"Nosotros no podemos hacerlo todo". Esta es la frase que apela directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de uno de los abogados que ejerce de acción popular en la causa del Tribunal de Cuentas contra los 34 encausados por el gasto exterior destinado al 'procés'. Una vez publicado el decreto del Govern sobre el fondo para dar cobertura a las fianzas millonarias que exige el órgano fiscalizador, consideran que Moncloa debe intervenir en favor de los intereses de todos los catalanes.

"Esperamos que el Gobierno recurra con carácter inmediato el Real Decreto. De no hacerlo consideraremos que serían cómplices en el blanqueo de la responsabilidad de los señalados en el Tribunal de Cuentas y entenderíamos que el Ejecutivo no sólo estaría a favor de perdonar la responsabilidad penal, sino también la civil con el propio dinero de los catalanes no independentistas", abundan desde Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana.

Las palabras de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, sobre el fondo han levantado las alarmas entre los demandantes, que creen que pese a que Calvo ha cerrado filas con la "legalidad" también ha demostrado poca firmeza por lo que respecta a la posibilidad de negociar dicho decreto con la Generalitat. En este sentido, la acción popular teme que puede haber margen entre el Gobierno y el Govern para corregir aquéllos aspectos controvertidos con el fin de sortear al Tribunal Constitucional.

De momento, PSC, Cs y PP pedirán un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre su legalidad. Este procedimiento, sin embargo, no frena la vigencia del Decreto Ley. El Consejo de Garantías Estatutarias tiene 12 días para contestar desde que se envíe a la Mesa, que probablemente será el próximo martes, explican fuentes parlamentarias a Vozpópuli.

Hasta que no llegue el dictamen de respuesta, que en ningún caso es vinculante, el decreto no se puede convalidar en el Parlament. Con todo, ERC y Junts deberán esperar hasta el próximo 21 de julio, aproximadamente, para contar con el respaldo de la mayoría de la Cámara, y ya dejaron claro que aspiran a que sea convalidado por una "mayoría amplia" y por eso negocian con En Comú Podem para que lo apoye e instan al PSC a no oponerse.

Recurso de inconstitucionalidad

Como informó este medio, Convivència Cívica Catalana fueron los primeros en presentar una denuncia contra el Govern el mismo día que anunciaron el fondo complementario de riesgos. No obstante, la acción popular en la causa consideró que era apresurado ya que todavía no se había publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y no conocían el contenido del decreto.

Ahora, con toda la información sobre la mesa, sí que instan a Sánchez a actuar. En especial, porque un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno puede frenar este fondo antes de que el Tribunal de Cuentas intervenga.

El papel de la Generalitat

Para los demandantes, el hecho de que la Generalitat sea, en última instancia, la avaladora de los encausados por el Tribunal de Cuentas es un "contrasentido", ya que es precisamente la administración catalana la afectada por la malversación de fondos. También critican la opacidad de los 10 millones que dotan el fondo y que el conseller de Economía, Jaume Giró, no supo aclarar de qué partidas procedía.

Cuando la Abogacía del Estado decidió inhibirse como parte afectada en la causa, la acción popular ya temió que la Generalitat comparecería para decir que no ha sufrido prejuicio alguno y que todos los gastos investigados entran dentro de los cometidos de la Acción Exterior que prevé el Estatut. Sin embargo, esperan que el Gobierno no dé un espaldarazo a la Generalitat en este ámbito y que no les dejen solos en la defensa del resto de contribuyentes catalanes, que no son independentistas, y reclaman saber la cantidad del dinero usado en fines partidistas.