Publicado: 05/10/2013 04:00
El llamado factor de sostenibilidad de la reforma en la que trabaja ahora el Gobierno, en la que se desvincula la actualización de las pensiones de la inflación, empezará a operar en 2019 y se prevé que en 2050 haya aportado un ahorro del 0,6% del PIB, el equivalente a 60.000 millones de euros. El que defendieron hace dos años los socialistas y ahora reivindican entraba en aplicación en 2027 y en el mismo periodo acumulaba un ahorro del 1% del PIB, unos 100.000 millones en números redondos. Pero lo más paradójico de la reforma defendida por el PSOE era las previsiones que contenían, recuperadas ahora de la memoria económica que la acompañó. En este documento no se contaba con la posibilidad de que el sistema de Seguridad Social entrara en déficit hasta el año que viene y tampoco se preveía tener que echar mano del Fondo de Reserva hasta 2020, incluso aunque no se actuara sobre ninguno de los capítulos que condicionan los ingresos y los gastos del actual modelo.
Ninguna de las previsiones que el PSOE hizo en la reforma de 2011 se han cumplido, ni la del déficit del sistema ni la del uso del Fondo de Reserva
Las previsiones de esta memoria se han caído por su propio peso ya que la forma en que la recesión ha golpeado al mercado de trabajo y ha provocado la pérdida de afiliados a la Seguridad Social, ha obligado al Gobierno a consumir 24.000 millones de la ‘hucha de las pensiones’ entre 2012 y 2013, sin que haya podido evitarse algo todavía peor, que el sistema vaya a acumular un déficit de 36.500 millones de euros en 2016, según ha reconocido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante su última comparecencia parlamentaria.
La memoria económica que acompañó a la ‘reforma Zapatero’ de las pensiones defendía el llamado factor de sostenibilidad y avanzaba que sería revisado a partir de 2027 con periodicidad quinquenal a partir de la evolución de la esperanza de vida, que aumenta, aproximadamente, en un año cada década.
El PSOE respaldó hace dos años el aumento de la edad de jubilación y la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones
La memoria justificaba también la ampliación a los 67 años de la edad legal de jubilación atendiendo a la realidad demográfica y a la pirámide de población, con el fin de mantener la tasa de dependencia, es decir la proporción del número de trabajadores y el número de pensionistas. En 2050, refería el documento, el 32% de la población tendrá más de 65 años, frente al 16% que había hace dos años.
En esta memoria, el PSOE avalaba también la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones para adecuar mejor la cuantía de la prestación al esfuerzo realizado por su beneficiario durante la vida laboral. En la reforma aprobada por el anterior Gobierno, contestada por los sindicatos, se estableció que en 2013 se tomarían en cuenta para el cobro de la pensión lo percibido en los 16 últimos años de vida laboral, hasta alcanzar los 25 en 2022.
El Gobierno sigue sin descartar que Comisiones Obreras se sume a la reforma que será aprobada antes de fin de año
El principal argumento esgrimido por el PSOE para oponerse ahora a la reforma del Gobierno es que no obedece a un cambio coyuntural, sino estructural y que, por tanto, como consecuencia de una crisis económica momentánea, aunque ya dura más de seis años, se están promoviendo cambios permanentes que perjudican a los pensionistas para siempre. De esta misma tesis participan también UGT y Comisiones Obreras, aunque el Ejecutivo no descarta que, al final, este último sindicato pacte una parte de la reforma antes de su aprobación definitiva a finales de año.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.