¿Se ha arreglado por fin el problema del déficit público? El Gobierno, obligado a otro gran ajuste en 2015

El Gobierno ha conseguido reducir el déficit durante 2013 en apenas 3.000 millones sin contabilizar las ayudas a la banca. Sin embargo, todavía ha de recortarlo en casi 25.000 millones más de aquí a 2015. Pese a las perspectivas de recuperación, el reto se presenta plagado de riesgos. En el Ministerio de Hacienda aún tienen por delante muchos desvelos y largas horas de trabajo con las hojas de Excel.

El horizonte se vislumbra preñado de incertidumbres que pueden dificultar el proceso de consolidación fiscal, desde los anuncios de rebajas fiscales a las inflaciones bajas, pasando por un gasto en pensiones al alza, la pérdida de población, la precarización del empleo, las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómico, las reivindicaciones fiscales de Cataluña o las elecciones municipales, autonómicas y generales.

Por más que el Gobierno presuma de que está en vías de domeñar el problema, en 2013 no ha sido nada fácil rebajar el déficit público. Montoro ha sudado la gota gorda. A pesar de haber subido por doquier los impuestos, los ingresos no lograron remontar con fuerza lastrados por la recesión, y el gasto en prestaciones de desempleo no bajó como se esperaba. Así que el titular de Hacienda tuvo que acometer recortes adicionales a los presupuestados en las partidas de los Ministerios. Para intentar recaudar unos 4.200 millones más, se vio obligado a elevar la tributación del tabaco, de las bebidas espirituosas, de los gases fluorados y de Sociedades. Incluso movió contablemente 6.000 millones de devoluciones tributarias de vuelta al 2012 para quitarse de encima toda la trampa que hizo en el anterior ejercicio y que hundía la recaudación de 2013.

Después de tener la reforma eléctrica comprometida y aprobada, la desbarató a última hora dejando de abonar 3.600 millones para gran enfado de las empresas. Enfrentado con un cierre contable endiablado en todas las Administraciones, bloqueó meses antes todas las autorizaciones de desembolsos que no fuesen estrictamente imprescindibles, lo que ha podido suponer de nuevo que se haya embalsado gasto para el siguiente ejercicio. De hecho, los datos del Banco de España señalan que el crédito a las Administraciones se moderó hasta crecimientos del 8,6 por ciento al cierre del año para luego repuntar otra vez en enero de este año a tasas del 10,7 por ciento. En definitiva, todos estos esfuerzos para al final sólo recortar en 3.000 millones el déficit sin ayudas a la banca, desde los 70.822 millones a los 67.755 millones de euros.

Buena parte del tajo al gasto en medicamentos, material e inversión ya está hecho. Queda por abordar el tamaño y eficiencia de la estructura administrativa, incluyendo el rediseño autonómico, la fusión de ayuntamientos, la eliminación de diputaciones o la supresión de empresas públicas. Y si bien el número de empleados públicos se redujo sustancialmente, ahora el ajuste de plantilla se ha frenado en seco. Con las elecciones a la vista, ya se ha declarado que el tamaño de la Administración es suficiente, se ha restituido la paga extra a los empleados públicos y se han devuelto moscosos en busca del voto de los funcionarios. Incluso se vende una rebaja de impuestos para recuperar el respaldo en las urnas de la clase media. Sí, precisamente esa que casualmente sostiene los ingresos.

¿Y cómo se presenta un 2014 que por si acaso ya ha empezado con una batería de medidas que suponen unos 2.500 millones más de ingresos para la Seguridad Social? En principio, se antoja más asequible. Montoro ha anunciado que la recaudación mejora un 6 por ciento en los dos primeros meses del año. Y de mantenerse así, fuentes cercanas al Gobierno hablan de un crecimiento de la recaudación entre los 7.000 y 10.000 millones de euros. Si se combina este hecho con que el paro y los intereses dejarían de repuntar, los 9.000 millones que hay que ajustar en 2014 parecen un objetivo más factible.

La apuesta del Gabinete de Mariano Rajoy consiste en que el crecimiento cobre aún más vuelo durante 2015, y que eso permita finalmente el cumplimiento de la meta presupuestaria del 4,2 por ciento del PIB en 2015.

Los obstáculos en el camino

Sin embargo, varios factores pueden jugar en contra de los números de Montoro de aquí al 2015. Y uno de ellos puede ser la inflación, que al fin y al cabo representa otra forma de impuestos. Si no suben los precios, se antoja bastante difícil que los ingresos se disparen tanto como desea el Gobierno. De ahí que sea tan esencial que BCE intervenga ahora que el Bundesbank ha dado públicamente su consentimiento a otra ronda de estímulos monetarios.

Otro factor puede estribar en las pensiones, cuyo importe total seguirá al alza mientras que los salarios menguan y el empleo que se crea es precario y, por lo tanto, cotiza poco a la Seguridad Social. Junto a las prestaciones por desempleo y los intereses de la deuda, el desfase del sistema de pensiones explica que el Estado central en verdad haya seguido aumentando su gasto durante la crisis. De los 23.500 millones de superávit contable en las pensiones durante los primeros años de crisis, sólo se ingresaron en la hucha del Fondo de Reserva unos 1.740 millones, luego el superávit contable no se tradujo en más fondos para el sistema. Y a partir de ahí el PP ha necesitado unos 10.000 millones por año para pagarlas pese a haber aumentado la dotación anual de Presupuestos a las pensiones hasta los 15.000 millones.

Lo cual a su vez está íntimamente ligado a un fenómeno nuevo en España: perdemos población. Según los datos del INE, entre enero de 2012 y enero de 2013 se produjo la primera caída de la población desde que se hacen estimaciones. En concreto, un retroceso del 0,3 por ciento frente a los incrementos habituales del 2 por ciento durante la década de la bonanza. Y ello repercute directamente sobre el crecimiento. Que crezcamos un 1 por ciento ahora que desciende la población es como si se estuviese creciendo a tasas del 3 por ciento con el censo aumentando a ritmos del 2 por ciento. Es decir, en tanto que el número de habitantes siga disminuyendo no podremos crecer mucho, algo que además se ve agravado por el proceso de desendeudamiento en el que aún estamos inmersos.

Es más, aunque el propio Banco de España daba unos datos alentadores al anunciar que en 2014 el PIB remontaría un 1,2 por ciento, en realidad no se mostraba tan optimista respecto al 2015. Pese a que para este año fijaba el repunte del Producto Interior Bruto en el 1,7 por ciento, eso lo hacía sin descontar el ajuste que hay que acometer para alcanzar el déficit del 4,2 por ciento en 2015. De contabilizarse esa contracción del sector público, el crecimiento del PIB podría situarse en un exiguo 1 por ciento y poner en duda toda la estrategia del Ejecutivo.

Para colmo, se aproximan elecciones municipales y autonómicas. Gracias en parte a que han podido despedir con más facilidad y a que la vivienda gravada por el IBI no se escapa, los ayuntamientos se han encargado ellos solos de corregir todo el déficit del Estado generando 4.000 millones de superávit. No obstante, esos excedentes pueden evaporarse fácilmente de cara a los comicios, y la prueba del algodón reside en que aun teniendo ese remanente de 4.000 millones únicamente se ha reducido su deuda en 449 millones. Es decir, se han reservado ese superávit para poder financiar el año que viene sus inversiones tal y como les autorizó finalmente Montoro, lo que en última instancia significa que no volverán a presentar un superávit tan abultado.

Y algo similar podría ocurrir con unas Comunidades Autónomas ya lanzadas hacia la carrera electoral al mismo tiempo que pelean por un incremento de la financiación. Por no hablar de lo difícil que será satisfacer las reclamaciones fiscales de Cataluña y controlar su déficit en pleno órdago independentista.

Las AAPP retrasan la salida de la crisis

Así las cosas, Montoro tendrá la complicadísima tarea de conjugar los intereses electorales y políticos con el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. Después de dos suspensos raspados en el déficit público y con un horizonte electoral propenso al gasto, Bruselas no se fía del todo y exige que Hacienda le justifique cómo va a cuadrar los números de aquí a 2015.

Entretanto, España ya se ha convertido en este capítulo en el alumno más rezagado de la periferia al incumplir también el llamado superávit primario, ése que mide el desfase presupuestario después de haber restado el pago de intereses y que, por lo tanto, sirve de baremo para comprobar si realmente se han equilibrado las cuentas públicas. Italia, Irlanda, Portugal e incluso Grecia han alcanzado ese punto virtuoso. Pero no así España, que continúa gastando más de lo que ingresa aun descontando la carga financiera.

De hecho, la verdadera constatación de que España está saliendo de la crisis ocurrirá cuando empecemos a reducir nuestra deuda total, pública y privada. Y eso sólo ha sucedido por primera vez en 20 años en diciembre del 2013, momento en el que el crédito total concedido a la economía española disminuía un raquítico 0,8 por ciento en tasa interanual según las cifras del Banco de España.

Es decir, por primera vez el desapalancamiento de empresas y familias superaba la escalada de la deuda de las Administraciones Públicas. Pero la alegría ha durado muy poco, porque ya en enero de 2014 el dato era exactamente un 0 por ciento debido al nuevo repunte de la financiación pública nada más comenzar el ejercicio. Lo dicho, todavía queda mucho por hacer con las hojas de Excel.