Publicado: 01/04/2016 04:00
El caso del ático de Ignacio González ya tiene quién lo investigue. Será la célebre Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía la que, a propuesta del propio Ministerio del Interior, se encargue de las pesquisas bajo las órdenes de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga), Isabel Conejo. Así se recoge en una reciente providencia de la magistrada a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que se señala que la Comisaría de Estepona, a la que que en primera instancia la juez había encargado la investigación, ha remitido recientemente un oficio a ésta en el que le comunica que ha tramitado su petición de colaboración a Madrid para que sean sus compañeros especializados en delitos económicos los que se hagan cargo de las mismas. Se da circunstancia que la UDEF ya intervino en las mismas en sus inicios, en 2012, pero que fue el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que ordenó tras cesar a dos mandos que se abandonaran al considerarlas entonces "ilegales".
La magistrada encargó las pesquisas a la Comisaría de Estepona, pero ésta ha derivado el caso al grupo especializado en delitos económicos con sede en Madrid
La propuesta de que sea la UDEF la que se encargue del 'caso Ático' fue tramitada por la Comisaría de Estepona el pasado 22 de marzo, una semana después de que llegara a sus responsables el oficio de la juez Isabel Conejo en el que les pedía que realizasen "las gestiones tendentes al esclarecimiento de los hechos [y] de las personas responsables" en la compraventa del lujoso ático por el que están 'investigados' (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) el político, su mujer, Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo En aquel escrito, la magistrada ya dejaba a los mandos locales de la Policía la puerta abierta a que delegasen en cualquier otra "unidad de dicho cuerpo policial con competencias para llevar a cabo la investigación de los hechos", en lo que fuentes jurídicas vieron entonces una sutil alusión a la UDEF. Finalmente, es lo que han hecho los destinatarios del encargo judicial. Según detallan en su respuesta a la magistrada, se han dirigido a la Comisaría General de Policía Judicial, en Madrid, el oficio que esta les remitió "para que por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera [sic] sean investigados los hechos denunciados en este procedimiento".
Aquella decisión de la juez de que fuese la Policía Nacional la que se encargara de las pesquisas sorprendió entonces dentro del propio Cuerpo. Los motivos: dos comisarios habían sido cesados precisamente por investigar la propiedad inmobiliaria del expresidente de la Comunidad de Madrid, además de que el último informe pedido por la magistrada, el análisis de la grabación que el comisario José Villarejo hizo de su conversación con Ignacio González y que ha reactivado el caso, se lo encargó ésta al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. De hecho, la última actuación de investigación de la Policía conocida en esta causa era un informe la propia UDEF de finales de junio de 2012 cuyo encargo le costó el puesto al entonces comisario general de Policía Judicial, Jose Enrique Rodríguez Ulla. Desde entonces, la participación de este Cuerpo había sido prácticamente testimonial, según se refleja en el propio sumario.
Primer cese, en abril de 2012
Aquel cese de un mando policial no era el primero. En abril de ese mismo año ya había sido relevado de su puesto el comisario jefe de Marbella, Agapito Hermes de Dios, quien había iniciado las pesquisas en julio de 2011, cuando el PSOE aún estaba en el poder. Sin embargo, la llegada al Palacio de La Moncloa del PP se tradujo en la paralización de las investigaciones, al considerar el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que las mismas no habían sido registradas de forma oficial y, por tanto, eran "ilegales". La propia Dirección General de la Policía anunció entonces en una nota de prensa que "siguiendo las instrucciones del Ministerio del Interior" había abierto un expediente a este agente que también fue trasladado de destino.
Los dos comisarios que iniciaron la investigación fueron destituidos fulminantemente en 2012 con el visto bueno del ministro del Interior
Poco más de dos meses después se producía la segunda destitución fulminante, la del comisario Rodríguez Ulla. Según detalló este alto cargo policial en la declaración que prestó el pasado 3 de marzo dentro del sumario del Ático, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, él reabrió la investigación tras recibir el 7 de junio de 2012 tres notas registradas por un sindicato policial en las que se denunciaban supuestas irregularidades en el patrimonio del político. Ello le llevó a convocar una reunión de la comisión técnica de su departamento para analizar la información que contenía. De aquella reunión policial salió, precisamente, la decisión de encargar las pesquisas a la UDEF con "la premisa de que se diera cuenta a la Fiscalía Anticorrupción". Aquellas primera diligencias recibieron incluso un número de referencia y fueron declaradas secretas a petición de otro comisario que participó en el encuentro.
Rodríguez Ulla aseguró a la juez Conejo que al día siguiente se informó de las mismas tanto a su superior jerárquico, el también comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, como a Anticorrupción. A partir de ese momento, se iniciaron las investigaciones y se planteó el desplazamiento de dos agentes a Asturias, donde vivía el primer propietario del ático que se lo había vendido a la empresa 'pantalla' que más tarde se lo alquilaría a Ignacio González y su mujer. A finales de ese mes, el comisario fue cesado "por pérdida de confianza" por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una decisión que contó con el respaldo público del ministro del Interior.
Desde entonces, la UDEF había desaparecido del sumario y la actuación de otras unidades de la Policía Nacional se redujó a la mínima expresión. Así, entre los escasos escritos elaborados por este cuerpo en estos casi cuatro años figura un informe del 18 de julio de 2013 elaborado por la Comisaría de Estepona, la misma que ha derivado ahora la investigación a sus colegas de Delitos Económicos, en el que se detallaba el camino que, por error, había seguido una comisión rogatoria que la juez había dirigido a las autoridades británicas para recabar datos sobre una cuenta bancaria abierta en este país y que había sido rechazada por Londres.
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