Aguas de Barcelona impugna la oferta de FCC para la mayor obra junto al Mar Menor

Polémica en la mayor concesión hídrica a concurso en España. Aguas de Barcelona (Agbar) ha impugnado la oferta de Aqualia, la filial hídrica de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), para llevarse la gestión del servicio de agua potable y saneamiento en el ayuntamiento de San Javier (La Manga), junto al Mar Menor.

Un contrato de unos 225 millones de euros que ha emergido como estratégico para los gigantes del sector a nivel nacional, tanto por el montante como por la proyección social del Mar Menor. Y más aún, para la filial de Agbar, Hidrogea, que gestiona actualmente el servicio de alcantarillado y agua potable que el ayuntamiento murciano a cargo del Partido Popular quiere concesionar.

La compañía participada por la francesa Veolia y socia del ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto un recurso para solicitar la exclusión del concurso de la gigante controlada por el mexicano Carlos Slim después de que esta última obtuviera la mejor puntuación técnica. Aqualia ha conseguido la mayor nota tanto en términos de innovación tecnológica como de organización, gestión y explotación -el aspecto más ponderado del concurso-, como así también en su propuesta en materia medioambiental. Sus actuales servicios en zonas próximas como Pedro del Pinatar y Los Alcázares y su participación en el proyecto europeo Ninfa -de monitorización y tratamiento de los contaminantes presentes en el Mar Menor- son sus grandes credenciales.

La compañía de Slim y los Alcocer Koplowitz ha propuesto algo más de 80 millones de euros de financiación para el proyecto

Atendiendo a Hidrogea, la empresa que controlan FCC y el fondo IFM habría igualmente incurrido "en temeridad o desproporción de conformidad con lo que se establece en la cláusula 11 del PCAP, pudiendo incumplir también con lo dispuesto en los pliegos rectores del contrato en cuanto a la presentación de su oferta". La compañía de Slim y los Alcocer Koplowitz ha propuesto algo más de 80 millones de euros de financiación para el proyecto -con un mínimo de 33 millones, según el pliego-, por encima de los 56 millones ofrecidos por la propia Hidrogea.

"El importe del canon de inversión ofertado estaría, holgadamente, por encima del límite de temeridad que en aplicación de los criterios de la cláusula 11 PCAP se sitúa en los 64.505.666,67 euros", esgrime Agbar en su recurso, que ha girado al ayuntamiento solicitando que se revise nuevamente la oferta de FCC y se proceda, eventualmente, a su exclusión.

En contrapartida, fuentes cercanas a Aqualia aseguran que la compañía está preparada para justificar su propuesta económica en cuanto el Consistorio lo solicite. La empresa, que acaba de ser premiada en Alemania como la mejor empresa de agua del año, ha presentado la mayor oferta en términos de inversión directa, pero no así en el global de inversión: ha propuesto un canon sensiblemente más bajo que otras; paralelamente, desde la compañía inciden en que la oferta económica pende de hasta once variables distintas. En el cómputo de las ocho competidoras en la licitación, la de Aqualia es la segunda mayor oferta económica y la primera a nivel técnico, un balance que la sitúa como la gran candidata a hacerse con la concesión.

Concesión junto al Mar Menor

La privatización del servicio de agua de San Javier ha sido motivo de polémica política puertas adentro del ayuntamiento de San Javier. El Gobierno municipal del PP lo impulsa ante la abstención de Ciudadanos y Vox y la oposición del PSOE y Unidas Podemos. El nuevo contrato pondrá fin a la gestión municipal del agua, que el ayuntamiento asumió en 1994 y cesará el próximo mes de octubre.

La concesionaria asumirá la explotación durante 20 años. El PP ha reivindicado que el modelo de concesión es la forma de conseguir la inversión necesaria para allanar, en un lapso de cuatro años, "el sistema más moderno y respetuoso con el medio ambiente y el Mar Menor".

El Gobierno municipal ha apostado por la gestión indirecta vía concesión tras un estudio de la Universidad Politécnica del Cartagena, que concluyó en 2021 que era la opción más favorable. Las nuevas infraestructuras evitarán fugas cuantificadas en más de 400.000 euros al año, según las mismas pesquisas de la UPC, al tiempo que las autoridades municipales han asegurado que no habrá impacto en el recibo de los usuarios.

La licitación ha pendido de un recurso especial de impugnación presentado por uno de los concejales socialistas del ayuntamiento, Pedro Jesús Martínez Górriz

La licitación ha pendido de un recurso especial de impugnación presentado por uno de los concejales socialistas del ayuntamiento, Pedro Jesús Martínez Górriz. Alegó la modificación en trámite inacabado de una ordenanza que afectaría a las tarifas del concesionario, por lo que los ofertantes no tendrán el conocimiento pleno de las condiciones de la licitación hasta una vez comenzada la inversión.

No obstante, el recurso fue finalmente desestimado toda vez que, a juicio del Tribunal, "los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente de la suspensión del procedimiento son inferiores a los que se producirían al interés público si esta se concediera".