Un informe de la UCO recoge la existencia de dos transferencias a una sociedad de su presunto testaferro, Miguel Ángel Montero, desde una empresa del comisionista Alberto Portuondo. Los agentes apuntan que fueron el pago por la contratación de tres mercantiles de este último por la entidad financiera durante la presidencia del político.

El único encarcelado por el caso que investiga el origen de la fortuna del exvicepresidente del gobierno fue retribuido generosamente por la entidad financiera entre 2010 y 2012 por su trabajo junto al entonces presidente del banco. Fueron los años en los que ambos presuntamente gestaron el amaño del contrato de publicidad que les permitió repartirse la millonaria comisión que ha puesto contra las cuerdas al político.