Las trabas administrativas, principal obstáculo para llegar a 100.000 puntos de recarga

Los fabricantes de automóviles están impulsando a ritmo vertiginoso el coche eléctrico en Europa con millonarias inversiones para ello, en muchos casos obligados por la presión de la Unión Europea en materia de emisiones, que obliga a reducirlas de forma drástica en pocos años. Para lograr este objetivo el coche eléctrico resulta fundamental. Pero para poder implantarlo a gran escala, hay dos grandes problemas. Uno, el todavía elevado precio –aunque poco a poco y también con los planes de ayudas empiezan a ser algo más asequibles– y otro la falta de infraestructuras públicas de recarga.

Pero uno de las principales barreras que se están encontrando los principales operadores para poder instalar a gran escala esos necesarios puntos de recarga viene de la todavía compleja burocracia que supone el proceso de instalación. Por ello Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, ha pedido que se reduzcan las trabas administrativas y que se incremente la cuantía de los incentivos para que España pueda alcanzar los 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en cuatro años.

Para hacer realidad este objetivo, que ven factible, la asociación pide un incremento en el presupuesto del plan MOVES dedicado a infraestructuras de recarga, que se unifiquen los criterios autonómicos de acceso o un IVA reducido para la electricidad destinada a la recarga eléctrica en los puntos de acceso público.

Asimismo, solicitan líneas de crédito flexibles (tipo ICO) para la electrificación de flotas de empresa, un mercado o tasas de emisiones de la movilidad al igual que existen en otros países europeos, una ventanilla única para las Administraciones y homogeneidad en las tramitaciones de permisos y licencias. Desde la asociación señalan que los operadores de carga en España se encuentran, principalmente, con dos barreras a la hora de desarrollar la infraestructura: los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras y los permisos y criterios que rigen en cada ayuntamiento para el despliegue de puntos de carga.

Aedive señala que dado que inicialmente se asimilaron los puntos de recarga para vehículo eléctrico a estaciones de servicio los requisitos para su implantación son muy estrictos y, aunque recientemente se han suavizado, el trámite sigue siendo complicado y dificulta muchas operaciones. Además, la asociación lamenta los desorbitados plazos de tiempo que se dan en la implementación de los puntos de recarga, un retraso que también se ve favorecido por las distintas normativas que existen a nivel de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Iberdrola prevé 150.000 puntos de carga

Entre las propuestas que plantea Aedive también se encuentra que las instalaciones de recarga en suelo público se liciten de forma homogénea, la declaración de interés estratégico nacional a las infraestructuras de más de 250 kW, agilizar por parte del Ministerio de Industria la aprobación de proyectos eléctricos necesarios para acometidas de media tensión o eliminar los cargos de la tarifa eléctrica.

Una de las empresas que cuenta con un macro proyecto para el desarrollo de puntos de carga es Iberdrola, que despliega un plan de movilidad sostenible con una inversión de 150 millones de euros, con el que intensificará la implantación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en los próximos años. La iniciativa prevé la instalación de cerca de 150.000 puntos de recarga, tanto en hogares, como en empresas, así como en vía urbana, en ciudades y en las principales autovías en los próximos cinco años. La apuesta por el despliegue de estaciones de alta eficiencia se concretará en la instalación de estaciones ultra rápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, súper rápidas (150 kW) cada 100 kilómetros y rápidas (50 kW), cada 50 kilómetros.

Iberdrola es consciente de la necesidad de impulsar la electromovilidad en España a través de una acción coordinada y eficaz con los principales agentes implicados. En este sentido, la compañía ha completado ya más de 40 acuerdos de despliegue de infraestructura con administraciones, instituciones, empresas, estaciones de servicio, concesionarios y fabricantes de vehículos eléctricos.