Hacienda estrechará la vigilancia sobre las empresas que tramiten cambios de sede

Nadia Calviño y Yolanda Díaz han advertido de la vigilancia del Ministerio de Economía sobre la salida de España de la matriz de Ferrovial. Calviño va a "analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión". Díaz espera que "desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean menester". Sin embargo, más allá de la declaración política del ala económica de un Gobierno noqueado por un cambio de sede del Ibex que se ha fraguado a sus espaldas, sólo Hacienda es competente para controlar la operación.

El Ministerio que lidera María Jesús Montero analizará que la salida tiene un "motivo económico válido", "como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación" y no "la mera finalidad de conseguir una ventaja fiscal", según establece la Ley del Impuesto sobre Sociedades en su artículo 89.2.

En este sentido, la compañía se ha apresurado a subrayar que la operación no tiene motivación fiscal, y lo cierto es que la matriz que se va tiene pérdidas en España y no paga Sociedades. Cuestión distinta es el ahorro que va a suponer escapar al gravamen del 5% sobre dividendos que impone el Gobierno de Pedro Sánchez desde 2021, cuando en Holanda están exentos al 100%, la principal ventaja del movimiento.

No se puede olvidar además el impacto en los directivos de la elevada fiscalidad patrimonial de España, que mantiene un Impuesto de Patrimonio que no existe en nuestro entorno, al que se suma ahora el impuesto a grandes fortunas. En este sentido, Hacienda analizará también que la "sede de dirección efectiva" se sitúa en Holanda.

A lo que se añade que el Fisco holandés, con el que Ferrovial llevaba "meses" diseñando el traslado, junto con bufetes de Ámsterdam, según trasladan fuentes conocedoras, tiene un perfil más amable para las empresas que la Agencia Tributaria española y su Inspección.

Retraso y cese

Aquí entra en juego el factor que sí admite la empresa como determinante, la "estabilidad jurídica" de Holanda, frente a los cambios legislativos y de criterio continuos en España.

Ámsterdam ofrece a las empresas una herramienta muy apreciada, los tax rulings que dan seguridad jurídica y que pueden suponer un auténtico traje a medida. La Hacienda española tiene un mecanismo de este tipo, las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos (DGT), que son ley para casos como el que se le plantea, pero en estos momentos resulta inútil por el retraso que acumula, en el caso de la Subdirección del Impuesto sobre Sociedades competente aquí, de cuatro años en ocasiones.

Precisamente se ha producido el cese de la subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Silvia López Ribas, según avanzó Vozpópuli el 3 de febrero, salida que ella misma admitió ese día en una jornada de fiscalidad empresarial de PwC y APD, sin que todavía se haya materializado ni haya sustituto.

La propia ley del Impuesto sobre Sociedades establece cuando regula los cambios se sede: "Los interesados podrán formular consultas a la Administración tributaria sobre la aplicación y cumplimiento de este requisito [el motivo económico válido] en operaciones concretas, cuya contestación tendrá carácter vinculante para la aplicación del régimen especial del presente capítulo en este y cualesquiera otros tributos". Si Ferrovial planteara consulta vinculante sobre su operación como prevé la ley, podría no obtener contestación hasta dentro de cuatro años.

España ha perdido la sede de la matriz de Ferrovial frente a Holanda en un momento en el que la competencia fiscal está muy viva. A pesar de la insistencia del Gobierno español en luchar contra lo que denomina dumping y de que los nuevos caminos de la fiscalidad internacional se mueven en ese sentido, el proyecto de la OCDE que promueve la Administración Biden de tasa global a multinacionales en los Pilares 1 y 2 premia a los países en los que sitúen las multinacionales sus cabeceras, que completarán e ingresarán las rentas de sus filiales. EEUU, por ejemplo, se beneficiará de la actividad de las empresas de Silicon Valley en el mundo. Las de Ferrovial irán ahora a las arcas holandesas.

Si Hacienda no aprueba la operación, cargará todos los activos a valor de marcado a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, una factura muy abultada.

Fuentes de Ferrovial trasladan que el proceso se llevaba preparando desde hace muchos meses internamente y contando con asesores externos. Un análisis capitaneado por Ignacio de Felipe, director Fiscal de Ferrovial, y Alberto Bermejo, Global Head of International Tax & Transfer Pricing, aunque desde la compañía se insiste en que "no hay un origen fiscal del movimiento y el análisis fiscal se ha hecho junto a un análisis financiero, de relaciones con inversores, legal, lo habitual en una compañía de estas características, un grupo multidisciplinar".

No concretan si estos meses de análisis son anteriores a junio, momento en el que empieza la andanada del Gobierno de Pedro Sánchez contra las empresas, o empezaron entonces. Ponen de ejemplo cuando se llevaron los activos internacionales a Holanda en 2018, que vinculan exclusivamente al Brexit, y se relacionó con la moción de censura y llegada al poder de Sánchez. Las compañías piensan de otra manera, con una visión a largo plazo, insisten

No van a reconsiderar su decisión, advierten, y si la Junta de Accionistas decide que salga adelante, continuará.

Hacienda decidirá también sobre los contratos

Otro asunto trascendente para Ferrovial en España que pende de Hacienda es la contratación pública, cuando la empresa es una de las constructoras sancionadas por la CNMC con 203 millones por un cártel que operó entre 1992 y 2017 Competecia afirma que ACS, Acciona, OHL, FCC, Ferrovial y Sacyr se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas. También intercambiaban información sobre su estrategia.

A la espera de lo que dictamine la Audiencia Nacional, sobre Hacienda recairía la decisión sobre la sanción relativa a la prohibición de contratar con la Administración Pública. Su alcance lo deberá definir, según los jueces, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. De momento, estas empresas siguen siendo beneficiadas por el Gobierno en cuanto a contratos con cargo del Plan de Recuperación.