Economía

Telefónica reconoce planes de contingencia para el 'brexit' y quita hierro a Venezuela

El presidente de Telefónica ha asegurado que ve una "enorme opción de crecimiento" en Venezuela. La compañía reconoce la existencia de planes para diferentes tipos de brexit

Sede de Telefónica.
Sede de Telefónica. Efe.

Telefónica ha reconocido este jueves que ha puesto en marcha diferentes planes de contingencia para tratar de minimizar el efecto del brexit en su negocio. Su consejero delegado, Ángel Vilá, ha incidido en que se barajan distintas opciones para evitar que la cadena de suministro y los expatriados se vean afectados, así como para gestionar las tarifas de roaming que volverían a aplicarse con un Reino Unido fuera de la UE.

Telefónica cuenta en este país con O2, uno de sus principales negocios europeos. En 2015, la Comisión Europea paralizó su venta a Hutchison y, entonces, la multinacional española inició un cambio de estrategia para tratar de revalorizar el negocio. En 2017, invirtió 600 millones de euros en infraestructura 5G.

Vilá ha incidido en que todavía no está claro el alcance que tendrá el brexit y si será 'duro' o estará amortiguado por los pactos que alcancen Londres y Bruselas. Sin embargo, ha incidido en que Telefónica estudia alternativas para evitar efectos negativos sobre su personal, su situación financiera (deuda en libras) y su negocio. Con respecto al roaming, ha asegurado que las medidas se pondrán en marcha desde la unidad central de coordinación que tiene la compañía, y no desde Londres, de ahí que no se esperen grandes problemas al respecto.

Preguntado sobre la situación en Venezuela, el presidente del grupo, José María Álvarez-Pallete ha incidido en que este país representa el 0,02% de la cifra de negocio, después de varios años de crisis, inestabilidad e hiperinflación. En este sentido, ha incidido en que cualquier aspecto positivo que se introduzca en el país será positivo para los intereses de Telefónica. Sobre el paso hacia adelante dado por Juan Guaidó se ha expresado con prudencia y ha apuntado a que, desde el punto de vista del negocio, no se han producido cambios regulatorios que puedan condicionarlo.

Álvarez-Pallete también se ha pronunciado sobre el conflicto territorial que afecta a Cataluña y ha asegurado que, como operadora, a la telco española le "preocupa" todo aquello que afecte a la estabilidad del país, pues eso pone en riesgo las inversiones desplegadas en infraestructura. "Nos viene bien todo lo que le viene bien a España", ha afirmado.

Buenos resultados en 2018

Telefónica ha presentado este jueves sus resultados anuales, en los que se observa un beneficio de 3.331 millones en España (6'4%) y una mejora del mercado doméstico, pese a las caídas que se registraron en Latinoamérica.

La directora financiera del grupo, Laura Abrasolo, ha puesto el foco sobre la deuda de Telefónica, que se ha reducido en 12.000 millones de euros en 2019, hasta los 41.000 millones. También ha incidido en que Telefónica cuenta con un flujo de caja de 20.000 millones que le permitirá afrontar sus obligaciones financieras sin problemas durante los próximos dos años. El periodo medio de vida de la deuda es actualmente de 9 años.

En un momento en el que las principales compañías de telecomunicaciones de Europa han sufrido considerablemente en bolsa, entre otras cosas, por la fuerza de sus competidores asiáticos, por la presión regulatoria o por la caída del negocio tradicional de Telefonía, Álvarez-Pallete ha afirmado que no se espera que el grupo español participe a cualquier precio en procesos de fusión. "Tenemos la dimensión suficiente como para competir" con garantías, ha asegurado.

El primer ejecutivo ha reiterado la necesidad de elaborar una carta con los derechos y obligaciones del usuario digital; y ha lamentado que la regulación esté actualmente por detrás de la evolución tecnológica. 

En este sentido, ha pedido que Telefónica disponga del mismo marco regulatorio que el resto de sus competidores digitales para poder competir en igualdad de condiciones.

El grupo ha detallado que, en 2018, pagó alrededor de 10.000 millones de euros de impuestos. Según sus cálculos, su actividad tuvo efecto sobre 1,2 millones de empleos.



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