Rocío Carrasco anunció el miércoles que van a pedir la reapertura del caso de malos tratos contra Antonio David Flores ya que tiene nuevas pruebas y testimonios que puede aportar tras la emisión de todos los capítulos del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Un día después de conocerse esto, se ha conocido que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar a nueve funcionarios que accedieron de manera indebida al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, más conocido como VioGén, para fisgonear en el expediente de la hija de Rocío Jurado, según publica 'El País'.

La entrada a este sistema está controlado y no puede hacer uso de él cualquier funcionario, hay que hacerlo registrando una clave de acceso al tratarse de información confidencial. Solo tienen autorización para ver los documentos e informaciones que están en el sistema, determinados profesionales como policías, jueces, personal de Servicios Sociales…

Cuando esto ocurre, cada uno de los que navegan en él quedan registrados en la plataforma, así se descubrió que los mencionados funcionarios entraron indebidamente. Por ello, Interior ha abierto un expediente a estas personas que accedieron sin tener nada que ver con el caso.

Este sistema permite "el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional", según reza el Ministerio del Interior.

El grueso de las entradas se produjo en Valencia y tras emitirse el primer capítulo del documental

Las entradas se localizaron principalmente en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, "aunque no se descarta que haya habido más accesos puntuales desde otros territorios", señala el citado medio.

Interior detectó accesos indebidos a partir del 22 de marzo, cuando se emitió el primer episodio de la docuserie. Cuatro días más tarde, cuando se descubrió que los funcionarios que habían entrado no tenían nada que ver con el caso, la secretaría de Estado de Seguridad les bloqueó el acceso a todo el sistema.

Todo se destapó cuando los trabajadores que habían accedido a los informes de Rocío Carrasco reclamaron que su acceso a VioGén estaba bloqueado.

El pasado 31 de marzo, la Consejería de Justicia de la Generalitat Valenciana abrió un expediente informativo, uno disciplinario e informó a Fiscalía de lo que estaba sucediendo. Entonces comenzó la investigación y se abrieron diligencias en las tres provincias mencionadas.

Todo apunta a que el motivo fue querer cotillear el expediente

Todo parece apuntar, a que la principal motivación que les llevó a entrar en el sistema fue el cotillear el expediente e informes de Rocío Carrasco, quizás para comprobar o contrastar si lo que contaba era verdad o no, pero no midieron las consecuencias si les pillaban haciéndolo.

El ministerio público dispone ahora de seis meses para completar las pesquisas y enviar el asunto al juzgado si considera que existen indicios de delitos. Las diligencias las tramita la sección especializada en delitos informáticos.

Esta situación ha desembocado que estas personas hayan tenido que ser destinadas a "otros servicios".