El Consejo de Estado se opone a que el Gobierno ejecute las fianzas de las radiales por 250 millones

El Gobierno no cuenta con el aval del Consejo de Estado para ejecutar las fianzas depositadas en su día por las concesiones de autopistas de peaje de última generación y que ahora han tenido que ser rescatadas por el Estado debido a su situación de quiebra. Tras el rescate de las concesionarias, el Gobierno pretendió incautarse de las fianzas referenciadas tanto a la construcción de las autopistas como a su explotación, lo que motivó que las empresas afectadas acudieran a los tribunales para impedirlo. La cuantía total de las garantías de las ocho concesiones que ahora han pasado a manos del Estado asciende a uno 250 millones de euros.

El pronunciamiento del Consejo de Estado llegó como consecuencia del último caso de rescate de una concesión, en concreto de la de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, que ha vuelto a manos públicas en las primeras semanas del presente año. El Gobierno solicitó el correspondiente dictamen al órgano consultivo, que se pronunció a favor de que el Estado asumiera la concesión pero sin ejecutar la fianza referida a la construcción de la carretera.

El proceso de rescate de las autopistas está aun pendiente de que el Gobierno establezca la cifra correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración

Como en anteriores dictámenes, uno de ellos referidos a la M-12, el peaje para acceder a la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Consejo de Estado se remite a la documentación de obra en su poder, la cual atestigua que las obras de la autopista han sido finalizadas en su totalidad y que, por lo tanto, no cabe incautarse de la fianza, que asciende al 4% de la cuantía prevista de las obras, en su condición de garantía.

El organismo establece que el hecho de que la concesionaria no haya llevado hasta el final el contrato de explotación de la autopista afectaría a la fianza de explotación pero en ningún caso a la de construcción, que va ligada única y exclusivamente al proceso de desarrollar la infraestructura tal y como está previsto en los pliegos.

En línea con el Supremo

En defensa de sus intereses, las concesionarias acudieron en su día a los tribunales para evitar la ejecución de las fianzas. Por el momento, los accionistas de las compañías, en su mayoría grupos constructores, cuentan con un auto del Tribunal Supremo que admite las medidas cautelares que solicitaban sobre la incautación de las garantías.

El Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que fue el que llevó a cabo finalmente el rescate de las concesiones, estaba dispuesto a la ejecución; tras el cambio en el Ejecutivo provocado por el triunfo de la moción de censura promovida por el actual presidente, Pedro Sánchez, el proceso se frenó hasta el punto de que actualmente no hay ninguna medida tomada al respecto.

No ha sido la única modificación de los planes al respecto del futuro de las autopistas quebradas. Mientras que la intención del anterior Gobierno era volver a sacar al mercado las concesiones, el actual Ejecutivo ha decidido que el Estado asuma el control de las ocho autopistas, entre ellas las radiales de Madrid, al menos hasta 2023, con una considerable rebaja media de los peajes del 30% para tratar de revitalizar los tráficos.

Pendientes de la RPA

En el referido dictamen, el Consejo de Estado vuelve a incidir en sus críticas al proceso empleado a su día para realizar las concesiones por el hecho de que el modelo era especialmente garantista con las compañías y minimizaba al máximo los riesgos asociados tradicionalmente al esquema concesional.

El proceso de rescate de las autopistas está aun pendiente de que el Gobierno establezca la cifra correspondiente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, el montante con el que el Estado compensará a los accionistas y acreedores de las concesionarias (la mayoría de estos últimos, fondos oportunistas) por los trabajos que aún no han sido amortizados. Un proceso para el que se prevé una notable litigiosidad, toda vez que las cifras que manejan accionistas y acreedores (en torno a los 4.000 millones de euros) están muy alejadas de las que, en principio, el Gobierno está dispuesto a asumir.