Cataluña vuelve a dar un duro golpe al automóvil con la creación de un nuevo impuesto basado en las emisiones de los turismos que va a suponer para los ciudadanos catalanes unos 35 euros de media al año con el objetivo del Gobierno autonómico de alcanzar una recaudación anual en torno a los 150 millones de euros. Doble impuesto a la hora de la compra –IVA y matriculación–, impuesto por circulación –el que cobra cada ayuntamiento– y ahora un nuevo impuesto en base a los niveles de emisiones.

Este nuevo impuesto catalán estará basado en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas, y se aplicará en función de los datos que le facilita la Dirección General de Tráfico, y, en el primer año de aplicación, supondrá que los coches paguen unos 35,1 euros anuales de cuota media, por unos 26,4 euros en el caso de las motos.

Estas son las estimaciones que maneja el Gobierno catalán para los vehículos afectados por el impuesto, que podrá empezar a pagarse ya el próximo mes de septiembre, aunque el grueso de los vehículos afectados –aquellos que emiten entre 120 y 160 g/km de CO2– pagarán algo menos, entre nueve y 18 euros de media los turismos, y entre ocho y 17 euros las motos. En este primer año de aplicación del impuesto, se prevé recaudar unos 67,3 millones de euros, supuestamente destinados a un fondo de cambio climático y a otro relacionado con el patrimonio natural y la biodiversidad.

Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal de 2021, que se recaudará en 2022, la Generalidad prevé recaudar unos 145 millones de euros, pues la cuota a los contribuyentes se puede incrementar entre un 20 o un 25% a partir del año que viene porque este primer año el impuesto grava las emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km, pero para el año que viene ese límite se rebajará a 95 g/km, lo que aumentará la base de contribuyentes.

El impuesto afecta también a las furgonetas con emisiones superiores a los 160 g/km, que de media pagarán este año unos 21,5 euros, y el total de vehículos gravados por el impuesto en el arranque del tributo es de algo más de 2,3 millones, en torno a la mitad del parque total, formado por 4,85 millones. Se trata de todo un reto para la Agencia Tributaria de Cataluña, porque es el primer impuesto de carácter masivo que gestionará, y por eso ha puesto en marcha ya la maquinaria legal para poder aplicarlo.

Dos años de retraso

El próximo 1 de mayo publicará un padrón provisional, accesible para la ciudadanía, en el cual se podrá consultar los vehículos afectados por el impuesto y la cuota a pagar a través de la web de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). De hecho, un simulador de la ATC permite ya calcular el coste del impuesto según las emisiones de CO2 del vehículo que figuran en la ficha técnica.

Están afectados por este nuevo impuesto los turismos hasta un máximo de nueve plazas, las furgonetas de hasta un máximo de 3,5 toneladas y las motocicletas, y el ejercicio que se liquidará ahora es el correspondiente a 2020. En cambio, quedan fuera de tributar por este impuesto los vehículos 100% eléctricos, los turismos con emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km –el próximo bajará a 95–, las furgonetas que emiten menos de 160 g/km, los ciclomotores, los camiones y vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares y los vehículos usados a transportar más de nueve personas, incluido el conductor. También resultan exentos de este impuesto vehículos como las ambulancias, los vehículos oficiales, los de representaciones diplomáticas y organismos internacionales, los adaptados para personas con movilidad reducida, así como los históricos y clásicos.

Un impuesto que ya en 2017 se intentó poner en marcha pero su aplicación, que debía comenzar en 2018, se ha ido retrasando hasta ahora entre otras cosas por el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno. Además, el Gobierno de la Generalidad tuvo que hacer gestiones con la DGT para poder tener acceso a la base de datos de vehículos, luego tuvo que depurar los datos, en 2019 hizo una modificación legal para dar más consistencia a esta tributación y para resolver algunas carencias e imprecisiones legales, y con la llegada de la pandemia se reformuló de nuevo su calendario de aplicación.