Adif abre los fondos UE a las grandes constructoras sancionadas por Competencia

Victoria para los popes de la construcción nacional. Adif, la empresa pública de transportes, dará marcha atrás en sus licitaciones con las conocidas como 'cláusulas anticorrupción' que volvían los procesos, relanzados por la llegada de fondos europeos Next Generation, inviables para las gigantes nacionales del sector, según ha podido saber este medio de fuentes del mercado.

La empresa pública tenía entre sus exigencias unas condiciones que ahuyentaban a compañías como ACS (presidida por Florentino Pérez), Acciona (dirigida por José Manuel Entrecanales), Ferrovial (Rafael Del Pino), FCC (la familia Alcocer Koplowitz-Carlos Slim), OHL (la familia Villar Mir y, desde 2020, los hermanos Amodio) y Sacyr (Manuel Manrique) de presentarse a las licitaciones. Esta circunstancia comenzó a producirse el pasado mes de julio, una vez que dichas empresas fueron sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una multa de 203 millones por llevar, a juicio del regulador de los mercados, 25 años pactando condiciones entre sí de cara a licitaciones públicas de forma anticompetitiva para el resto de empresas.

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado desde julio una veintena de recursos contra distintas licitaciones por valor superior a 1.000 millones de euros, en su mayoría, financiadas con los fondos europeos. Las alegaciones han puesto el foco en el carácter "abusivo" de las citadas cláusulas anticorrupción, en vigor para licitaciones desde 2019 tras otra sanción de 118 millones de la CNMC contra quince empresas por formar cárteles en torno a Adif (entre ellas, filiales de ACS, OHL y Sacyr).

Bajo las cláusulas ahora desterradas, Adif se guardaba el derecho a cancelar la adjudicación a una empresa que durante el periodo de ejecución de la obra reciba una condena que le prohíba contratar con la Administración Pública

Según avanzan fuentes del sector, los primeros dos fallos del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales han dado finalmente la razón a las constructoras. A falta del resto de procesos, y en aras de agilizar la ejecución de proyectos estratégicos para garantizar la aplicación de los fondos europeos, desde la empresa pública han tomado ya la decisión de eliminar las cláusulas recurridas por las grandes constructoras de todos los pliegos de licitación recurridos -y de los que se lancen a partir de ahora-, y se alargará en su caso el período de presentación de ofertas para los procedimientos afectados.

Bajo las cláusulas ahora desterradas, Adif se guardaba el derecho a cancelar la adjudicación de los fondos dados a una empresa que ya durante el periodo de ejecución de una obra reciba una condena que le prohíba contratar con la Administración Pública. Lo que podría acabar de suceder con cualquiera de las grandes constructoras si no prosperan sus recursos judiciales en la Audiencia Nacional contra la sanción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia.

El Gobierno ve en las grandes constructoras un socio necesario

La CNMC sentenció tras inspecciones que se remontan a 2014 y un informe de 161 páginas que ACS, Acciona, Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC y Acciona pactaron condiciones en su puja por las licitaciones públicas durante 25 años. El regulador concluyó que representantes de los gigantes de la obra civil se reunieron semanalmente entre 1992 y 2017 para decidir los contratos públicos en que iban a compartir informes técnicos, encargados a terceros, para la elaboración de sus ofertas. Lo que ha derivado "en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante", en palabras de la CNMC.

Cada una de las constructoras han interpuesto recursos en la Audiencia Nacional. Las compañías argumentan que la carencia de estudios en la documentación facilitada por las Administraciones obligaba a las contratistas a completarlos por su cuenta. Se repartían el coste de los informes y cada una los utilizaba de forma independiente y sin acuerdo para presentar ofertas, han reivindicado. En 2017, inciden desde la CNMC, disolvieron el grupo manifestando expresamente que podía ser contrario a las normas de defensa de la competencia.

De los fondos europeos que recibirá España -160.000 millones hasta 2026-, el 70% afectaría a proyectos relacionados con la construcción

En palabras del regulador de los mercados, se trató de un acuerdo que acabó alterando "el proceso competitivo" de miles de proyectos de infraestructura de entre uno y 50 millones de euros de coste cada uno para la Administración. El organismo más afectado por este pacto fue el Ministerio de Transportes -con las respectivas empresas públicas bajo su paraguas, como la propia Adif-. Sin embargo, ni el Ministerio que ahora lidera Raquel Sánchez ni el Gobierno reclamarán daños y perjuicios por este expediente, avanzó ya Vozpópuli.

La realidad es que Moncloa ve a estas grandes empresas como sus principales socios para desarrollar el gran plan de infraestructuras que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De los fondos europeos que recibirá España -160.000 millones hasta 2026-, el 70% afectaría a proyectos relacionados con la construcción. Unas obras públicas para las que las compañías señaladas por la CNMC pueden ser grandes aliadas de la Administración.