ACS, Ferrovial y FCC pujarán por el Canal de las Dehesas en Extremadura tras ofrecer el Gobierno un 40% más

La escalada de precios de la construcción, agravada por la subida de los tipos de interés en Europa, empieza a reflejarse en la obra pública estatal española. O al menos, de ello ha tomado nota el Gobierno para completar el Canal de las Dehesas en Extremadura, un proyecto hídrico de interés general para el Estado que lleva más de tres décadas paralizado entre cambios de normativa y números, y que encarna una de las licitaciones más voluminosas en trámite en España.

En cuestión de meses, el ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de Teresa Ribera ha elevado el presupuesto de la obra de 61,5 millones de euros a 86,6 millones -105 millones si se incluyera el IVA- después de que la primera licitación quedara desierta el pasado mes de enero. La partida de 61 millones había sido aprobada en noviembre de 2022 por la Dirección General del Agua -que reporta al ramo encabezado por Ribera-, y fue modificada al alza en abril, antes de que se reiniciara la licitación el pasado julio con septiembre como límite para la presentación de ofertas.

El Ejecutivo ha justificado el incremento del 40% aludiendo precisamente a la necesidad de actualizar la relación de costes y calendario de las obras. Y ello, en paralelo a la espiral que venían experimentando los costes del sector de la construcción desde la segunda mitad del 2021, y que se ha agravado con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo desde el verano de 2022.

A la nueva licitación, de las más voluminosas en trámite a nivel estatal, se han presentado varias de las grandes constructoras de España, como el Grupo ACS , Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, y Sacyr

A la nueva licitación se han presentado varias de las grandes constructoras de España, como el Grupo Actividades de Construcción y Servicios (con dos ofertas, una a través de Dragados junto con Construcciones y Obras Públicas del Guadiana y Obras Subterráneas, y la otra, con Vías y Construcciones), Ferrovial (en alianza con Adiante), Fomento de Construcciones y Contratas (de la mano de Asch), y Sacyr (en UTE con Cavosa). Entre las ocho ofertas también se encuentran Becsa y Aldesa, Construcciones Sánchez Domínguez Sando y Arpo, y Copcisa y Lantania.

La obra, ansiada por múltiples alcaldes extremeños, constaría de un canal de trasvase de 36 kilómetros de longitud y 15 metros cúbicos de agua por segundo de capacidad entre las cuencas de los ríos Pizarroso, Alcollarín y Búrdalo. El objetivo de la nueva infraestructura es dar continuidad al canal ya existente en las presas de García de Sola y Sierra Brava, complementando así el complejo hidráulico de Las Dehesas -y conseguir por fin dar uso a los embalses de Alcollarín y Búrdalo. El plazo original de 30 meses se ha visto sustituido por uno de 45 meses -la obra en esencia no ha cambiado-. Se busca, en suma, paliar sequías, garantizar el regadío en el centro de Extremadura y prevenir daños por inundaciones.

Cambios de presupuesto

Los aumentos del 40% como en el caso del Canal de las Dehesas contrastan con la línea general que venía manteniendo el Gobierno, de un incremento más modesto de la inversión en obra pública. En concreto, el volumen de las licitaciones entre febrero de 2022 y 2023 por parte de la Administración General del Estado ascendió a unos 8.326 millones de euros, una subida del 3,3% respecto al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan).

Más rápido parecen haberse ajustados a los nuevos tiempos tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas. Las corporaciones locales aumentaron sus licitaciones en un 48,6% entre febrero de 2022 y 2023

Más rápido parecen haberse ajustado a los nuevos tiempos tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas. Las corporaciones locales aumentaron sus licitaciones en un 48,6% entre febrero de 2022 y 2023, hasta los 11.348 millones de euros. Por su parte, las comunidades autónomas elevaron su partida para obras de infraestructura hasta los 9.256 millones, un 23% más que en el período entre febrero de 2021 y 2022.