La DGT transfirió en los dos últimos años al Estado más de 700 millones por multas

El caos que se sigue viviendo con los retrasos generados en los exámenes del carné práctico de conducir acrecentado con la pandemia y los cierres sufridos durante los meses del confinamiento y las posteriores limitaciones y reducciones propias de las medidas anti-covid no tiene pinta de solucionarse a corto plazo. El problema de fondo, la falta de examinadores para dar salida a los miles de usuarios que siguen pendiente de poder examinarse.

Sin embargo, la administración sigue cobrando tasas para las pruebas de examen (actualmente suponen algo más de 90 euros) aunque no examine por esa falta de personal examinador. “La DGT cobra por examinar pero no ofrece el servicio correctamente. ¿Quién lo impide? ¿El Gobierno, el Ministro, el Director General? Mientras, las autoescuelas mueren por no poder trabajar correctamente porque no hay suficientes funcionarios que atiendan la demanda de exámenes”, señalan desde el Instituto de Tráfico y Transporte (ITT).

“Las autoescuelas podrían crear 1.500 puestos de trabajo directos como profesores de formación vial, a la vez podrían favorecer de forma indirecta a otros sectores con los que está relacionados, como el sector de la automoción, ya que si hay más trabajo, se pueden adquirir más vehículos, el sector de los talleres de reparación o el sector de los combustibles.“

“Nada de esto se puede hacer porque no hay una cabeza visible que tome las decisiones correctas. Los principales damnificados, son los ciudadanos, que no pueden examinarse en los plazos normales e incluso pierden posibilidades laborales, en un momento en el que obtener un empleo es complicado y difícil, y las autoescuelas, que pierden clases por no poder llevar a sus alumnos a examen”. 

Desde ITT piden al Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que tome cartas en el asunto y solucione de una vez , un problema estructural que lleva décadas existiendo y que pasaría por dotar a la DGT de presupuesto suficiente con el que aumentar por un lado, el número de funcionarios examinadores, y por otro, mejorar las condiciones laborales de los mismos, de manera que el puesto resulte más atractivo para el resto de los cuerpos funcionariales de la Administración y se llenen todas las vacantes ofertadas por la DGT para ser examinador de tráfico por promoción interna, y que actualmente no se cubren en su totalidad.

Y es que una de las grandes quejas llega por el hecho de que la DGT no destine su superávit presupuestario para aumentar su plantilla de examinadores, pero sí para transferir al Estado 150 millones de euros en 2020, (en 2019 llegaron a ser 622,3 millones de euros), proveniente de la recaudación de las multas y de las tasas que los usuarios pagan a la DGT, entre otros conceptos para examinarse. Un dinero que debería destinarse a la Seguridad Vial y no a otros servicios o conceptos.

“En ITT creemos que ha llegado el momento de decir basta, de solicitar al Ministerio de Interior y la Dirección General de Tráfico e incluso al Ejecutivo en pleno, que solucionen este problema y le den a los ciudadanos el servicio público que merecen y por el que pagan. Un servicio que funcione adecuadamente y no con retrasos. Un servicio moderno, digno del siglo XXI.

Por lo pronto, para solventar el problema más acuciante y urgente que es reducir el colapso actual, reclamamos que se destinen a la DGT para ampliar la plantilla de examinadores o se hagan horas extras, una partida presupuestaria de al menos 2 millones de euros, nada en comparación con la recaudación por multas que luego transfieren al Estado y que podría utilizarse para afrontar el grave problema que suponen los exámenes de conducir. Sin embargo, entendemos que este sería un parche temporal. Se hace preciso buscar una solución eficaz que arregle la situación definitivamente. “

Tráfico contratará 60 examinadores… seis meses

Aunque no solucionará el problema de forma definitiva, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado esta semana que Hacienda ha autorizado la contratación de 60 examinadores interinos por un plazo de 6 meses y por acumulación de tareas, cuya incorporación está prevista para después del verano.

Lo ha dicho en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde ha reconocido que la operatividad del servicio de exámenes se ha visto condicionada por la situación sanitaria de la pandemia y un asunto en el que han incidido los grupos parlamentarios.

Marlaska ha explicado que Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha diferentes medidas para adecuar los recursos a las necesidades existentes. De este modo, ha recordado la incorporación, a principios de este mes, de 136 funcionarios del Cuerpo General de Auxiliares como operadores de información para reforzar, entre otros,  el apoyo administrativo a los exámenes para la obtención del permiso de conducir.

También se han incorporado 47 examinadores (40 de acceso libre y 7 de promoción interna) que terminaron el curso selectivo el pasado 12 de marzo y que comenzarán su actividad en las próximas semanas.  Pero a pesar de todo ello, siguen sin afrontar el problema de una manera definitiva, y los retrasos en los exámenes van a seguir estando a la orden del día.