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Cabreo en Exteriores por los tratos de favor en los nombramientos en el extranjero

Cabreo entre algunos funcionarios de Asuntos Exteriores por casos como el del nombramiento de Juan Manuel Gil Osle como canciller en la ciudad californiana por segunda vez, algo totalmente anómalo. El funcionario tiene intereses económicos y había vuelto en 2011 del mismo destino.

Una tienda del empresario-canciller de España en LA
Una tienda del empresario-canciller de España en LA JOMSY FASHION

La arbitrariedad y el trato de favor en los procedimientos de designación de puestos específicos de la administración en el exterior vuelve a la actualidad con motivo de la designación de José Manuel Gil Osle como nuevo canciller en Los Ángeles, tal y como publicó el BOE el pasado 29 de enero. Osle ha sido designado canciller en la ciudad californiana después de haber pasado por esa misma posición entre 2006 y enero de 2012, fecha en la que se le pidió que volviera a España. Apenas tres años después de su vuelta a Madrid vuelve a ser enviado a LA, uno de los destinos más solicitados, incumpliendo de una tacada dos máximas que se vienen pidiendo a todos los candidatos: un funcionario no puede repetir destino ni tampoco estar más de cinco años en el mismo. Un límite que ya ha sobrepasado de sobra en su anterior estancia.

Hay que tener en cuenta que las designaciones de cancilleres se realizan de modo arbitrario, al ser personal no diplomático. Esto ocurre a diferencia de los puestos diplomáticos, donde se usa el sistema conocido como ‘bombo’, que es bastante más transparente. Con estas condiciones, el 'dedazo' parece evidente: Gil Osle coincidió con el Director General del Servicio Exterior (responsable directo de los nombramientos) cuando éste era cónsul en Los Ángeles. Tres años después, esta misma persona podría haber sido decisiva a la hora de enviarlo a la ciudad donde el navarro, curiosamente, tiene intereses empresariales.

Los argumentos para conceder o denegar un puesto "se adaptan cuando falta o directamente se ignoran"

Los argumentos para conceder o denegar un puesto "se adaptan cuando hace falta o directamente se ignoran". Gil Osle, pese a acumular una extensa carrera en distintas delegaciones diplomáticas españolas (ha estado también en Riad, Caracas, Toronto y Camberra), se define a sí mismo en LinkedIn como "emprendedor y diseñador web". Es cofundador y actualmente ocupa los cargos de director financiero, diseñador gráfico y manager de Jomsy Fashion, una compañía en la que supuestamente empezó a trabajar cuando fue relevado como canciller en Los Ángeles.

Pese a que según su perfil profesional Oslé pasó en 2011 del consulado de L.A. al sector privado, en realidad ha estado trabajando en los servicios centrales de Madrid. Este periódico ha intentado contactar sin éxito con el funcionario para obtener su versión pero, ¿habrán tenido que ver sus -legítimos- intereses empresariales con que haya vuelto a ser designado en Los Ángeles en una maniobra poco frecuente? Ser emprendedor no está prohibido, aunque puede justificar la poco común intención de volver al mismo destino, que le ha sido concedida contraviniendo normas anteriormente establecidas.

Designaciones muy opacas

Contactado el Ministerio de Asuntos Exteriores, su respuesta a Vozpópuli ha sido que "no valoraremos este tipo de cuestiones pues no hacemos comentarios sobre anuncios particulares". Exteriores no ha querido precisar cuáles son los criterios que se aplican para la selección de personal, cuál es el sistema para la adjudicación de puestos de personal no diplomático (cancilleres, jefes de visados, operadores de comunicaciones y secretarios), cuáles son los datos que aparecen en la convocatoria y que se tienen en cuenta ni si, en definitiva, existen criterios de selección públicos y oficiales.

"Los criterios ni se publican ni se catalogan, son cambiantes y si valen ahora no quiere decir que vayan a valer en el futuro"

La arbitrariedad de los criterios de selección del personal no es algo exclusivo de Asuntos Exteriores, sino que puede aplicarse como sabemos a todos los ministerios y autonomías y a toda la función pública. En este caso, el de Exteriores, se han ido cambiando aleatoriamente según cuáles fueran los responsables de personal correspondientes. El criterio que hoy impedía a una persona ser enviada a un destino (por ejemplo, que llevaba ya demasiado tiempo en el exterior) no se aplica en otros casos. Aunque a algunos se les ha dicho que tras dos o tres destinos tocaba volver a Madrid, otros (como en el caso de Gil Osle) han acumulado cuatro destinos seguidos. Osle no es el único funcionario con el 'privilegio' de irse a cuatro destinos seguidos, pues muchos otros también lo están disfrutando

Al parecer, los criterios ni se publican ni se catalogan, son cambiantes y si valen ahora no quiere decir que vayan a valer en el futuro. Más bien los criterios se adaptan cuando hace falta para nombrar a quien se quiera o directamente se ignoran sin tapujos.

Tampoco existe un órgano como la Junta de la Carrera Diplomática que delibere y resuelva sobre el conjunto de puestos.

Una condena por malversación

Nada tiene que ver con la situación actual dado el tiempo pasado, pero otro dato curioso del nuevo canciller en Los Ángeles es que fue condenado hace bastantes años por dos delitos de malversación impropia y también por falsedad en documento oficial. La sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (dictada el 31 de marzo de 1999) condenó a Osle a cinco meses de arresto mayor y suspensión de tres meses del cargo de interventor del Parlamento de Navarra por un delito de malversación de caudales públicos del Código Penal de 1973. También fue condenado a dos meses de arresto mayor y dos meses de suspensión por un delito continuado de falsedad en documento oficial del Código Penal de 1973.

Es curioso que el canciller, responsable de la gestión financiera de una representación diplomática, tenga algún tipo de antecedente por malversación de fondos, aunque sin duda ya pagó por ello y para nada es ilegal. En cualquier caso será el garante de que los gastos se hacen conforme a los establecido en las normas y autorizado por el Ministerio.

Para Osle pedían en ese momento 10 años de prisión y 18 para su exmujer, la que lideró la trama, María José Rubio Pérez. Se les acusaba, según informó el diario 'El País' en ese momento, de "haber estafado más de 1.000 millones a una decena de empresarios navarros, a los que pedían dinero asegurando que se iba a destinar a la lucha antiterrorista para cubrir el retraso con que el Ministerio del Interior enviaba a Navarra los fondos reservados".


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