El CGPJ enmienda la plana al Gobierno con la Ley de Vivienda: la competencia es de las CCAA

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) endurece su informe sobre el anteproyecto de Ley de la Vivienda. El nuevo documento –redactado tras tumbarse el borrador inicial del vocal Álvaro Cuesta- plantea serias dudas en relación a la ley estrella del Gobierno de Pedro Sánchez no solo en lo que respecta al ámbito competencial (que sería de las comunidades autónomas y no del Estado), sino también en lo relativo a la propiedad privada.

"La vivienda constituye una materia de titularidad autonómica, lo que significa que el núcleo de su regularización y las políticas públicas encaminadas a hacer efecto el derecho del artículo 47 de la Constitución, corresponde a cada una de las comunidades autonómicas que ejercerán sus competencias”, reza el documento al que ha tenido acceso Vozpópuli. Esta nueva propuesta, redactada por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballesteros, se produce después de que no saliera adelante el primer borrador sobre esta ley.

Los vocales votaron en contra del primer informe al considerar que la norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es acorde con la atribución que la Constitución hace de esa materia a las comunidades autónomas. Este argumento, recogido en las alegaciones al primer borrador, se convierte en punto nuclear del nuevo informe, en el que se deja claro que el Estado no queda al margen en materia de vivienda. Su actuación se articula a través de los Planes Nacionales o de su intervención en casos de grave crisis económica.

Ahora bien, la iniciativa entiende que la actuación del Estado debe quedar limitada a dichos aspectos dado que las comunidades son las que tienen la competencia en el conjunto de materia de vivienda. Así pues avisan que el anteproyecto del Gobierno que integran PSOE y Unidas Podemos debe ceñirse al marco que recoge la normativa actual, recordando, además, que la Constitución reconoce el derecho a una vivienda diga y adecuada, pero no lo define.

Esta podrá ser una ley sobre condiciones básicas del derecho de la vivienda, pero no, en puridad, 'la ley de vivienda'

"Esta podrá ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, la ley de vivienda o del derecho a la vivienda”, reza. Del mismo modo, el informe reconoce que las leyes autonómicas y sus disposiciones administrativas se encargan de la planificación en materia de viviendas y de los programas de ayuda para el acceso a la misma. Y no solo en lo que respecta a la propiedad, sino también en régimen de arrendamiento.

Por ello esta nueva propuesta del órgano de gobierno de jueces entiende que las distintas autonomías son las que tienen que regular situaciones de medidas especiales tales como las destinadas a personas vulnerables, los casos de las víctimas de violencia de género o aquellos en riesgo de desahucio por ejecución hipotecaria. Criterio que también amplían al alquiler, ya que consideran que la creación de un nuevo registro chocaría con las competencias autonómicas. De esta forma los dos vocales autores de este nuevo informe dan cabida a las tesis recogidas en sus alegaciones contra el primer borrador y que se votarán en el Pleno del próximo jueves.

La propiedad privada

El CGPJ -que recuerda en su documento que la ley le ampara a emitir este dictamen aunque no lo acepte el Gobierno- analiza, además, si el anteproyecto es respetuoso con el derecho a la propiedad privada, tal y como viene recogido en la legislación actual. Se trata de un punto que no se incluyó en las alegaciones al anterior borrador y sobre el que es también especialmente duro. Los vocales explican que se consagra una concepción estatutaria del derecho a la propiedad privada sobre la vivienda.

El nuevo proyecto sostiene que la alteración de su estatuto básico puede resultar "inoportuna" en el momento actual de crisis económica, siendo además una modificación "incongruente" porque, a su juicio, nada tiene que ver la necesidad de ordenación del suelo (que afecta al interés general) con la propiedad privada e individual de la vivienda (donde prima el interés privado del propietario).

"Una cosa es delimitar la función social de la propiedad en cuanto a los deberes que comporta y otra, al socaire de ello, regular el contenido de las facultades dominicales. El estatuto de la propiedad del suelo viene a ser un límite al carácter expansivo del derecho de propiedad cuando esta recae sobre el bien jurídico suelo. De esta manera el anteproyecto altera el entendimiento de la propiedad privada de la vivienda", reza el documento que se ha distribuido este lunes a los vocales del CGPJ.

El texto reprocha al Gobierno que en esta modificación legal se olvide de las normas que tutelan a los propietarios de la vivienda y, por contra, incluyan como básico 'el derecho de consulta a las Administraciones'. "Carece de sentido por irrelevante", reza el informe, que avisa que muchos de los cambios normativos instaurados (como la desnaturalización del derecho al disfrute de la vivienda digna) no se entienden en clave de límite de actuación de terceros para proteger el interés de los propietarios, "sino como un instrumento al servicio de las Administraciones Públicas".

La acción pública

Otro de los puntos del anteproyecto que cuestiona este nuevo informe es el relativo a la titularidad de la acción pública. La ley determina que esta acción corresponde a los ciudadanos de nacionalidad española. Sin embargo, la propuesta concede legitimación a "las personas jurídicas sin ánimo de lucro". El nuevo documento avisa que con este cambio legal se limita el círculo de legitimados para ejercer la acción pública en materia de vivienda.

En este apartado cuestiona también la novedad relativa a la regulación de la acción pública en el ámbito de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. El anteproyecto de ley del Ejecutivo recoge que la renuncia de la acción no podrá implicar contrapartidas económicas. Para el órgano de gobierno de jueces con esta modificación se pretende "desincentivar" este ejercicio. "Se trata de prohibir todo beneficio económico derivado del ejercicio de la acción pública", apunta el nuevo texto.