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Matas pide a la Audiencia Nacional que investigue el caso Urdangarín

En el escrito presentado, el abogado de Matas sostiene que la instrucción de la causa no corresponde al juez del caso Palma Arena, José Castro, sino a un Juzgado Central de Instrucción, porque los supuestos perjudicados son organismos públicos de Baleares, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid.

En 2005 y 2006, cuando Matas era presidente, el Govern balear firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, y Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero se desvió a empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.

En el escrito presentado, el abogado de Matas sostiene que la instrucción de la causa no corresponde al juez del caso Palma Arena, José Castro, sino a un Juzgado Central de Instrucción, porque los supuestos perjudicados son organismos públicos de Baleares, Comunidad Valencia, Cataluña y Madrid.

En 2005 y 2006, cuando Matas era presidente, el Govern balear firmó con Nóos dos convenios por un total de 2,3 millones de euros para organizar un foro deportivo, y Anticorrupción sospecha que parte de ese dinero se desvió a empresas vinculadas a Urdangarín y su socio, Diego Torres.

Antonio Alberca, letrado del expresidente balear, afirma en su petición que Matas es el "primer interesado" en que se investiguen los hechos y "se depuren las responsabilidades que procedan, exigiendo la devolución de los fondos recibidos si se confirmara que se había hecho un uso indebido e incluso delictivo" de ellos.

El letrado ha asegurado que Jaume Matas no tiene "ninguna implicación" en el supuesto desvío de dinero del Instituto Nóos, que presidió el duque de Palma, con quien el exmandatario se reunió "por pura cortesía institucional".

En su escrito, el abogado de Matas reproduce el contenido del auto dictado por el juez del caso Palma Arena en la investigación al Instituto Nóos, mediante el cual la Fiscalía Anticorrupción ha practicado esta semana varios registros e interrogatorios en Barcelona.

Explica que entre las entidades que deben ser investigadas en esta operación se encuentran diversos organismos públicos como la Fundación Illesport e Ibartur de Baleares; la Fundación Turismo Valencia, Ciudad de las Artes y las Ciencias, de la Comunidad Valenciana, así como la propia Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya.

El letrado de Matas expone, además, que según "informaciones publicadas" por los medios de comunicación "se ha llegado a decir" que el Instituto Nóos ha desviado fondos obtenidos de las Administraciones Públicas a diversos paraísos fiscales y que otras entidades, como la SGAE, le habrían adjudicado contratos de colaboración.

Los hechos descritos por el juez Castro en su auto, recalca el abogado, "si fueran ciertos son de extraordinaria gravedad, pues los gestores del Instituto Nóos habrían engañado y sorprendido en su buena fe a los responsables políticos" de los gobiernos autonómicos de Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña "y de algunas otras entidades públicas y privadas".

Todo ello para concertar convenios de colaboración "cuya única finalidad -según sostiene el Ministerio Fiscal, aunque sin aportar ninguna prueba- sería apropiarse de los fondos recibidos", añade el escrito.

Cuando fue presidente balear, Matas "dio su visto bueno en términos políticos" a los convenios de colaboración con Nóos "con pleno respeto a la legislación vigente, por más que la Fiscalía lo ponga en duda", añade el abogado.

La defensa de Matas argumenta que dado que los organismos supuestamente perjudicados pertenecen a varias comunidades españolas, la instrucción de la causa no corresponde "en modo alguno" al juzgado de Palma, sino a los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional en aplicación del artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además, alega que el artículo 65.1 de la LOPJ establece que los juzgados centrales de la Audiencia Nacional asumirán la competencia en casos de defraudaciones que causen perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia provincial. 


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