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España

La Gürtel de la yihad arraigó en Melilla: testaferros "bajo el umbral de la pobreza" defraudaron 8 millones

El registro de la casa del yihadista detenido en Melilla duró 13 horas.

El 1 de julio de 2014 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, recibió un voluminoso informe del Servicio de Información de la Guardia Civil en el que los agentes destapaban la existencia de una trama societaria vinculada a una célula yihadista asentada en Melilla, que a semejanza de las desarticuladas en la Gürtel o en la Púnica escondía en el extranjero a buen recaudo el resultado de sus actividades presuntamente ilegales.

El informe y la posterior investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de otro juez, en este caso Santiago Pedraz, ha permitido desarticular un entramado de 24 empresas que según los agentes podría haber defraudado hasta ocho millones de euros en España procedentes de actividades ilegales como el narcotráfico, accidentes simulados, falsificación de documentos y robos de vehículos.

Los integrantes de la trama también se contrataban unos a otros, con la intención de percibir la prestación por desempleo, al mismo tiempo que varios de ellos fueron empleados por la Delegación del Gobierno de Melilla, por la Ciudad Autónoma y por el Ejército español.

Cañada de Hidum

Pero, a diferencia de Francisco Correa o Francisco Granados, que a la vez que se enriquecían también repartían importantes cantidades a sus testaferros, los yihadistas de Melilla se aprovechaban de ciudadanos que vivían "por debajo del umbral de la pobreza" en La Cañada de Hidum, uno de los barrios más depauperados de la ciudad autónoma y de toda España, para esconder su dinero en Dinamarca.

En este sentido, el informe del instituto armado confirma este hecho: "La mayoría de las personas investigadas tienen en común una escasa capacidad económica, siendo la percepción de subsidios por desempleo su principal fuente de ingresos, lo que unido a la inexistencia de propiedades inmobiliarias a su nombre ha permitido observar que la economía es de subsistencia y por debajo del umbral de la pobreza en la mayoría de los casos, con lo que estas personas estarían haciendo uso de fondos al margen de los sistemas formales".

Un agente de la Guardia Civil durante los registros del pasado viernes en Melilla.

Por eso el informe de 287 páginas elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Vozpópuli, abría una importante línea de trabajo, que iba más allá de la que en ese momento tenía bajo su control el propio juez Andreu en la Operación Javer, que analizaba las actividades de una célula que bajo el sobrenombre Sharia4Spain (ley islámica para España) difundía la ideología terrorista por Internet en español, pero que también había enviado a 26 islamistas a luchar por el DAESH al Sahel africano.

Seis años de cárcel

El pasado 10 de julio los integrantes de esta célula yihadista arrestados en mayo de 2014 en Melilla en el marco de la Operación Javer investigada por el juez Andreu por captar combatientes para Al Qaeda con el fin de cometer atentados en el Magreb o "en suelo occidental" aceptaron una pena de seis años de cárcel tras reconocer los hechos y renunciar su líder al uso de la violencia.

Sin embargo, en 2014 el magistrado decidió abrir una pieza separada de la Operación Javer, que recayó sobre el también juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha culminado, sobre todo gracias al trabajo de la Guardia Civil, en la detención en Melilla el pasado 23 de junio de M.E.M., un hombre de 40 años de origen marroquí y nacionalidad danesa, por su relación con estructuras de captación y reclutamiento de grupos terroristas como DAESH AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico).

Entramado en Dinamarca

En una escueta nota de prensa, la Guardia Civil informaba de que el arrestado, nacido en Tensamane (Marruecos), se había servido de un entramado societario en Dinamarca para evadir elevadas sumas de dinero con la finalidad de financiar esta red de captación de alcance internacional. En concreto, la red podría haber enviado a los conflictos de Siria e Irak a una decena de ciudadanos daneses, alemanes y españoles.

La nota especificaba que la Guardia Civil mantenía abiertas varias investigaciones, alguna de ellas desde 2012, sobre varios residentes melillenses que, careciendo de la más elemental formación económica, ostentaban puestos de responsabilidad en empresas danesas.

Esas primeras investigaciones se vinculan con la presencia en Melilla del ciudadano danés Kenneth Sorensen, un converso que pasó a llamarse Abdulmalik al Dinmarki, y que logró rodearse en la ciudad autónoma española de un grupo de acólitos vinculados con la mezquita Assalam, conocida como La Blanca, situada en La Cañada de Hidum.

El informe de la Guardia Civil da respuesta a la recurrente pregunta de cómo se financia el Ejército Islámico

El informe de la Guardia Civil da respuesta a la recurrente pregunta de cómo se financia el Ejército Islámico para cometer atentados en Europa y enviar a combatientes a Siria e Irak. 

En concreto, el informe del Servicio de Información de la Guardia Civil sobre el entramado de empresas danesas, que también aporta datos sobre sociedades radicadas en Francia y Países Bajos, identifica a Mohamed El Mahdaoui, con doble nacionalidad marroquí y danesa, como la persona que "mayor vinculación presenta con mercantiles internacionales, siendo éstas: dos en Dinamarca, dos en Holanda y una en Francia".

Los agentes destacan en su trabajo que la formación, el patrimonio y la actividad económica conocida, "no permiten inferir que Mohamed El Mahdaoui dirigiera o estuviera sosteniendo ninguna actividad comercial, ni en España ni en el extranjero".

Sin formación

Ni él ni ningún otro de los integrantes de la célula terrorista, según indica la Guardia Civil: "Sus administradores únicamente han desempeñado durante su vida laboral trabajos de escasa remuneración, además de carecer de formación conocida empresarial e igualmente por no disponer de gasto alguno que permita ubicar su presencia en Dinamarca, ni tráfico comercial con las empresas citadas desde España.

El informe considera posible que la cuenta corriente de Mohamed El Mahdaoui se hubiera utilizado como "puente" para que las distintas estructuras o miembros de la organización trasladen fondos: "Además de aparecer como "testaferro" en empresas internacionales con las cuales la organización podría pretender eludir el sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los agentes consideran que El Mahdaoui podría ser el perfecto "testaferro", ya que era "un completo desconocido"

Así, los agentes consideran que El Mahdaoui podría ser el perfecto "testaferro", ya que era "un completo desconocido, en el que se cumplen todas las circunstancias para burlar o dificultar los mecanismos de control y la actividad investigadora, habiéndose detectado posibles contactos internacionales y la disposición de importantes cantidades de fondos sin justificar y sin ningún medio de vida conocido".

Además, los guardias identifican en su informe a los presuntos participantes en una trama de fraudes al seguro, "mediante la cual las personas implicadas simulan accidentes de circulación para poder reclamar posteriormente una indemnización".

Contratos irregulares

El informe aprecia también la posibilidad de que algunos de los integrantes de la trama islamista fueran contratados por otros implicados, "de manera puntual para dar un respaldo legal a las siguientes solicitudes de subvención por desempleo".

Puesto fronterizo de Beni Enzar, entre Melilla y Marruecos.

Y la mujer de uno de los implicados llegó a realizar seis declaraciones voluntarias de efectivo en el paso fronterizo Beni Enzar de Melilla entre los días 25 de marzo de 2014 y el 8 de abril de 2014 por un valor de 104.766 euros, que justificó por la venta de terrenos e inmuebles en Marruecos.

Como conclusión, los agentes no consideran "creíble" la participación de personas sin bagaje empresarial alguno en España y con una escasa capacidad de obtención de fondos e ingresos de práctica subsistencia con origen en subsidios públicos, en la constitución de una veintena de sociedades mercantiles en Dinamarca, con las que provocaron un fraude de 8 millones de euros, que acabaron canalizados hacia el terrorismo islámico.

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