Publicado: 07/02/2021 02:15
Actualizado: 08/02/2021 13:52
"Tenemos que actuar y tenemos que actuar ahora". Angela Merkel, acostumbrada a medir las palabras, repitió dos veces la misma frase, para recalcar la rotundidad del mensaje. Ese miércoles, 28 de octubre de 2020, la canciller comunicó que todos los bares, restaurantes, pubs y discotecas de Alemania cerrarían a cal y canto en el plazo de cuatro días. La medida, severa, sin fisuras, contaba con el respaldo unánime de los Länder e iba acompañada de un paquete de ayudas directas para los empresarios.
Una vez más, Alemania abría un camino. Que la primera potencia de Europa canalizara 10.000 millones de euros hacia sus hosteleros agitó la esperanza de miles de autónomos y pymes en España. Pero el Gobierno de Pedro Sánchez se desmarcó de la vía alemana. Aquel otoño, nuestro país surfeaba con cierta comodidad la segunda ola del Covid. Y sólo tres días antes de esa comparecencia de Merkel, PSOE y Podemos habían sellado el acuerdo para sacar adelante los Presupuestos. El optimismo rebosaba entre los cuadros de mando de La Moncloa y reforzaba el convencimiento de que sus dos grandes escudos -los ERTE y los créditos del ICO- bastarían para embridar la crisis.
Tres meses después, "el pozo se está quedando sin agua". Lo dice un autónomo sevillano, dueño de un parque infantil de bolas. La frase no es tan rotunda como la de Merkel, pero transmite con todo su simbolismo cómo ven la realidad muchos miles de españoles: aquellos que se ganaban la vida con negocios más o menos prósperos y a quienes las restricciones sanitarias obligaron a bajar la persiana.
“Si han quedado ya muchas empresas por el camino no se debe a que tuvieran una estrategia errónea antes de la pandemia. Funcionaban perfectamente y cerraron por una decisión del Gobierno. Por eso las ayudas directas son esenciales”, recuerda Daniel Lacalle, doctor en Economía y gestor de fondos. Defensor del liberalismo en su máxima expresión, el economista hace hincapié en un matiz: “No son una subvención, sino una compensación por una decisión que ha adoptado el Estado: el cierre forzoso”.
“Hay infinidad de negocios que están cerrados por orden administrativa. En estos casos, evidentemente, la crisis no es culpa de los empresarios”, apunta Lorenzo Amor, presidente de la mayor patronal de autónomos de España (ATA).
Ertes e ICO
Los ERTE han evitado que las empresas enviaran al paro a cientos de miles de personas (según la última Encuesta de Población Activa, más de 700.000 siguen incluidos en un expediente de este tipo). Además, han ahorrado dinero al Estado (es más barato un trabajador en ERTE que un parado). Y, de paso, han alejado la amenaza de revuelta social (sin este mecanismo, el paro rondaría los 4,5 millones de personas).
También han cumplido su misión las líneas del ICO. Desde su puesta en marcha, se han canalizado más de 115.000 millones hacia grandes empresas, pymes y autónomos, a través de préstamos y avales. El dinero del ICO ha dado liquidez a quienes han sufrido una caída en picado de sus ingresos por la pandemia. Eso sí, a cambio de generar endeudamiento. En el momento en que los ingresos no alcancen ni para pagar las deudas, el 'pozo' se habrá quedado vacío. Y, entonces, el problema de liquidez se habrá transformado en otro de solvencia.
“A estas alturas, la liquidez no es suficiente. Van a crecer inevitablemente las quiebras y la morosidad. Las empresas más grandes pueden tener mejor acceso al capital. Pero las pequeñas van a necesitar ayuda”, advierte Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Granada.
“A estas alturas, la liquidez no es suficiente. Van a crecer inevitablemente las quiebras y la morosidad"
El Gobierno evitó el año pasado una avalancha de concursos de acreedores gracias a una moratoria. Según los datos oficiales del INE, difundidos este viernes, se registraron 4.097, un 14,4% menos que en 2019. Ese sorprendente descenso, con una recesión de por medio, esconde una realidad dramática: en España hay una balsa ingente de empresas moribundas, abocadas a la quiebra cuando expire la moratoria (el próximo 14 de marzo).
La Asociación Profesional de Administradores Concursales se atreve a lanzar un pronóstico: habrá, como mínimo, 10.000 concursos de acreedores de aquí a diciembre. Buena parte estarán protagonizadas por negocios pequeños. Hay un dato que refrenda esa esa teoría: el 99% de las empresas que se dieron de baja en la Seguridad Social en 2020 tenían menos de 50 trabajadores.
“Por cada 100 euros que ha perdido un autónomo, ha recibido 15 a través de alguno de los mecanismos del Estado, las autonomías o los entes locales. Esa cifra asciende a 75 en el caso de Alemania y ronda los 50 en Italia y Francia”, apunta Lorenzo Amor.
“Los ERTE son un mecanismo estabilizador y las líneas del ICO han funcionado bien, por su importe y por la rapidez. Pero hay que completar ambos canales con otras medidas. La situación no tiene precedentes y hay que intentar adelantarse a la morosidad”, admiten fuentes bancarias.
Inquietud entre los banqueros
Que el sector financiero haya duplicado la hucha de sus provisiones este año da una idea del ánimo de los banqueros. Ese pánico explica que el Banco de España haya expresado su preocupación. También que algunos banqueros se hayan lanzado a reclamar públicamente una inyección directa de dinero a los empresarios.
Este martes, Ana Botín alzaba la mano en Twitter y pedía al Gobierno que mueva pieza "cuanto antes mejor". La presidenta del Santander respondía a otro tuit del ex ministro socialista, Jordi Sevilla, que reclamaba "ayudas directas para evitar más quiebras y despidos forzosos".
Los economistas y empresarios consultados por Vozpópuli recuerdan que hay varios modos de canalizar dinero público hacia negocios agonizantes. La vía alemana consiste en abonar directamente el 75% del dinero facturado un año antes de la aprobación del plan (noviembre de 2019). Otras opciones son las donaciones en función de las deudas avaladas, los planes de reestructuración (dinero a cambio de compromisos empresariales), las subvenciones cofinanciadas con las autonomías (Comunidad Valenciana ya lo está haciendo) o incluso los préstamos participativos (con largos plazos de carencia e intereses ligados a los beneficios).
“En el Gobierno hay quien piensa que las empresas están forradas, que el empresario es malvado"
El Gobierno las conoce todas pero se cierra en banda. Abanderan el veto a las ayudas la ministra de Hacienda; y, sobre todo, la vicepresidenta económica. María Jesús Montero quiere restringir al máximo el gasto, a la vista de que las cifras galopantes de déficit y deuda que tanto inquietan a Bruselas. Nadia Calviño duda, directamente, de la efectividad del mecanismo.
"En un país como España, con un tejido empresarial copado por pymes, es difícil identificar qué empresas necesitan el dinero urgentemente y en cúales de ellas la ayuda tendría el efecto que se persigue", aseguran fuentes ministeriales.
La cerrazón del Gobierno no es fácil de justificar, a juicio de algunos economistas. "Siempre puede haber algún caso de picaresca, pero no por eso el Estado tiene que dejar de actuar”, señala Santiago Carbó. Daniel Lacalle va más allá y apunta al factor puramente ideológico: “En el Gobierno hay quien piensa que las empresas están forradas, que el empresario es malvado. Algunos odian absolutamente a los sectores de la hostelería o el turismo, a los que se ha criticado en público por no generar valor añadido”.
Quienes conocen bien a la ministra de Economía añaden otros argumentos: "En la decisión de frenar las ayudas influye su trayectoria profesional. Era alta funcionaria en la Comisión Europea, donde reina el principio de austeridad. Puede faltarle cintura política para abordar una crisis totalmente nueva como esta”.
El equipo de Nadia Calviño es perfectamente consciente de la situación y está "explorando todas las opciones". A su alcance tiene distintos instrumentos que facilitarían la canalización de un hipotético paquete de ayudas directas.
El más completo es la base de datos de la propia Agencia Tributaria. Pero la administración cuenta con otros mecanismos usados en el pasado. Por ejemplo, el primer plan de pago a proveedores que puso en marcha Cristóbal Montoro, en junio de 2012, sirvió para pagar facturas a 21.000 pymes y 555 grandes empresas con verdaderos problemas. “La banca también tiene capacidad para contribuir en este tipo de análisis. Lo ha demostrado con la gestión de los préstamos del ICO”, añaden fuentes financieras. "Hay distintas opciones y, además, el Gobierno de Sánchez cuenta con un escenario irrepetible a su favor. Es cierto que debe controlar la deuda, pero no hay que olvidar que la mitad se está financiando a tipos negativos y el BCE está garantizando todas las compras", señala un exalto cargo del Estado. "El impacto de la pandemia es tremendo y no podemos no hacer nada hoy sólo por miedo a equivocarnos".
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