Bruselas mete presión al Gobierno y mantiene 2026 como límite para gastar los fondos UE

La Comisión Europea se cierra a ampliar el plazo para agotar los Next Generation: 2026 es la fecha límite. Algunos Estados Miembros -especialmente los más favorecidos con estos fondos UE y con más margen para gastar, entre lo que destacan Italia y España- mantenían la esperanza de que Bruselas levantara la mano en algún momento, pero las autoridades comunitarias ven "muy difícil", incluso "imposible", que esto ocurra, según ha podido saber Vozpópuli.

El 21 de julio de 2020, a los cuatro meses de que estallara la pandemia, el Consejo Europeo desbloqueó 750.000 millones de euros para recuperar a las economías europeas, un fondo bautizado como Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Todos los Estados Miembros estuvieron de acuerdo, incluso los halcones -Alemania, Países Bajos, Austria-, por ser un instrumento temporal, con inversiones muy focalizadas y en una coyuntura excepcional.

Fuentes implicadas en la tramitación de los fondos recuerdan que "sin una fecha límite clara, los países que veían con más recelo repartir tanto dinero, nunca habrían apoyado un acuerdo". En la Comisión son conscientes de la complejidad que supondría extender ese plazo, para empezar, porque esto exige la renovación del Reglamento por unanimidad y, por tanto, volver a negociar con países como Hungría, Polonia o Alemania.

No obstante, la Comisión sí permitirá a los Estados Miembros modificar un determinado hito u objetivo marcado en los Planes de Recuperación cuando se den unas determinadas circunstancias objetivos que impidan cumplirlos en tiempo y forma. En todo caso, desde la Comisión también apuntan que siempre deberán ser evaluadas caso por caso y nunca podrán ejecutarse más allá de mediados de 2026, como establece el reglamento.

Precisamente, Alemania solicitó en diciembre ampliar los plazos para ejecutar dos convocatorias de su Plan de Recuperación. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya adelantó el pasado diciembre que España también retrasaría determinados hitos y objetivos en la adenda que preparan para captar más fondos europeos (7.700 millones más en transferencias no reembolsables, 84.000 millones en préstamos y otros 2.600 millones 'extra' bajo el programa RePowerEU).

En todo caso, desde Bruselas detallan que "cualquier cambio requeriría la unanimidad en el Consejo y una entrada en vigor sólo después de la aprobación por cada Estado Miembro de acuerdo con sus respectivos requisitos constitucionales, incluyendo, en casi todos los casos, la ratificación por los parlamentos nacionales".

Ejecución del Plan

A falta de que Bruselas de luz verde a los 6.000 millones del tercer pago, en los dos primeros años de puesta en marcha se han recibido 31.000 millones y se desconoce cuánto ha llegado realmente a la economía y las empresas, pues el Gobierno dejó de proporcionar la información de ejecución en términos de Contabilidad Nacional en agosto de 2021. Este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuantificó en unos 39.500 millones los fondos adjudicados, pero no desembolsados. Se sigue desconociendo cuántos de estos fondos han llegado ya a la economía.

La pasada semana, en una reunión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Declan Costello, director general de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, comentó que España gastó, en términos de Contabilidad Nacional, un 0,5% del PIB en 2022. Esto se suma al 0,2% del PIB que la Comisión calcula que gastó en 2021, con lo que la cuantía total rondaría los 10.000 millones.

España quiere ampliar los plazos porque no se está gastando el dinero al ritmo esperado. El principal problema que se está encontrando es de gestión. El Plan está ideado para que todas las Administraciones Públicas, especialmente comunidades autónomas y ayuntamientos, gestionen 12 puntos de PIB en fondos UE sin apenas apoyo por parte del sector privado y, en muchos casos, con los mismos recursos humanos y técnicos. La otra problemática se sitúa en el lado de las empresas, que han ido perdiendo interés.

Para solventarlo, el Gobierno aprobó hace algo más de una semana el pago de 69 millones a Tragsatec, filial del grupo Tragsa, que a su vez forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para apoyar a las Administraciones Públicas en la gestión de estos fondos. Y Tragsa ha iniciado ya la contratación de cientos de trabajadores de manera temporal, con una duración de 48 meses, que es lo que dura el encargo efectuado por el Gobierno de dar "soporte técnico y asistencia" a las Administraciones Públicas.

El Gobierno vive un momento 'clave' en su gestión de los fondos europeos, asociados a un Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Por un lado, España debe haber cumplido algunos de los hitos más importantes para seguir recibiendo dinero del tercer pago, como tener disponible un sistema que integre toda la información acerca de la ejecución, o haber invertido 1.200 millones en proyectos estratégicos. Por otro, debe plantear nuevos objetivos para captar más fondos de los que hasta ahora tiene asignados a través de una adenda a dicho Plan.

En paralelo, debe aprobar la segunda parte de la reforma de las pensiones, cuyo plazo vencía el 31 de diciembre, para poder pedir el cuarto pago.

De los hitos antes mencionados, sólo el primero (el funcionamiento de la herramienta CoFFEE para controlar la gestión y ejecución de los fondos, que debía estar operativa desde 2021) condicionará el siguiente desembolso, que España ya ha solicitado y al que Bruselas dará 'luz verde', con retraso, esta misma semana. El aval llegará a las puertas de la visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que aterrizará el próximo lunes en España para fiscalizar el destino de los fondos.