LAS ÚLTIMAS REVELACIONES DEL 'CASO GÜRTEL'

Los testaferros uruguayos de Bárcenas cobran 200 dólares por poner su nombre a empresas fantasma

El matrimonio propietario de Tesedul SA, utilizada por Bárcenas para acogerse a la amnistía fiscal y regularizar su fortuna suiza, es titular de decenas de mercantiles creadas por una trama sudamericana especializada en blanqueo de dinero. La pareja recibe a cambio una pequeña compensación anual.

Lejanos y baratos. Daniel Ángel Pérez Blanco y Cristina González Silvestri, el matrimonio uruguayo que tiene a su nombre Tesedul SA, la empresa utilizada por Luis Bárcenas para regularizar ante Hacienda la fortuna que atesoraba en un banco suizo, son testaferros profesionales que presuntamente llevan dando su nombre a empresas fantasma desde los años 80. Una actividad que, según informes judiciales argentinos a los que ha tenido acceso este diario, les reporta magros beneficios: 200 dólares (146 euros) al año por cada una de las empresas en las que figuren como propietarios. Eso sí, su identidad aparece en decenas de compañías asentadas en Montevideo, según ha podido constatar Vozpópuli en los boletines oficiales de este país y de la vecina Argentina, donde este tipo de personajes reciben el nombre de 'prestanombres'.

Daniel Pérez Blanco y su mujer aparecen como titulares de decenas de empresas desde la década de los 80. Sin embargo, en Uruguay son auténticos desconocidos

Debrol, Hayton Trade, Daforel,Tesslam Corporation, Eurosold, Sevengate, Millez Corporation, Inversora Farring, Monte Dorado, Ralmond Corporation, Estancia Latina, Bolton Group, Inversora Hilster, Unikell, Mirokler y, ahora, Tesedul son sólo algunas de las empresas en las que el matrimonio aparecen como propietarios desde 1986 . Una patrimonio empresarial amplio con el que incluso aspiraron a construir un complejo hotelero de lujo con campo de golf. Y, sin embargo, en Uruguay, donde el pasado viernes la mayoría de los medios de comunicación se hicieron eco de la información de Vozpópuli que desvelaba su identidad, son dos auténticos desconocidos, según confirmaron a este diario periodistas de aquel aquí.

El motivo, que la mayoría de estas mercantiles son, en realidad, empresas fantasmas, sin actividad real, utilizadas supuestamente para el blanqueo de capitales o el cobro de comisiones por ciudadanos de otros países, como sospecha la justicia argentina. La pareja, incluso, figura como responsable de Linaje del Sur SA y Altos del Golf Company SA, dos empresas registradas en Panamá, otro conocido paraíso fiscal en el que, precisamente, Bárcenas tenía domiciliada la fundación Sinequanon con la que abrió en 2005 en Suiza la cuenta donde llegó a acumular 22 millones de pesetas.

Informes del Gobierno argentino, a los que ha tenido acceso este diario, destacan que Pérez Blanco y González Silvestri son en realidad personajes de paja de una organización asentada en Montevideo dedicada a crear este tipo de empresas para que ciudadanos de otros países las adquieran y creen con ellas tramas empresariales que dificulten a la Justicia seguir el rastro del dinero. Estos mismos documentos, señalan que en algunas ocasiones ni siquiera estos 'prestanombres' saben que su identidad aparece al frente de las empresas y destacan el caso de una octogenaria uruguaya que llegó a aparecer en más de sesenta mercantiles como fundadora pese a que sufría una grave enfermedad mental que la imposibilitaba para ello. El informe llega a asegurar que en Uruguay hay una "producción industrial de sociedades dirigidas por testaferros".

Escándalo de armas

En el caso del matrimonio utilizado por Bárcenas, su prolífica cartera de empresas fantasmas ya ha provocado que sus nombres se vean envueltos en varios escándalos de corrupción en Sudamérica, entre ellos la investigación por el tráfico ilegal de armas que sentó en el banquillo de los acusados al expresidnete argentino Carlos Menem. Entonces, tres de las empresas que aparecían a nombre de esta pareja --Debrol SA, Hayton Trade SA y Daforel SA-- fueron utilizadas supuestamente para desviar munición y armamento que teóricamente habían sido adquiridos por los gobiernos de Panamá y Venezuela, a dos países que entonces, la década de los noventa, mantenían sendos conflictos bélicos, Ecuador y Croacia. La investigación judicial argentina también reveló que las cuentas de las mercantiles de la pareja sirvieron para que circularan importantes cantidades de dinero para el pago de comisiones en este caso.

Un informe del gobierno argentino asegura que tramas uruguayas han llegado a poner este tipo de compañías a nombre de octagenarios con enfermedades mentales  

La Justicia argentina, sin embargo, nunca llegó a actuar contra Perez Blanco y su esposa, a los que consideraron meros 'empleados' de una red organizada. Sí intentó que fuera interrogado el presunto jefe de ellos, un contable uruguayo llamado Roberto Blankleder, al que consideraba uno de los supuestos epicentros de creación de este tipo de empresas fantasmas al otro lado del río de la Plata. De hecho, las autoridades de Buenos Aires relacionan a otras mercantiles similares presuntamente fundadas a indicación de este personaje en otro escándalo que sacudió el país austral años atrás por el contrabando de grandes cantidades de oro. 

Sin embargo, la existencia de esta trama uruguaya era desconocida en España hasta que el pasado mes de septiembre las autoridades suizas remitieron a la Audiencia Nacional la información sobre la cuenta que Bárcenas poseía en el Dresdner Bank y en la que constaba que Tesedul era la empresa titular de los depósitos en dos entidades financieras helvéticas donde habían sido traspadados en 2009 los fondos de aquella. La documentación remitida por Berna recogía el nombre de la mercantil, pero no la identidad de sus teóricos propietarios. Sin embargo el propio el exsenador conservador lo facilitó el pasado mes de septiembre a la Agencia Tributaria cuando, sabedor de que el banco helvético iba a facilitar sus datos a la Justicia españoa, se apresuró a acogerse a la polémica amnistía fiscal.

En el impreso de la declaración complementaria del Impuesto de Sociedades aparecían ambos como titulares al 50% de todas las acciones de la compañía, valoradas en poco más de 93.000 euros. Al lado de sus nombres, el código del país donde residen, 'UY', Uruguay. De este modo, un nuevo paraíso fiscal se sumaba al 'caso Bárcenas' tras Suiza, Panamá e Islas Bermudas, origen de otra empresa instrumental utilizada para mover el dinero. Y todo por algo menos de 150 euros.


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