Asalto a la CNMC: la Comisión Nacional de Energía absorberá personal, inmuebles y requerirá más presupuesto

El punto que acordaron el PSOE y Sumar en su pacto de investidura de Pedro Sánchez, que contemplaba la creación de una nueva autoridad energética (CNE), provocará un cambio profundo en los reguladores españoles. Esta situación ha generado una fuerte incertidumbre tanto en el seno de los supervisores de los mercados como en las empresas que supervisan. Desde luego, no ayuda a despejar las dudas el proyecto de ley de la CNE, del cual se deduce que el Ejecutivo está dispuesto a pegar un buen mordisco a la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que alterará su normal funcionamiento.

Porque el citado texto reglamentario -sometido desde este miércoles a consulta pública- incide en que la creación de la Comisión Nacional de la Energía supondrá que la CNMC pierda una parte de su organigrama, de su personal, de sus recursos económicos y de sus medios informáticos.

El texto lo indica de esta forma: “La constitución de la CNE implicará la adaptación y reconfiguración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), que dejará de desempeñar las funciones encomendadas por esta ley a la CNE desde su puesta de funcionamiento y traspasará a ésta los medios materiales y humanos requeridos en los términos establecidos en esta disposición y en la disposición adicional tercera”.

En concreto, eso comprenderá el trasvase de la Dirección de Energía, incluido su personal directivo, así como del personal y medios del resto de órganos directivos de la CNMC que vienen desempeñando y dando soporte a las funciones que esta ley encomienda a la CNE, “incluyendo en todo caso los bienes inmuebles que fueron traspasados a la CNMC desde la extinta Comisión Nacional de la Energía”.

Reuniones de preparación

Tal y como adelantó Vozpópuli en exclusiva, la presidenta del súper-regulador, Cani Fernández, y Teresa Ribera han mantenido diferentes reuniones durante las últimas semanas para abordar el traspaso de competencias entre ambos organismos. Todo ello, a sabiendas de que Fernández no era partidaria en un principio de la citada escisión.
Los plazos previstos por el Ejecutivo para completar este proceso son cortos, una vez se apruebe la ley. La CNMC contará con un mes para elevar “una propuesta motivada de traspaso de medios, atendiendo a la carga de trabajo pasada y futura y al normal funcionamiento de las instituciones”. A partir de ahí, será el Gobierno el que determinará los activos y pasivos que asumirá cada organismo, de cara a la elaboración de sus cuentas e informes económicos.

Muerte y resurrección de la CNE

Cabe precisar que esta autoridad energética existió hasta hace una década. Fue entonces cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió unificar todos los reguladores existentes. Lo hizo para poder controlar su Consejo, pero también para intentar reducir el gasto que suponía el mantenimiento de todas estas estructuras por separado.

Dentro del sector, siempre han existido defensores y detractores de la unión de los reguladores. La propia Nadia Calviño era partidaria de mantener intacta la CNMC; sin embargo, Luis de Guindos trabajó en un proyecto para volver a dividirlos, ante las dificultades que implicaba el coordinar todas sus tareas en uno solo.

Una fuente de la CNMC insiste en que, si hubieran permanecido los organismos previstos en 2011 y no se hubieran unificado, actualmente, habría 8 presidentes, 1 vicepresidente y 47 consejeros.

De hecho, tan sólo la nueva CNE contará con siete altos cargos: 1 presidente, 1 vicepresidente y 5 vocales, que se unirán a los 10 que actualmente componen el Consejo de la CNMC.

¿Y cuáles serán las funciones de este organismo? Su labor se centrará en distintos campos, desde los relacionados con la factura de la luz hasta con el del precio de los carburantes, pasando por la supervisión de las operaciones accionariales que se planteen en el mercado.

Sea como sea, lo que ha llamado la atención entre los expertos tras analizar el anteproyecto de ley es que se haya creado con un objetivo tan firme y rotundo de lucha contra el cambio climático y de avance en la descarbonización de la economía. Las primeras palabras del texto legal están dedicadas a ello.