Nacional

Fernández Díaz dice que los verificadores internacionales no tienen "ninguna legitimidad"

El titular de Interior afirma que el Gobierno ya tiene como verificadores del alto al fuego de ETA, a la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los presos de la banda se muestran dispuestos a dar pasos en 'Gara'.

Jorgen Fernández Díaz, ministro del Interior (izda), junto a la presidente de la AVT, María Ángeles Pedraza
Jorgen Fernández Díaz, ministro del Interior (izda), junto a la presidente de la AVT, María Ángeles Pedraza EFE

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado que el Gobierno no reconoce "ninguna legitimidad" a la denominada Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego de ETA.Fernández Díaz ha explicado que los verificadores internacionales han intentado ponerse en contacto con el Gobierno, pero ha sentenciado que el Ejecutivo no les reconoce "ninguna legitimidad". El PSOE, por boca de su secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba,

El ministro ha destacado que el Gobierno no necesita "verificadores internacionales" porque con la Guardia Civil y la Policía ya tiene a sus propios verificadores. "Para derrotar policialmente a ETA nos ha bastado con los cuerpos y fuerzas de seguridad (del Estado) y con ellos mismos tenemos suficiente para verificar si ETA se disuelve", ha declarado a los medios de comunicación antes de participar en el congreso del PP catalán.

No hay negociación

El titular de Interior ha anunciado que el Gobierno rechaza cualquier negociación sobre el desarme de ETA y ha exigido la "disolución incondicional" de la banda terrorista. Fernández Díaz ha afirmado que "el Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni jamás va negociar con ETA. Lo que le exigimos es su disolución incondicional". Además ha concluido que ETA debe dejar de "engañar" a sus presos y decirles la verdad que es que el Gobierno no entrará en ninguna negociación.

Finalmente, sobre la política penitenciaria, ha reiterado que si los presos se desvinculan de la banda, "y en el marco de la ley y sólo en el marco de la ley, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley exige y otorga a los reclusos".

Apoyo desde el PSOE

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha manifestado este sábado que aunque España afronte "una etapa distinta de la política antiterrorista", el Estado "tiene que hacer todo lo posible para culminar la tarea" con la desaparición de la banda armada, asegurando que su formación política "va a estar con el Gobierno de Mariano Rajoy" en dicha labor.

Tras el acto de investidura del socialista José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, Alfredo Pérez Rubalcaba ha explicado a los medios de comunicación que la banda terrorista ETA "abandonó la violencia hace unos meses", pero aunque "estamos en una etapa distinta de la política antiterrorista", lo cierto es que "ETA sigue existiendo y el Estado tiene que hacer todo lo posible para culminar esa tarea y que ETA deje de existir".

Los presos dispuestos a dar pasos

El colectivo de presos de ETA EPPK ve cuestiones "significativas" en el plan de reinserción anunciado por el Gobierno central y muestra su disposición a "dar pasos" si se abandonan "las presiones y los chantajes", informa Europa Press.

En un comunicado del denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos que publica el diario Gara, advierte de que "cualquier programa que tenga como base el arrepentimiento-delación nace muerto y estéril". No obstante, apunta que, "abandonando las presiones y los chantajes", el EPPK está dispuesto a "dar pasos en la línea de sus últimas declaraciones y a la espera de que se difundan las conclusiones de su debate". El colectivo considera que el plan del Gobierno "no responde a lo que una amplia mayoría de la sociedad vasca le ha pedido: que cambie la política carcelaria y la adecue a la luz de las nuevas oportunidades políticas

Pide que se "desactiven las medidas de excepción y con la dispersión", así como que "se garanticen todos los derechos y empezar a posibilitar la excarcelación de los presos en el marco de las condiciones democráticas". Asimismo, destaca que el programa "nos reconoce como objetivo del sistema penitenciario y como sujeto de derechos globales" y supone, a su entender, un reconocimiento del "fracaso político" de la llamada 'vía Nanclares'.


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