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La banca rechaza el plan del Gobierno de devolver en 20 años la deuda de las autopistas

La gran banca está indignada con la deriva que ha tomado el Gobierno para solventar el problema de las concesionarias de autopistas en quiebra. El cambio de modelo, de la creación de una sociedad pública que aglutinara los activos de las sociedades al proceso de liquidación progresiva, ha traído consigo una propuesta del Ejecutivo que consiste en una quita de unos 1.400 millones de euros y un plazo de 20 años para devolver los cerca de 2.500 restantes. Algunas entidades financieras ya le han expresado a Montoro su rechazo. Otros lo harán este miércoles.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El cambio de estrategia del Gobierno para tratar de solventar el problema de las autopistas de peaje en quiebra ha levantado ampollas en la banca acreedora de las concesionarias, que no ha dudado en llamar a la puerta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para expresar su oposición a un plan por el que el Ejecutivo tardaría 20 años en devolver la deuda de las sociedades que fueran entrando en proceso de liquidación, con el agravante de llevar a cabo una quita cifrada en unos 1.400 millones de euros.

Hace dos semanas, el Ejecutivo anunció un cambio legislativo que le eximirá de pagar la deuda por expropiaciones de los terrenos de autopistas de peaje en el caso de que las concesionarias no puedan hacerlo por estar inmersas en concursos de acreedores.

La medida, polémica por su carácter retroactivo, se adoptó ante la más que probable circunstancia de que la Comisión Europea rechace el plan del Ministerio de Fomento para crear una sociedad pública que aglutine los activos de las concesionarias en quiebra o en graves problemas financieros.

Con la modificación de la Ley, al Gobierno le resultará mucho más barato el Plan B, que consiste en que las concesionarias quebradas vayan entrando sucesivamente en procesos de liquidación, en cuyo caso el Estado deberá asumir la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) pero ya con una carga notablemente menor (con una diferencia de unos 2.000 millones) al no incluirse las expropiaciones.

Sin embargo, la alternativa del Gobierno va más allá. Ha planteado una quita adicional de 1.400 millones de euros en el pago de la deuda y, lo que los bancos consideran mucho más grave, que el resto de la deuda (algo más de 2.500 millones de euros) sea pagadero en un plazo de 20 años.

Enfrentamiento Fomento-Hacienda

De este modo, la banca acreedora de las concesionarias ha pasado de un plan por el que cambiaban la deuda de las autopistas por deuda garantizada del Estado a ver cómo puede sufrir una notable quita y cómo tiene que esperar 20 años para percibir la deuda.

Algunos miembros destacados de la gran banca ya ha manifestado su rechazo al plan del Gobierno y lo han hecho ante el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha sido el encargado de tutelar el proceso desde el punto de vista económico, aunque Fomento ha sido el encargado de negociar con las concesionarias las diferentes alternativas.

De hecho, el ministro de Hacienda se reunirá este miércoles con el presidente de uno de los grandes bancos del país, que le trasladará su frontal rechazo al esquema que actualmente está encima de la mesa del Ejecutivo para tratar de solventar la crisis de las autopistas de peaje.

A lo largo de los últimos meses, los planes del Gobierno en este capítulo han sufrido diversas modificaciones, que han puesto de manifiesto un enconado enfrentamiento entre los ministerios de Fomento y de Hacienda, una situación que desencadenó la intervención de un tercer elemento como es la Oficina Económica de Presidencia.

Ocho concesionarias en concurso

Con el último proceso concursal, el de la M-12, la autopista de peaje que da acceso a la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, ya son ocho las sociedades concesionarias que han tenido que recurrir a la antigua suspensión de pagos al no poder afrontar sus obligaciones con la banca acreedora.

La caída de los tráficos como consecuencia de la crisis, unas previsiones de ingresos excesivamente optimistas y unos desmedidos sobrecostes (especialmente por las expropiaciones) han sido las claves del hundimiento de las llamadas autopistas de última generación, cuyas licitaciones tuvieron lugar durante la segunda legislatura de José María Aznar al frente del Gobierno.


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