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Se querellan contra tres directivos de Telemadrid por posible malversación de fondos públicos

Denuncian la operación que se llevó a cabo entre Caja Madrid y la cadena de televisión autonómica, que sirvió para adquirir los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y el Getafe C.F por 300 millones. Los querellantes acusan a los denunciados de administración desleal y malversación de fondos públicos. También de no controlar el cumplimiento de un contrato publicitario millonario.

Los libros de cuentas de las televisiones autonómicas incluyen determinadas anotaciones que son difíciles de justificar. En 2007, cuando Telemadrid arrastraba una deuda de alrededor de 180 millones de euros, los responsables de la cadena decidieron adquirir los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid y del Getafe C.F. Para ello, se aliaron con Caja Madrid y cerraron una operación que se cifró en300 millones de euros, a través de la sociedad Madrid Deporte Audiovisual, en la que Telemadrid se posicionó como socio mayoritario con el 49% de la propiedad. Por esta adquisición, ha llegado a los juzgados una querella en la que se acusa a dos exdirectivos de la casa y al actual director general de administración desleal y malversación de fondos públicos.

La denuncia ha sido interpuesta por la Asociación de Afectados por la Gestión de la Televisión Pública Madrileña (AGTPM) y está dirigida a los exdirectores generales Manuel Soriano e Isabel Linares; y quien actualmente ostenta el cargo, Ángel Martín Vizcaíno, quien durante una década ocupó la vicepresidencia del Ente Público Radio Televisión Madrid (EPRTVM).

Las estimaciones eran que la compra de los derechos audiovisuales de los clubes de fútbol generara beneficios a partir del cuarto año

En la querella, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se denuncia la naturaleza de esta operación por las irregularidades que incluía, a juicio de los demandantes. Contemplaba la compra de los derechos de ambos clubes de fútbol durante cinco temporadas, si bien, según fuentes de la casa consultadas por este periódico, las estimaciones eran que generara beneficios a partir del cuarto año y se recuperara la inversión realizada durante el octavo. Es decir, tres anualidades después de que venciera el contrato adquirido con los dos clubes madrileños, de Primera División.

Pago de 24 millones por una publicidad que el Atlético de Madrid no lució

En la querella, se incide en que Madrid Deporte Audiovisual abonó al Atlético de Madrid alrededor de 24 millones de euros, entre 2007 y 2011, por un contrato de publicidad con el club que se incumplió, dado que en los soportes contemplados no aparecieron anuncios de Bankia o Telemadrid. En la denuncia, se critica que los gestores de esta empresa no “exigieran el cumplimiento de la prestación”. Es decir, pagaron una cantidad millonaria por un contrato que, por desidia o desacuerdo de una u otra parte, nunca se llevó a cabo, sin que el Atlético de Madrid haya tenido que devolver la cantidad que percibió por el mismo.

Estos hechos "inexplicables" en la gestión de Telemadrid desembocaorn en el despido de más de 800 trabajadores en 2013

¿Qué figura en las cuentas de la EPRTVM sobre este hecho? En concreto, que el acuerdo con el Atlético de Madrid contempla “la adquisición, gestión, administración y comercialización de derechos de publicidad estática en la equipación oficial, página web, estadio y campos de entrenamiento de los citados clubes, todo ello durante el periodo restante de la temporada 2006/2007 y las temporadas 2007/2008 a 2013/2014, así como hasta la fecha en que se celebre el primer partido de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de la temporada 2014/2015”.

Representantes de la plantilla afirman que este tipo de hechos “inexplicables” en la gestión de Telemadrid desembocaron en el despido de más de 800 trabajadores en 2013, un hecho que consideran que tiene una difícil justificación si se tiene en cuenta el “derroche” que se realizó en operaciones como la que ahora ha denunciado la AGTPM.

Esta colectividad, también se querelló el pasado marzo contra el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por la gestión realizada en el ente público y audiovisual madrileño; y le acusó de incumplir en su función hasta nueve artículos del código penal.


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