El plan de la Segunda República para vender las Baleares a Mussolini

Un mercedes con matrícula suiza cubierto de polvo y barro llegó a Mónaco, procedente de Marsella, el 7 de marzo de 1937. De su interior bajan José Chapiro agente secreto de la República española y un espía de la Italia fascista. Acomodados en un salón de té, el italiano expone el precio de una retirada italiana de la contienda española: 100 millones de dólares, a pagar en un plazo máximo de 18 meses, como compensación de guerra; un acuerdo aduanero para algunos productos italianos; y lo más importante convertir las islas Baleares en una  colonia a la que mandar 100.000 italianos. 

Chapiro, judío y doctor en Filosofía, estaba horrorizado por el auge del nazismo en Europa y después de moverse por los ambientes izquierdistas de Madrid, había sido fichado por Luis Araquistáin, un veterano dirigente del PSOE y embajador de España en París. La reunión en Mónaco se produjo ocho meses después del golpe de Estado del 18 de julio que ocasionó la Guerra Civil, y coincidiendo con el inicio de la batalla de Guadalajara en la que tendrían un papel protagonista las fuerzas italianas. Las democracias de Inglaterra y Francia ya se habían lavado las manos, y el bando republicano tuvo que recurrir a la Unión Soviética de Stalin, mientras que las potencias fascistas ayudaron a Franco desde el primer día. 

Araquistáin, que como embajador de la República había sufrido decenas de desplantes de Francia al tratar de conseguir armas para el conflicto, aprobó el plan de Chapiro de intentar comprar la no intervención de los aliados de Franco y bautizó el plan como operación Schulmeister, el alias del agente Chapiro. El historiador y periodista Manuel Aguilera Povedano ha rastreado en los informes y correspondencia de los protagonistas de aquella historia y ha publicado  ‘El oro de Mussolini’ (Arzalia) en el que explica cómo la República planteó vender parte del territorio español al fascismo.

Aguilera asegura que la propuesta llegó al Consejo de Ministros. En su obra adjunta una carta del año 1950 de la primera ministra de la historia de España, la anarquista Federica Montseny, al historiador Burnett Bolloten en la que confirmaba la existencia de iniciativas diplomáticas extraoficiales con el propio Hitler, “cediéndole las Baleares o las Canarias, a cambio del cese de toda ayuda a Franco”.

Araquistáin estaba convencido de que los verdaderos intereses de Italia y Alemania eran económicos y coloniales y propuso el plan de cesión territorial al entonces presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, quien, en los primeros meses de 1937, dio luz verde para iniciar estos contactos. En un primer momento la República ofrecía el Marruecos español, pero las potencias del Eje tenían sus ojos puestos en las islas españolas: Baleares para los italianos, y Canarias para Alemania.

Alemania se reunió hasta tres veces con emisarios del Gobierno republicano, en dos de ellas el representante alemán fue el director del Reichsbank, Hjalmar Schacht, pero estos encuentros también fracasaron cuando la delegación alemana reclamaba algún documento oficial que les acreditase que las proposiciones republicanas eran firmes.  Como también afirman historiadores de la talla de Javier Tusell y Ángel Viñas el proyecto no tuvo mayor recorrido por la destitución de Largo Caballero en mayo de 1937.

El plan B de Italia

Fracasado este plan, en 1938, la Italia fascista pone en marcha uno alternativo consistente en comprar fincas en Baleares aplicando un modelo similar al desarrollado en Túnez. No dejaba de ser un proyecto colonial con el que el Estado italiano pretendía penetrar económica, cultural y socialmente en las islas instalando en ellas “a sus inmigrantes”.

El ministerio de Finanzas italiano compró la tercera finca agrícola más grande de Mallorca de 18 kilómetros cuadrados, cinco de ellos de costa, por cinco millones de pesetas. La obra muestra los documentos de la adquisición de la finca de La Albufera y Son Sant Martí y el contrato de arras de la familia Gual de Torrella con el espía italiano Carlo de Re para salvar una ley de la República que prohibía a los extranjeros comprar terrenos en la costa sin autorización militar expresa. El terreno pasaba a manos de Celusosa Hispánica S.A el 10 de mayo de 1938, tan solo un día después de haberse creado la empresa. Un  movimiento que fue detectado casi inmediatamente por los ingleses como demuestra el informe del cónsul inglés Alan Hillgarth, fechado el 5 de agosto de ese año, en el que comunica la compra secreta de los italianos. 

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