de euros). No obstante, el operador turístico fundado por Gerardo Díaz Ferrán vendió los derechos del litigio y ha sido el fondo Titan Consortium, nuevo dueño de los derechos, el que ha presentado la demanda para ejecutar el laudo arbitral y cobrar la indemnización.

Marsans vendió los derechos del laudo

En concreto, según consta en el escrito consultado por Vozpópuli, Titan ha presentado el pasado 24 de agosto una demanda de ejecución del laudo ante un tribunal de Nueva York. El fondo recuerda que se hizo con los derechos del pleito hace menos de un año, el pasado mes de noviembre, y que los demandantes originales (el grupo Marsans y sus filiales, ya desaparecidas tras declararse en quiebra) han renunciado a cualquier derecho sobre el procedimiento.

Titan solicita que Argentina haga un total de tres desembolsos: 320,7 millones de indemnización por el laudo arbitral, 3,4 millones por los gastos de abogados y costas durante el procedimiento y otro millón de euros por los gastos del procedimiento de anulación, todo ello con sus correspondientes intereses.